El abogado y notario Álvaro del Cid, habló sobre la importancia que ha cobrado el tema de empresa y derechos humanos en el país.

¿Cuál es el papel que tiene la empresa respecto a los derechos humanos?
– Hace 10 años se generan estos principios rectores sobre empresa y derechos humanos. Se reconoce que si bien el Estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos, las empresas también tienen la responsabilidad de velar porque se respeten.
Lo más destacado para las empresas es actuar con la debida diligencia, y esto significa ver que las actividades que realizan no propicien violaciones de derechos humanos o no incurran de alguna manera en alguna violación, sino al contrario, verificar que en todos los ámbitos de la empresa se respeten.

Desde su experiencia ¿qué tanto se cumple en el país y se reconocen los derechos humanos en las empresas?
– Como sociedad es un reto porque los derechos humanos a veces nos cuesta dimensionarlos. Hay muchos mitos sobre los derechos humanos, a veces negativos y que es muy fácil replicar y hasta construir argumentos. En Guatemala el tema de empresa y derechos humanos ha avanzado bastante en los últimos 10 años. Las principales gremiales tienen políticas de cumplimiento de derechos humanos, y es un efecto de cascada, empiezan por las grandes cámaras, luego a las gremiales y luego hacia las empresas.

Existen empresas importantes que son proveedoras de transnacionales y se ven en la necesidad de cumplir estos estándares porque sus clientes afuera se los piden o porque las fuentes de financiamiento en el exterior se los pide para ser competitivos, para ser elegibles, para hacer negocio fuera de la frontera.

En Guatemala hay grandes empresas de sectores del agro, industria, bebidas, podríamos decir de unas 30 a 40 empresas que ya tienen este tipo de políticas gremiales.

En el caso del derecho laboral, el derecho de la empresa, y los derechos de los pueblos indígenas, ¿en qué consiste esta relación?
– En Latinoamérica quizá las áreas donde más se identifica ese vínculo entre empresa y derechos humanos son, principalmente, en lo laboral. Es el área común que tienen las empresas, pero luego está el tema de pueblos indígenas y el ambiental.

Esto ocurre porque hay grandes empresas que tienen proyectos de aprovechamiento de recursos naturales, que frecuentemente tienen que ver con tierras o territorios donde están asentadas las comunidades de pueblos indígenas.

¿Qué recomendaciones daría a las empresas para que apliquen buenas prácticas en el ámbito de derechos humanos?
– Las recomendaciones serían dos, englobadas en empresa y derechos humanos. Uno es buscar e implementar mecanismos o herramientas que garanticen el cumplimiento, hacer un diagnóstico y política propias de cumplimiento, abocarse a sus gremiales, a sus cámaras o buscar asesoría para desarrollarlos.

Hacia el otro lado, conflictos que tienen a veces los proyectos, que pueda tener algún tipo de reclamo en materia de derechos humanos. Allí el consejo es buscar asesoría especializada en derechos humanos, no afrontar este tipo de reclamo desde perspectivas que eran válidas hace 25 años, antes de la entrada en vigencia del Convenio 169.

La jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca (indicó) que este tipo de casos hay que entenderlos y discutirlos desde la perspectiva de derechos humanos. Una empresa tiene que entender cuáles son las implicaciones de derechos humanos, de sus actividades y discutir si está cumpliendo o no desde esa perspectiva. No necesariamente desde cuestiones formalistas de si el amparo cumple o no cumple con requisitos, sino una discusión de fondo, es decir, tengo o no tengo que hacer consulta en este tipo de caso, qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuáles son las estándares internacionales aplicables, y sin afectar derechos humanos llevar una discusión muy balanceada.

¿Cuándo se habla o trata de hacer una consulta?
– En Guatemala, dentro de los pueblos indígenas, en derechos humanos, se encuentra el derecho a ser consultados cuando se va a desarrollar algún proyecto que aproveche sus recursos, que los pueda afectar. Es algo que viene desde 1996 cuando se aprobó y ratificó en Guatemala el Convenio 169 de la OIT, que está vigente desde entonces, hablamos de 25 años… Como sociedad, como sociedad política y jurídica, no estábamos preparados en ese tiempo y eso generó mucha reacción. Durante estos 25 años ha llevado un proceso de adaptación y de inserción de la normativa.

La Corte de Constitucionalidad ha sido fundamental para que este proceso ocurra y a través de sus fallos, sentencias en varios casos ha dado la pauta de cómo se debe implementar este tipo de consulta y ha generado polémica.

Hoy, tenemos un panorama si no de plena certeza, porque todavía hay unas áreas difíciles, sí tenemos claridad de que el derecho a la consulta existe, de que los derechos de los pueblos existen y son derechos humanos y se rigen, no solo por las normas locales sino por estándares internacionales, convenios y declaraciones en la materia que son tratados intencionales.

¿Cómo se debe hacer una consulta?
– No es algo que esté regulado o no hay como un manual o una hoja de ruta específica de cómo debe hacerse, no hay procedimiento de pasos a seguir, sino más bien qué estándares se tienen que cumplir, es decir qué principios debe tener la consulta. Por ejemplo, si debe ser previa o reparadora, esa es una condición, que debe ser informada a la comunidad, debe ser libre, basada en una diálogo intercultural, en un diálogo de doble vía, orientada a consensos, no quiere decir que la comunidad tenga como un derecho de votar sobre un sí o no a un proyecto, sino más bien el sentido es que la empresa o el proyecto que quiera desarrollar informe a través del Estado.

¿En qué situaciones se puede implementar la consulta?
Hay dos grandes ámbitos que establece el Convenio 169, uno es cuando van a realizar actividades dentro de las comunidades que puedan generar una afectación a los recursos naturales o dentro de las tierras, o cuando van a afectar los derechos.