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Economía

Cobran al CHN Q41.92 millones con orden de juez


La decisión judicial es por impago de una deuda que la familia Sarg pelea con la entidad bancaria desde 1957.

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Una resolución del 5 de julio de este año, firmada por Dora Leticia Monroy Hernández, juez de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Coatepeque, Quetzaltenango, pidió que Adolfo Gustavo Barrientos Laparra se convirtiera en interventor judicial del Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Barrientos Laparra ejecutó la orden de la jueza ayer en las instalaciones del CHN y estuvo marcada por el enfrentamiento verbal entre el interventor, la familia demandante y el presidente de la entidad bancaria estatal, Luis Velásquez, quien enfatizó en diferentes ocasiones que no se trataba de una intervención y por tanto seguían operando de manera normal.

“La intervención en un sistema financiero afecta las operaciones y la administración. Y aquí nosotros seguimos tomando las decisiones”, comentó Velásquez.

En cuanto a la llegada nuevamente de Barrientos como interventor, algo que ya ocurrió en 2006, Velásquez lo catalogó normal, como parte de un proceso judicial. Y aclaró que si en determinado momento los tribunales consideran en definitiva que el banco debe pagar lo harán, ya que se tiene la capacidad para hacerlo.

La suma reclamada por los ocho herederos de las familias Sarg Moreno y Palmieri Sarg ascendería a Q41.92 millones. En este sentido, Barrientos declaró que la orden de embargo del banco con carácter de intervención es clara. Aunque aclaró que no administrativamente y sí con el ánimo de rescatar el valor de la deuda que se tiene con la familia Sarg desde hace 59 años. A esto añadió que ya no caben más apelaciones y la obligación del banco es pagar y resarcir.

La Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de un comunicado explicó que la orden judicial es una “medida precautoria” y que ha sido emitida como consecuencia de un proceso promovido por personas particulares contra el CHN. Por tanto, enfatizó que la medida no afecta el funcionamiento de la entidad bancaria y los usuarios podrán seguir con sus operaciones con normalidad y tranquilidad.

El abogado Mario Fuentes Destarac aclaró que como norma general, las entidades estatales no son embargables y una intervención es un embargo. De llegarse a ese caso, añadió que al ser un banco siempre debería ser un proceso liderado por la SIB.

Caso antiguo

El reclamo legal viene desde 1957 y según Herbert Sarg, uno de los herederos, su abuelo ese año constituyó un fideicomiso con el CHN con un gran patrimonio que se perdió por negligencia de la entidad estatal. Su padre comenzó un proceso legal que tras muchas apelaciones llega hasta hoy.

Desde 2004 hay un requerimiento de pago por parte de la justicia, pero diferentes apelaciones han dilatado el proceso. Según el abogado de la familia, Miguel Figueroa, el Banco debería acatar la orden del juez, pero “ellos no quieren pagar y cumplir con la ley.”

En un documento presentado por Figueroa, de febrero de 2006, la SIB afirmaba que el CHN debía realizar una “provisión especial del cien por ciento de dicho monto para cubrir el riesgo que constituye la citada contingencia, conforme lo estipulado en el Artículo 53 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros”.

Malas prácticas del pasado

El banco estatal apenas saldría de su crisis financiera después de un supuesto saqueo durante el gobierno de Alfonso Portillo. Durante esta gestión, hubo un desvío de Q120 millones del Ministerio de la Defensa hacia el CHN. Este dinero habría acabado en cuentas personales de Portillo y otros altos cargos del Ejército.

Durante las audiencias por ese caso, el que era presidente de la entidad en esa época Armando Llort Quiteño, declaró que recibió Q30 millones del expresidente para cubrir sobregiros que tenía el CHN.

En ese mismo caso, el que fuera subgerente de la entidad estatal, Abraham Salomón Molina, también se refirió a ese episodio. Según sus declaraciones, el dinero serviría para cubrir parte de lo sustraído del Ministerio de la Defensa.

Cabe destacar que el CHN es la única entidad financiera cien por ciento del Estado. Desde la entrada del gobierno de Jimmy Morales se han realizado diferentes acciones, como la contratación de seguros en el banco estatal por parte de las diferentes entidades para lograr su fortalecimiento.

Juzgado de Coatepeque

La resolución a favor de la familia Sarg fue emitida por un juzgado de Coatepeque. Fuentes Destarac dijo desconocer la razón, pero comentó que seguramente es porque allí se presentó la demanda, ya que la actividad se realizaba en ese municipio o el crédito se otorgó sobre fincas allí ubicadas.

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