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Economía

«La ley de Competencia es una normativa anticorrupción” Juan Gutiérrez-Rodríguez, experto colombiano en Competencia.


Juan Gutiérrez-Rodríguez, especialista en Economía Política de la Universidad de Oxford, habla sobre la ley de Competencia que se busca aprobar en Guatemala. El experto participó en el seminario Ley de Competencia: Perspectivas y desafíos para el empresario en Guatemala, organizado por la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Alemana y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung.

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Usted señaló que una ley de Competencia limita la colusión en las licitaciones públicas.

– El Estado es un gran consumidor, compra como ninguna otra entidad. Y no sale a la tienda de al lado a comprar, sino que organiza una licitación para encontrar al que ofrezca el mejor producto al mejor precio. Si la ley no existiera, bien pueden ocurrir fraudes por parte de las empresas que le venden al “gran consumidor”.

¿Puede considerarse una ley de Competencia como una normativa anticorrupción?

– Sin duda alguna. En Colombia, en la Ley Anticorrupción se incluyó un artículo que adicionaba la Ley de Competencia, convirtiendo a la colusión en un delito. Es el único acuerdo anticompetitivo que es delito en Colombia.

¿Eso significa que el “gran comprador” debe ser regulado por la normativa?

– Sí, es una opción. El Estado se verá beneficiado si hay una autoridad que caza a los carteles de licitaciones. Pero también se tiene el caso de los funcionarios. Antes en Colombia solo los agentes económicos privados eran objeto de la ley. En 2009, fue reformada la normativa incluyendo a los agentes públicos.

¿Qué opina de que se incluya un “antejuicio” en la propuesta de ley guatemalteca?

– Considero que eso fueros no son buenos, por lo general no terminan bien. No me atrevería a decir que el Superintendente lo deba tener. No es una figura adecuada para el cargo. No estoy seguro de que eso que se están inventando (en Guatemala) sea la solución.

¿Le parecen drásticas las multas estipuladas en la iniciativa 5074?

– Las multas deben ser disuasivas. No hay un “número mágico” a establecer. Ese es el tipo de cosas que Guatemala tendrá que ajustar. En principio, arrancar con lo que dice el anteproyecto (entre el ocho y diez por ciento de los ingresos totales) no está mal. Colombia empezó con infracciones pírricas y tuvo que cambiar la norma, porque las empresas reincidían.

Multas como recurso de funcionamiento para la Superintendencia, ¿qué opina?

– No me imagino a un Superintendente (de Competencia) proyectando el presupuesto del siguiente año, a partir de un número de empresas que debe multar. Entiendo la desconfianza que genera el “incentivo perverso”, pero más grave aún es que por esa regla se asigne un presupuesto sobrio a la Superintendencia, ya que puede autofinanciarse con sanciones económicas.

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