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Economía

Emisores de tarjetas crearán empresas por nueva regulación


La SIB ha recibido 346 consultas y denuncias de los usuarios por los cambios de la entrada en vigencia de la ley, el pasado 8 de marzo.

 

 

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Las tarjetas de crédito que otorgan establecimientos comerciales y las cooperativas a partir de ahora serán sujetas de la supervisión de las autoridades y las empresas emisoras de tarjetas deberán publicar sus estados financieros.

Así lo explicó ayer José Alejandro Arévalo, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), al dar a conocer que varias de las entidades comerciales que ofrecen tarjetas de crédito crearán empresas emisoras que serán supervisadas, esto alcanza a las cooperativas de ahorro y crédito que ofrecen desde el año pasado este producto financiero.

La Ley de Tarjeta de Crédito que entró en vigencia el pasado 8 de marzo provocará un reacomodo en los participantes de este mercado, indicó Arévalo.

Algunas de las tarjetas comerciales quedarán solo como un producto de afiliación para sus usuarios, mientras que otros emisores tendrán que cumplir con los requisitos que se establecen en la Ley de Bancos y Grupos Financieros para contar con una empresa de emisión de tarjeta de crédito.

Roberto Fuentes, directivo de la Asociación de Emisores de Medios de Pago de Guatemala (AEMPG), comentó que la mayoría de tarjetas de crédito que se emiten están asociadas a una entidad bancaria. Las tarjetas comerciales en el mercado son pocas, explicó.

Consultas

En menos de un mes de vigencia de la ley se han presentado 346 consultas y denuncias con respecto a los convenios de pago, tasas de interés y por transacciones fraudulentas, entre otras. Otro de los cambios es que las empresa emisoras deberán publicar sus estados financieros con la nomenclatura contable.Los usuarios pueden hacer convenios de pago en el momento en que lleguen al límite de sus tarjetas de crédito.

Movimientos sospechosos

>La SIB ha recibido 307 Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) que han generado 29 denuncias que involucran a 250 personas y Q818 millones. El año pasado se recibieron 1,311 RTS y se presentaron 190 denuncias por Q2.3 millardos.

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