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Economía

Las dudas que genera el censo de trabajadores públicos


Los resultados pueden orientar políticas públicas para la prestación del servicio civil.

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La desaprobación del entonces presidente Jimmy Morales, la cantidad de funcionarios sin censar y la falta de publicación del informe del Censo Nacional de Recurso Humano 2017-2018 generaron dudas.

“elPeriódico”, por medio de la Unidad de Información Pública de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), obtuvo dos informes: Principales Resultados Censo Nacional del Recurso Humano 2017-2018 e Informe Final de Validación de los Principales Resultados, los cuales les fueron compartidos en noviembre por la anterior administración del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el primero se menciona que el censo recopiló 309 mil 121 boletas de puestos y con ello fueron censadas 292 mil 753 personas. El marco censal fue realizado por técnicos del INE y la Onsec con información proporcionada por las direcciones de departamentos de Recursos Humanos de las instituciones del Organismo Ejecutivo.

Se realizaron cuatro talleres de trabajo para la integración del marco censal con 328 mil 198 registros, que fueron depurados porque las personas no laboraban en la institución al momento de realizar el operativo de campo del censo, al final se estableció en 322 mil 902 registros (número de puestos que puede tener un servidor público).

En noviembre de 2019, el INE informó que el censo registró a 292 mil 753 servidores públicos en 85 instituciones del Gobierno Central; no se ubicaron 37 mil 944 puestos, pero en una fase de validación se redujo a 5 mil 179. También reportaron más de 20 mil personas que no figuraban en los listados.

APOYO

El Banco Mundial (BM) apoyó en la recolección de datos primarios del censo, para lo cual contrató, mediante una licitación abierta, a la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) para su ejecución en terreno.

Según la oficina del BM en Guatemala, la recolección de datos siguió protocolos de confidencialidad solicitados por el INE, para garantizar que ni el Banco ni Asíes tuvieran acceso a la información consolidada. Cada boleta censal se transmitió instantáneamente a servidores del INE. El BM además administró los fondos donados por la Unión Europea para financiar el censo.

Pablo Hurtado, secretario adjunto de Asíes, dijo que se identifican tres fases en el proceso censal. En la primera se cubrieron siete departamentos y en la segunda al resto.

“Fuimos los encargados de ejecutar la recolección de la información en base a una metodología que fue muy rigurosa. Primero se manejó por medio electrónico con tablet conectadas a Internet, había geoposicionamiento, uno elemento era entrevistar a los servidores en su lugar de trabajo”, dijo.

Hurtado refirió que en una tercera fase, por medio de un mecanismo de llenado en línea, se volvió a hacer el proceso para completar los registros faltantes, donde se redujo a 5 mil casos. “La intervención nuestra fue apoyar con la distribución, se daba un token o código para acceder, se los trasladamos a la instituciones, había como un ‘call center’ para gestión de dudas e inquietudes que tuvieron los funcionarios que lo llenaran”, comentó.

LAS DUDAS

Para el diputado Carlos Barreda, a esa fase de validación no se le puede llamar censo, sería un anexo para que la Contraloría audite. Agregó que independiente de las justificaciones, la información de faltantes se podría cruzar con las bases de datos.

Otro detalle que genera dudas es la temporalidad, ya que los servidores públicos fueron censados en dos periodos, del 11 de julio al 3 de octubre de 2017 y del 20 de agosto a 30 noviembre de 2018, además los listados de la muestra censal corresponden a un periodo anterior.

Para Karin Slowing, exsecretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), debido a que el documento no es público, aún es aventurado hablar sin haber visto cómo diseñaron el censo. “Con el volumen del personal por contrato que tiene el Estado, es delicado pensar que se hizo durante tres periodos distintos. Habría que estar claro en la parte metodológica para entender cómo controlaron duplicaciones, recontratos”, dijo.

Agregó que antes de presentar estos aspectos técnicos y metodológicos, tristemente el expresidente Morales lo descalificó. “La descalificación política que él hizo… si él no lo quería, algo oculta, pero en la realidad hay que diferenciar lo que pudo ser el entorno político en otro bando, de las razones técnicas que podrían haber para que sea un censo no confiable”, resaltó.

Aparte, el Ministerio de Gobernación (Mingob) no permitió el censo en varias de sus dependencias por considerar información sensible.

LECCIONES APRENDIDAS

“El objetivo de un ejercicio estadístico como un censo de servidores públicos debe ser claramente definido, socializado y difundido, para evitar desvirtuar o confundir el ejercicio con otros mecanismos de control, como auditorías de puestos u otros recursos administrativos de control del recurso humano”, según la oficina del BM en Guatemala.

Resaltó que el objetivo del censo siempre fue obtener información detallada y fidedigna para tomar decisiones basadas en evidencia en materia de políticas públicas que solventen los principales problemas de servicio civil; y mejoras y controles en las herramientas de administración del recurso humano.

Para Hurtado, lo valioso es que ya hay un punto de partida, y que se establezca el mecanismo de actualización constante y permanente de los servidores públicos, y luego entrar a la fase propia de políticas del servicio civil.

 

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