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Economía

“La eficiencia dará ahorros a los clientes” Juan José Suárez, director general de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ)


Suárez explica el contrato de usufructo firmado con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) que acarrea señalamientos por supuesta lesividad para los intereses del Estado.

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¿Se puede generar competencia desleal con la EPQ?

 

– En el contrato con EPQ se establece que TCQ publicará sus propias tarifas, si llegamos con más tecnología esperamos que esto pueda favorecer con tarifas más bajas, pero la EPQ forzada en una negociación con su sindicato dejó en el contrato que nuestras tarifas no pueden ser menores a las suyas. Entonces pueden ser más altas, pero no podemos cobrar menos. No es normal que te obliguen a tener tarifas mínimas, lo normal es que exista una máxima porque el puerto vela para que no se apliquen tarifas abusivas. Pero así se firmó en el contrato.

 

Nuestro servicio  será más caro porque es mucho mejor, el ahorro para nuestros clientes viene por la eficiencia en la operación, el tiempo que estará un barco en el puerto se reducirá a la mitad.

 

¿Quién negoció el contrato?

 

– El contrato se negoció con el interventor de EPQ y no fue solo nuestra empresa. Se presentaron Hutchison Port; APM Terminals, Manzanillo Internacional Terminal de Panamá; SAAM; Portek Internacional; SSA Internacional y nosotros; pero cuando se presentan las ofertas todos pedimos exclusividad para operar contenedores, es lo mínimo que pedimos para recuperar la inversión, y eso no es posible en Guatemala y por eso no presentaron ofertas los demás. Nosotros decidimos seguir y competir con EPQ.

 

¿Qué condiciones corresponden a la EPQ?

 

– El canon fijo por el área usufructuada que aplica a todos los que están en la EPQ y que son US$0.20 por metro cuadrado al mes, y es una tarifa que se publica y aplica por zonas. Desde que se tomó posesión del terreno estamos pagando US$1 millón anual por un terreno que antes no generaba ingresos a EPQ, se han pagado US$2 millones que es incremento que reporta la EPQ. El otro ingreso que obtiene la EPQ es el canon variable que aplicaría cuando TCQ empiece a operar. En un escenario conservador la EPQ tendría US$131 millones durante el plazo del usufructo. Los sindicatos y el Contralor han dicho que la EPQ podría generar más ingresos por el manejo de contenedores, pero no contabilizan los gastos que tendrían. Además la obra civil que se construye y que sumaría US$145 millones y que desde ahora es propiedad de la EPQ. También los ingresos que llegarían al Estado por el pago de impuestos, empleos y beneficios para la economía guatemalteca. El negocio no es malo ni lesivo para el Estado.

 

¿Cuál es la ejecución financiera y física de la obra?

 

– En la primera fase tiene US$177 millones de inversión que se financian con un préstamo sindicado de US$126.2 millones, en el que IFC aporta US$61.5 millones, un banco holandés que aporta US$25 millones y US$40 millones Banco G&T Continental de Guatemala. Los fondos propios suman US$50.8 millones donde TCQ-TBC aporta US$43 millones e IFC aporta capital accionario. La obra está en la recta final, en cuatro meses empezamos operaciones. Hay 1,200 trabajadores en la obra que es de alta ingeniería; las grúas portacontenedores empiezan a llegar el 31 de agosto, ya se está en la contratación de personal y el proyecto va bien.

 

 

CGCN: puede ser lesividad o nulidad la que aplique

 

 

Hoy concluye la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) el análisis del caso del contrato de usufructo suscrito en 2012 por la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

 

Carlos Mencos, contralor general, explicó que el análisis determinará si se pide la lesividad o la nulidad del contrato. La CGCN argumenta que el Artículo 95 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que no se puede concesionar ningún bien que genere utilidades al Estado.

 

“En este caso, no se otorga la EPQ, pero se instalará una empresa a la par, lo que afectará las utilidades que puede generar la EPQ y además dispondrán de la infraestructura que se ha desarrollado en el área y van a operar con los clientes que tiene la EPQ, con lo que esta perderá una parte de las utilidades que tiene”, afirmó Mencos.

 

El Contralor también explicó que el plazo para declarar la lesividad es de tres años, pero el convenio firmado establece que es a partir de la entrega del área, situación que ocurrió en 2013.

 

En el caso de la lesividad es el Gabinete de ministros el que lo declara y en la nulidad, es la Procuraduría General de la Nación (PGN) la que solicita al Ejecutivo el permiso para trasladarlo a un tribunal de lo contencioso administrativo.

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