Conflictividad puede colapsar el modelo del sistema eléctrico

Los logros que se alcanzaron con el modelo del sistema eléctrico empiezan a presentar fisuras ante la elevada conflictividad que afronta el sector y que hasta ahora deja pérdidas por Q6.5 millardos al país y que de llegar al peor escenario para 2030 ascenderían a Q157.7 millardos.

El estudio para medir los impactos de la conflictividad social en el modelo del sistema eléctrico elaborado por el Central American Business Intelligence (CABI) compara tres escenarios, con los planes nacionales de expansión de generación y de transmisión para el periodo 2013 a 2030 que realizó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Paulo de León, director del CABI explicó que el país podría haber obtenido cerca de Q130 millones al implementar los planes propuestos, pero lejos de eso ha perdido Q6.5 millardos y se encuentra en el primero de los escenarios, en el que hasta 2030 se pierden Q43.7 millardos.

En este escenario los proyectos de distribución y de transporte de energía se detienen debido a la conflictividad ilegítima. Se han perdido 160 mil empleos, Q3.1 millardos en ingresos para el Estado y cada guatemalteco ha perdido Q7 mil 486.

El país ya empieza a alcanzar el segundo de los escenarios, en el que se suma al anterior la paralización de proyectos de generación. Aquí las pérdidas acumuladas hasta 2030 sumarán Q78.5 millardos, se pierde la oportunidad de crear 692 mil empleos y se dejan de percibir Q5.9 millardos en impuestos.

En el peor de los escenarios, De León indicó que se llega al colapso del sistema, llegando a reportar pérdidas acumuladas por Q157 millardos y el fisco pierde Q15 millardos en ingresos.

La conflictividad también genera otros impactos difíciles de medir como la erosión de la imagen ante los inversionistas, dificultades para el funcionamiento de los flujos de pago y el incremento del riesgo para el sistema bancario.

DAÑOS OCASIONADOS

Maynor Amézquita, vocero de las distribuidoras de Energuate, dio a conocer que debido a los conflictos que se presentan en algunas de las comunidades en las que prestan el servicio, las pérdidas que reportan suman Q370 millones por año. El hurto de energía les ocasiona pérdidas directas por Q203 millones y el no pago de las facturas Q167 millones al año.

En el caso del Plan de Expansión de la Transmisión que se inició en 2010, Rodrigo Ronquillo, gerente de desarrollo sostenible de la empresa Trecsa, que desarrolla el proyecto dijo que el avance logrado es del 52 por ciento del total de 846 kilómetros. La construcción de las líneas y subestaciones en algunos municipios se encuentran detenidas porque no cuentan con el aval municipal, derechos de vía y problemas de conflictividad.

“Los retrasos en los proyectos los pagamos todos”, aseguró De León.

El estudio señala que la ausencia del Estado y la corrupción influyen para elevar la conflictividad.

Mejoras pendientes en el modelo

Aunque los resultados han sido buenos, el modelo actual requiere un rediseño del subsidio de la Tarifa Social que castiga los recursos del INDE, estandarizar la metodología del cobro del alumbrado público y completar las obras del sistema de transporte.