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Economía

PGN investiga irregularidades en contrato con TCQ


La entidad además analiza nueve contratos suscritos en el aeropuerto La Aurora, el de la instalación de cámaras de videovigilancia en la zona 18 y el aporte otorgado para los buses del Transurbano.

 

Tras la revisión inicial que realiza la Procuraduría General de la Nación (PGN) al expediente del contrato de usufructo con la empresa española Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), se tienen indicios de que existen irregularidades que podrían llevar a recomendar la lesividad o nulidad del proceso.

María Eugenia Villagrán, jefa de la PGN, dijo que han analizado el caso durante tres semanas y confirmó que el miércoles la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) presentó el expediente del caso. La próxima semana se tendrán las recomendaciones que se entregarán al Presidente de la República, afirmó la procuradora.   Según Villagrán, se investigan las irregularidades que existen y que se ha podido establecer que “no se respetó la Ley de Contrataciones del Estado”, bajo la cual se debió realizar una licitación pública por tratarse de un servicio público.

El exinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) Allan Marroquín utilizó la Ley Orgánica de la EPQ y su reglamento para otorgar el usufructo oneroso por 25 años a la empresa TCQ, subsidiaria de Grup Maritim TCB, única que presentó oferta económica debido a que otras compañías se retiraron porque no se les otorgó la exclusividad para operar en ese puerto.

Villagrán también dijo que se analizan, entre otros aspectos, si el contrato representa competencia desleal ante la EPQ, que presta el mismo servicio y si el interventor (Marroquín) tenía las facultades para suscribir el contrato.

Implicaciones

Para José Antonio Lemus, presidente de la Comisión Portuaria Nacional (CPN), la inconformidad que se ha generado frente a este proyecto que ejecuta TCQ se debe a la forma en que se adjudicó el usufructo, pero resalta la necesidad de construir la terminal, porque la infraestructura actual es insuficiente.

En mayo pasado, el presidente Otto Pérez inició el proceso para levantar las intervenciónes de Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla y el aeropuerto La Aurora. Ahora estas entidades se administran con junta directiva.

Carlos Lainfiesta, presidente de la junta directiva de EPQ, dijo que ha explicado a las autoridades de la CGCN y de la PGN el proceso de adjudicación y argumentó que se trata de una entidad autónoma que se norma por su Ley Orgánica y utiliza un modelo de gestión que le permite generar utilidades anuales.

Para Lainfiesta, la intención de declarar lesivo el contrato afectaría a inversionistas extranjeros y podría generar un litigio con TCQ y sería un caso que Guatemala perdería y la EPQ tendría que indemnizar a la empresa por el monto de la inversión realizada, agregó al recomendar que se analicen bien las acciones que se recomendarán.

La PGN estudia si es posible plantear la lesividad, debido a que esta debe presentarse antes de tres años de la firma del contrato que ocurrió en 2012, pero también podría recomendar la nulidad, agregó Villagrán.

Otros expedientes

La titular de la PGN informó que también analizan cerca de nueve expedientes de contratos adjudicados en el aeropuerto La Aurora, el contrato por las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona 18 que realizó el Ministerio de Gobernación y el aporte de US$35 millones que se dio para el servicio del Transurbano.

Deposito aduanero

Ayer se notificó a la EPQ que se le reconoce como depósito aduanero. Deberá cumplir con la responsabilidad de llevar el control de todas las mercancías que se ingresarán al país y mantener la intercomunicación con la aduana. Además de ser un operador logístico, también será un auxiliar en la función aduanera y contribuir así a que se mejore la recaudación tributaria. La EPQ realizará licitaciones para construir garitas, instalar cámaras y desarrollar el sistema informático que podrían sumar entre Q35 y Q40 millones

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