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Economía

Subsidios a vivienda popular con poco impacto


Entre 2012 y 2015 apenas se entregaron 48 mil 800 ayudas cuando el déficit habitacional es de aproximadamente 50 mil viviendas al año.

 

El déficit habitacional crece cada año en 50 mil viviendas, algo que afecta especialmente a la vivienda popular. Entre 2012 y 2015 el Fondo para la Vivienda (Fopavi) apenas otorgó 48 mil 864 subsidios con un desembolso de más de Q1.06 millardos, según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

Pero según el viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) Carlos Barillas hay subsidios aprobados pero sin otorgar a las familias por un valor de Q790 millones. Con lo desembolsado y esa cantidad daría para entregar alrededor de 51 mil 400 ayudas.

Manuel Antonio Aguilar, presidente de Cassa, empresa que se dedica a la construcción de vivienda sostenible, opina que el tema de los subsidios no se ha manejado bien y ha tenido un efecto mínimo en las personas que realmente necesitan una vivienda.

“Hay evidencia de amplia corrupción en Fopavi y en el tema de la construcción gestionada por el Gobierno. Esta tiene un récord abismal de ineficiencia, corrupción, sobrevaloración y mala ejecución. El tema de vivienda se ha caracterizado por falta de voluntad política y avaricia de casi todos los que han tenido mano en el tema”.

Con la poca efectividad del programa está de acuerdo Barillas, al reconocer que “hasta ahora no le hemos hecho ni cosquillas al déficit habitacional” y que se trabajará en hacer más transparente y eficiente el programa para llegar a quienes más los necesitan.

Juan Pablo Estrada, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda (Anacovi), no duda en que hay que destinar más esfuerzos y recursos para dar vivienda a las personas que más lo necesitan, pero cree que para eso primero hay que limpiar y fortalecer el Fopavi por los abusos que se han advertido en ese programa.

Acciones como cobrar anticipos por parte de desarrolladores que luego no terminan y entregan las obras por falta de fondos o por corrupción son un ejemplo.

En lo referente al costo de construcción de la vivienda, en los últimos años se ha mantenido bastante estable con una variación de entre el dos y el tres por ciento debido a la reducción de los precios del petróleo, de la energía y el acero, lo cual contrarrestó el aumento del impuesto al cemento y de los salarios, explicó Estrada.

Otras vías de acción

Se considera vivienda social a aquella que tiene un valor por debajo de los Q250 mil. Pero hay diferentes niveles. En ese sentido, todos los involucrados en el problema concuerdan en que es necesario seguir con los subsidios en el caso de las personas que se encuentran en pobreza o pobreza extrema. Ya que esas personas no están sujetas a crédito de ninguna manera y necesitan una vivienda digna para vivir.

Pero hay un rango de población, que por razones como trabajar en la informalidad, no tienen acceso a crédito bancario aunque tienen la capacidad para pagar una cuota. Esa cifra en el área metropolitana llegaría a las 600 mil personas, al respecto el Gobierno busca continuar con los subsidios, pero también que otras personas tengan acceso a crédito y se autofinancien su casa, dijo Barillas.

“Hay gente que puede pagar una cuota. Por eso estamos buscando dar fondos a los bancos que sirvan como respaldo para que les den los créditos. Que el Estado sea el garante. Eso sería para apartamentos de entre 36 y 40 metros cuadrados con un valor entre Q100 y Q150 mil”, explicó Barillas.

El Estado, según Giovanno Contreras, gerente general de Vivibanco, se caracteriza por ser mal pagador, algo que dificulta ese tipo de acciones. A esto añade que aunque tuvieran buenas intenciones, no cuentan con los recursos para respaldar los créditos.

Por ese motivo, Contreras y Estrada instan al Gobierno a que apruebe una ley de interés preferencial que consiste en que el Estado pagaría la mitad de la tasa de interés, lo que haría que más personas pudieran acceder al crédito.

En lo propuesto por banqueros y constructores se les descontaría de los impuestos que deben pagar los bancos lo que el Estado habría aportado. Esto generaría, según Contreras, más vivienda, trabajo y pago de impuestos, por lo que teniendo en cuenta “nuestros estudios, el Estado nunca perdería dinero porque recibiría más de lo que pondría por otras vías”.

El impuesto que no llega

El Decreto 79-2000 regula que el Impuesto a la Distribución de Cemento debe ir íntegro a programas de vivienda popular. Entre enero de 2012 y mayo de 2016 la SAT recaudó Q659.7 millones, pero esos fondos nunca llegan en su totalidad. En 2015 de Q311.6 millones recaudados, solo se trasladaron Q91 millones con el argumento que faltó publicar el reglamento específico.

“Hasta  ahora no le hemos hecho ni cosquillas al déficit habita-cional del país”.

Juan Pablo Estrada,  Presidente de Anacovi.

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