Ley de beneficios fiscales para el agro y ganado genera rechazo

Después que el Congreso aprobara la noche del martes exenciones, exoneraciones y reducción de tasas tributarias para el sector agropecuario y ganadero, diferentes sectores anticipan inconstitucionalidades en el decreto y la disminución de los ingresos al fisco.

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), rechazó la aprobación del Decreto 7-2019 ya que crea enormes privilegios fiscales para el sector agropecuario y debilita los ingresos tributarios con la reducción de las tasas impositivas. “Dicha ley es absolutamente inconstitucional”, agregó el empresario, pues se violan los principios de igualdad y equidad tributaria.

Para Eduardo Girón, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), el nuevo régimen anticipa serios problemas tributarios porque se eliminan impuestos y se puede prestar a abusos. Criticó el nuevo decreto por la discrecionalidad y discriminación que genera con otros sectores productivos.

El decreto aprobó el Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario que aplicará a las personas individuales que desarrollen actividades de producción y comercialización en ese sector y que reporten ventas anuales por Q3 millones. Bajo este régimen pagarán cinco por ciento sobre ventas brutas y se relevan de declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Con una enmienda se incluyen en este régimen también a criadores de ganado vacuno, equino, porcino y caprino.

Erick Coyoy, coordinador del Departamento de Investigaciones de Asíes, comentó que el Régimen de Pequeño Contribuyente aplica una tasa del cinco por ciento a quienes tiene ventas anuales menores a Q150 mil, sin embargo, el beneficio que se aprobó para contribuyentes agropecuarios y ganaderos aplicará a quienes tienen ventas por Q250 mil mensuales. “El régimen que aprobó el Congreso no es para pequeños productores agrícolas”, subrayó.

“La aprobación del Decreto 7-2019 es inoportuna e irresponsable del Congreso”, dijo el exministro de Finanzas Edgar Balsells, al cuestionar cómo se alcanzará la meta de ingresos tributarios prevista para 2020 de Q67 millardos si se siguen drenando de esta manera los ingresos.

El decreto también creó un régimen electrónico de pequeños contribuyentes agropecuarios que pagarán una tasa del cuatro por ciento, y establece un plazo de seis meses para que los contribuyentes rectifiquen omisos o pagos vencidos o que estén en fases administrativa o contencioso administrativo, y se faculta al Presidente para que otorgue la exoneración de multas, intereses y recargos en estos casos.

De esa manera la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para llegar a las metas tendrá que enfocarse en una persecución fiscal, agregó Girón.

RUMBO INCIERTO

El sector de comercio hizo un llamado al mandatario Jimmy Morales para que vete el Decreto 7-2019 y que convoque a un diálogo técnico en materia tributaria. Toda la cúpula empresarial deberá realizar un análisis integral para estimar los impactos, anticipó Girón. Los empresarios apoyan un sistema tributario con procedimientos simples, pero en igualdad de condiciones.

La SAT realizará el análisis del decreto hasta que se publique.

La Cámara del Agro indicó que esperan la redacción final de la ley y después emitirán una opinión sobre el decreto aprobado.

“Al nuevo gobierno le corresponderá buscar cómo ampliar la base tributaria”.

Erick Coyoy, director de investigaciones Asíes.