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Economía

Cuatro empresas se interesan en la compra de puentes modulares


Dos de las compañías que buscan ser precalificadas participaron en el evento de 2016 que fue anulado.

 

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Cuatro empresas presentaron ayer documentación para el proceso de precalificados en el evento del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) con el que se definirá si se realiza una subasta electrónica inversa para adquirir tres puentes modulares prefabricados y el equipo de lanzado.

Rega, S.A. y Puentes Bailey, dos de las cuatro empresas que entregaron documentación ya habían participado en el evento de octubre de 2016 que fue anulado por el CIV debido a que el precio y plazo de entrega no eran convenientes.

La oferta de Rega, S.A. fue de Q21.1 millones y había sido adjudicada por la junta a cargo del evento publicado en Guatecompras con el número 5019621. En el caso de Puentes Bailey fue descalificada por “no presentar evidencia en la venta de bienes similares a los que se pretende adquirir”.

Además de estas dos compañías, Constructora MG y Construcciones Guerra fueron los otros dos interesados en la precalificación para el evento que convoca la Dirección General de Caminos del CIV.

Esperan resoluciones

Para que se pueda convocar a un evento de subasta electrónica inversa se debe contar con un mínimo de tres empresas precalificadas para participar en la puja.

Según el CIV la junta de precalificación analizará los documentos de los proveedores y se podría emitir una resolución de esa cartera en la segunda semana de mayo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) deberá publicar los precios de referencia para la adquisición de los puentes y el CIV prepara las bases del evento que se podría realizar la última semana del próximo mes.

Con los precios de referencia ya se tiene el trabajo técnico para el precio de arranque de la subasta. Ricardo Barrientos, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), recomendó que se revisen cuidadosamente que las empresas cumplan con los requisitos planteados en las bases de precalificación.

Agregó que además se deben revisar las prohibiciones establecidas en el Artículo 80 de la Ley de Contrataciones entre las que se incluyen que las empresas no hayan otorgado financiamiento electoral o que pertenezcan a algún funcionario del Estado.

 

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