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Economía

IGSS programó Q648.5 millones para pago de servicios externos


Cobertura busca ampliar atención, aunque se reportan denuncias o quejas.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) encontró en la tercerización de servicios un paliativo para ampliar la cobertura médica. Este año se destinaron Q648.5 millones para el pago de servicios bajo el renglón 182 Servicios Médico-sanitarios.

La mayor asignación de recursos en los últimos cinco años se registró en 2017 cuando se destinaron Q654.7 millones, aunque solo se ejecutó el 83.7 por ciento –Q547.9 millones–. En 2014 el presupuesto fue de Q522 millones, de estos se ejecutaron Q488.3 millones.

Los servicios que se prestan van desde laboratorios e imágenes diagnosticadas hasta consultas básicas.

Según el Acuerdo 466 de la Junta Directiva del IGSS, las prestaciones en servicios de los Programas de Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA) se proporciona en consultorios, hospitales y otras unidades médicas propias del Instituto.

Además, tiene contratos con entes externos prestadores de servicios médicos especializados, para brindar otras prestaciones a los derechohabientes, que no cuenta en las unidades. Por ejemplo, ha tenido convenios con el Ministerio de Salud, Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala (Unicar) y Centro Médico Militar, así como con médicos particulares.

La vocera del IGSS, Lucía Dubón, refirió que es una estrategia que permite la Ley Orgánica del Instituto para ampliar la atención a la creciente demanda de afiliados, y que se externalizan servicios médicos de varias maneras.

En el caso de los contratos y convenios bajo el renglón 182, estos son inspeccionados por el Departamento de Supervisión de la Subgerencia de Integridad y Transparencia Administrativa y deben ser supervisados también por la unidad que utiliza esos contratos.

Denuncias

La Contraloría General de Cuentas (CGC), entre 2015 y 2016, en la auditoría anual señaló la falta de supervisión y monitoreo del Seguro Social; servicios vencidos que han tenido prórrogas, pero que estaban desactualizados y no correspondían a las bases de la demanda e incumplimiento de normativas y procedimientos, así como compras fraccionadas.

La oficina del PDH desde 2016 a la fecha ha recibido 106 denuncias contra los servicios contratados. La supervisora de hospitales, Zulma Calderón, refirió que la contratación de servicios lejos de utilizarlos de forma temporal se ha ampliado la cartera.

Médicos y trabajadoras sociales sindicalizadas por la entidad dijeron que ellos han sido testigos de largas esperas o mala atención en los servicios tercerizados. También se quejaron de la fuga de ingresos que significa en lugar de realizar más inversiones para desarrollar más áreas, comprar equipo y mejorar los salarios.

Calderón refirió que hay servicios que el IGSS los adquiere por compra directa y que tienen que llevar el proceso de licitación o cotización, pero debido a que la Ley de Compras y Contrataciones sigue siendo un impedimento, los procesos se atrasan y afectan a pacientes.

Por ejemplo, si las empresas que brindan la atención tienen retrasos de pagos, y los pacientes llaman para pedir cita, se las dan dentro de tres meses. Otra queja es que los mandan a hacerse un examen, pero cuando llegan a la cita a la unidad del IGSS, uno o dos meses después, el resultado no ha sido enviado por la empresa.

Estos servicios podría ser un apoyo para el IGSS, según Calderón, si se establecieran parámetros y líneas de supervisión y control, ya que hay gente que está contenta con el servicio, porque ya no tiene que ir a las unidades o los atienden bien.

Dubón afirmó que a lo interno existen mecanismos para que la situación denunciada sea corregida, inclusive con la suspensión temporal o definitiva del servicio que brinda el proveedor, y que tienen varios casos con acciones de investigación positivas.

Explicó que se está invirtiendo en la ampliación del servicio, para ello tienen previsto realizar nueva infraestructura hospitalaria : dos hospitales en la ciudad de Guatemala; uno en Zacapa; en San Benito, Petén; uno en Cobán, Alta Verapaz;   en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla; en Jutiapa y uno en Coatepeque, Quetzaltenango—.

 

“La Junta Directiva ha rescindido contratos reportados por la Subgerencia de Integridad y Transparencia”.

Lucía Dubón,  vocera del IGSS.

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