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Economía

Presentan Iniciativa de ley para controlar el gasto del Estado


Reformas a Guatecompras y prohibiciones para contratar a financistas de partidos políticos entre las modificaciones.

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Con una propuesta de 42 artículos se busca reformar la Ley de Compras y Contrataciones del Estado para fortalecer la auditoría en los procesos de adquisición y arrendamiento que se realizan con recursos públicos y reducir la corrupción y discrecionalidad en el gasto.

 

La propuesta alcanzaría la fiscalización en los recursos que se manejan en fideicomisos, las ONG´s y abarca las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos y cualquier forma de adquisición pública.

 

La mesa de trabajo del Congreso para la reforma de la Ley de Contrataciones entregó ayer la iniciativa que se elaboró con propuestas técnicas presentadas por 90 entidades de la sociedad civil.

 

Subasta inversa

 

La iniciativa fortalece la herramienta de compras Guatecompras al establecerlo como el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que permitirá darle seguimiento a los procesos en todas las fases hasta la liquidación.

 

El artículo 25 de la iniciativa establece la modalidad de subasta inversa con la que se persigue que los oferentes presenten sus propuestas de forma electrónica, pública y en tiempo real para que la entidad logre contratar a la postura que se presente con el precio más bajo.

 

Los precios de referencia para las contrataciones los deberá publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE), que a criterio de César Sigüenza, representante de la Fundación 2020, se necesita fortalecer sus sistemas estadísticos y de precios.

 

Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana (AC), explicó que en algunas ocasiones se elaboran las bases de licitación de forma específica para que solo un proveedor pueda cumplir los requisitos, pero en procesos de compras anteriores se ha comprobado que es posible reducir hasta en 50 por ciento el precio al ampliar la participación a más oferentes.

 

Prohibiciones

 

La iniciativa reforma el Artículo 80 para incluir entre las prohibiciones para concursar o realizar contratos con el Estado a los funcionarios y empleados públicos, sus cónyuges y parientes dentro de los grados de Ley durante el tiempo que ocupe el cargo.

 

Además se incluye a “quienes hayan financiado organizaciones políticas o campaña electoral en el proceso electoral inmediato anterior al periodo presidencial o legislatura en curso”.

 

De acuerdo con Ricardo Barrientos, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la iniciativa responde al informe de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala acerca del financiamiento de los partidos políticos.

 

Más reformas

 

El tema de la conformación de las juntas de cotización, licitación o calificación también se incluye en la iniciativa para establecer las atribuciones y responsabilidades de los integrantes. Barrientos agregó que el caso IGSS-Pisa, -también revelado por la Cicig- es un ejemplo de los mecanismos que se utilizan para integrar las juntas.

 

Otros de los aspectos de la iniciativa es el fortalecer la Dirección Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado, la creación del Registro General de Adquisiciones, y la figura de pacto colusorio con la que se sancionaría a los oferentes que pacten precios o limiten la libre competencia.

 

El diputado Álvaro González Ricci, integrante de la mesa, indicó que la iniciativa pretende reducir el número de compras por excepción ya que cerca del 94 por ciento de los concursos utilizan esta modalidad.

 

 

Acuerdo contra la corrupción

 

El Congreso conformó en junio pasado cuatro mesas de trabajo para atender las demandas sociales de combatir la corrupción. La diputada Nineth Montenegro, presidió la mesa de reformas a la legislación de compras y contrataciones públicas que ayer presentó la iniciativa que deberá ser conocida en el pleno y de acuerdo con el compromiso del Legislativo aprobarse de urgencia nacional (105 votos).

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