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Economía

Acuerdo ministerial referido a medio ambiente crea controversia


Los Colegios Profesionales señalaron inconstitucionalidades en acuerdo del MARN, entre ellas que el Presidente de la República no puede delegar su emisión.

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El Acuerdo Ministerial 204-2019 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que contiene el Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades y su reforma 264-2019, ha causado controversia.

La Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales presentó ayer una acción ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la normativa publicada el 16 de agosto en el diario oficial, con la cual se actualizaron las categorías de impacto ambiental de las actividades productivas e industriales, entre las que se mencionan cultivos y monocultivos.

Las categorías A, B1, B2, y C se establecen en el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (la A es la de mayor impacto y la C el mínimo).

El presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), Ovidio Orellana, dijo que están impugnando la totalidad del acuerdo porque les afecta a todos los colegiados agremiados, porque se incluyen clínicas y oficinas profesionales dentro de ese listado taxativo, pero no dice por qué o cómo afecta o lesiona el ambiente.

También pidieron que se decrete la suspensión provisional del último párrafo del Artículo 18 del Acuerdo Gubernativo 137-2016, Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, emitido el 11 de julio de 2016, reformado por el Artículo 1 del Acuerdo Gubernativo 121-2018, emitido el 9 de julio de 2018, que instruye al MARN para que, por medio del acuerdo ministerial correspondiente, se emita el listado.

Los profesionales señalaron que el Presidente de la República si bien tiene facultad reglamentaria de conformidad con el Artículo 183 inciso e) constitucional, no puede ni podría delegar esa función reglamentaria a un Ministro tal y como lo hizo al emitir dicho párrafo.

Además refirieron que la descripción, emisión y creación de un listado taxativo no está contenido en la Ley Fundamental, ni en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y, si no lo está, ninguna autoridad, a excepción del Congreso de la República de Guatemala, puede crearlo, de donde se advierte la invasión inconstitucional a las funciones y competencia del Congreso por un Ministro.

En desacuerdo

El titular de la Cartera, Alfonso Alonzo, indicó que el listado taxativo está desde 2005 y le parece que este grupo de colegiados profesionales están mal informados y mal asesorados porque han convertido esto en un tema político.

“Es falta de seriedad de que no se sienten con las autoridades a que le expliquemos cómo está el tema”, dijo, y aseguró que se les ha invitado  a las mesas de trabajo.

Según Alonzo, en estas reformas trabajaron más de 2 mil personas de casi todos los sectores de la población, y es un listado moderno y consensuado. Considera que es un grupito que quieren estar al margen de la ley, pero que ya será la CC quien decida si hay alguna inconstitucionalidad.

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), indicó que si se declara inconstitucional se retrocedía porque el MARN y las empresas no tendrían una normativa reciente que establezca la clasificación y cuáles son los pasos a considerar o acciones en un plan de gestión ambiental.

“Significa que las empresas tienen que seguir sus planes ambientales sin tener una base legal que tengan certeza”, dijo Caballeros.

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