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Domingo

Los desastres no son naturales


Las amenazas climáticas, una población e infraestructura vulnerable, sumado a una gestión ambiental y territorial deficiente, son factores determinantes para construir el riesgo de desastres.

La aldea completa de Quejá, en San Cristóbal Verapaz, muestra un cuadro de desolación. Fue una de las comunidades más golpeadas por la tormenta Eta, al punto que el lugar fue declarado camposanto, ante la imposibilidad de continuar con la recuperación de más cuerpos.

Una vez más, una catástrofe enluta al país. El recuento de los daños a nivel nacional, hasta el pasado 11 de noviembre, ha dejado un saldo de 46 fallecidos, 96 desaparecidos, más de 700 mil damnificados, así como daños en miles de viviendas y en la infraestructura de casi todo el territorio. 

“Se ha sobrepasado la capacidad de respuesta nacional”, afirmó Óscar Cossio, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), al explicar la urgencia del llamado de ayuda a la comunidad internacional, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Guatemala es un territorio sometido a múltiples amenazas de origen natural como huracanes, inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas, sismos, debido a su posición geográfica, geológica y tectónica. Estamos ubicados entre dos océanos, en la ruta de los huracanes y tormentas tropicales del Caribe. A este escenario se unen las amenazas propias del hombre vinculadas a su proceso de desarrollo, usos y ocupación del suelo, producción, industria y procesos no planificados de urbanización. 

Esteban BIBA > AFP

Para 2016, el país se ubicaba en el cuarto lugar entre los más vulnerables del mundo, de acuerdo con el Índice Mundial de Riesgo de Desastres. Esto dentro de un listado de 171 naciones, elaborado con 28 indicadores individuales, vinculados a cinco amenazas naturales: sismos, huracanes, inundaciones, deslizamientos y aumento del nivel del mar, de acuerdo con el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres Guatemala 2018-2022” (1).

A esta vulnerabilidad natural y humana, se suma que el riesgo pareciera avanzar más rápido que las soluciones, como lo describe oportunamente la geóloga y especialista Gisela Gellert, quien con cierta ironía asevera que este es tema que solo sale a luz por un interés meramente coyuntural, luego de eventos de gran magnitud. Pareciera entonces que se camina de “desastre en desastre”, cada vez con mayor frecuencia e impacto; y que el próximo evento, aún lejos, será responsabilidad de las futuras autoridades.

Tres expertos en el tema comparten qué se está haciendo mal y cuáles deberían ser las rutas para que los desastres no sigan tomando desprevenidos a los guatemaltecos. 

Fenómenos, el detonador

Hace más de 20 años que se viene hablando de gestión de riesgo de desastres, en lugar de prevención y mitigación, afirma Gellert. Y no se trata de terminologías, sino más bien de la necesidad de comprender las causas reales de los desastres y la magnitud de sus impactos. 

Carlos ALONZO > AFP

El huracán Mitch en 1998, el Stan en 2005, el Agatha en 2010, el volcán de Fuego en 2018, son solo algunas de las catástrofes más recientes. Para Gellert cada uno de estos, y otros, demuestran que los fenómenos naturales son solo el detonador para que ocurra un desastre, puesto que los escenarios de riesgo se predisponen. Es decir, se fabrican socialmente y están vinculados a las deficiencias en el desarrollo del país y sus regiones. 

“La vulnerabilidad aumenta frente a las amenazas”, afirma. Así vemos cómo la deforestación deja desprotegidas las montañas, laderas, planicies, riberas de ríos y mares. La ubicación de poblados en terrenos de alto riesgo de deslizamientos, la acumulación de basura en cuerpos de agua y drenajes; la expansión de los monocultivos, el desvío de ríos y la mala construcción de infraestructura como carreteras y puentes, son parte de la problemática. 

“Somos constructores de escenarios de creciente riesgo, donde se refuerzan factores de vulnerabilidad y amenazas. Esto como resultado de un desarrollo malogrado, excluyente con una gestión ambiental y territorial altamente deficiente, donde el interés privado predomina sobre el bien común”, resume. 

Un cuento de hadas 

Guatemala ha adoptado dos hojas de ruta como marco ante la gestión de riesgo. A nivel global está adscrita al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (MSRR). A partir de esto se crea el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres Guatemala 2018-2022”

Según Gellert, en sus objetivos este plan contiene un discurso muy válido respecto al abordaje del riesgo; pero contrasta tremendamente con la realidad de Guatemala y su desenvolvimiento político, social y ambiental. “Realmente es un cuento de hadas en sus objetivos y prioridades”, afirma. 

Ricardo Berganza trabaja en un programa regional de respuesta ante desastres y de asistencia técnica en gestión de riesgos. Considera que el problema es que “no estamos aprendiendo las lecciones, y como sociedad no tenemos un Estado con la capacidad para generar políticas públicas para reducir riesgos existentes y evitar la generación de futuros desastres”, afirma. 

Cuando se le cuestiona qué se está haciendo mal respecto a la prevención, retoma el valor de las tareas de respuesta ante emergencias y desastres. “A las instituciones que hacen respuesta, como la SE-Conred, Bomberos, Ejército, les atribuimos funciones de prevención que en realidad no les corresponden”, aclara. 

El experto separa la prevención en dos tipos: gestión prospectiva: relacionada con políticas públicas, ordenamiento territorial, regulación de actividades generadoras de riesgo desde el gobierno central y municipalidades. 

Mientras que la gestión correctiva se enfoca en reducir el riesgo existente. Construcciones en laderas inestables. En este punto, reconoce que no se está haciendo nada. Por ejemplo, los códigos de construcción no tienen efecto retroactivo. “Este tipo de gestión no le corresponde a las instituciones de respuesta, tampoco el riesgo a futuro”, aclara. 

De allí que la gestión de riesgo tiene estrecha relación con el modelo de desarrollo de un país y con la regulación e intervención del Estado. “No se puede hacer gestión de riesgo en una economía en donde todo mundo hace lo que se le viene en gana”, sostiene Berganza. 

Estructura no funciona

Erwin Garzona es sociólogo y experto en gestión de riesgos. Actualmente es representante para Centroamérica del servicio mundial de iglesias en Estados Unidos (CWS). A su parecer, desde la creación de Conred en 1996, el término que lleva su nombre: “reducción de desastres”, implica un cambio en el paradigma de trabajo para abordar no solo las tareas de respuesta, sino también la mitigación de riesgos. 

En tal sentido, se remite a los marcos legales en donde la gestión de Conred responde a un sistema escalonado: nacional, departamental, municipal y local. Pero en la práctica no existe dicha estructura. Esto porque alcaldes y gobernadores no asumen estas tareas. 

La prevención toma en cuenta tres niveles: estructural, relacionado con construcciones y ordenamiento territorial; las políticas (incluye varias instituciones) y la creación de capacidades en la población. “Si las personas no conocen su situación de vulnerabilidad, no tomarán medidas para protegerse”, afirma Garzona. De esa cuenta, en vez de reducir, se reproduce el riesgo, debido a que se carece de un proceso de aprendizaje por parte del Estado o de la sociedad para que no se repita. 

A pesar de este escenario de nubarrones, hay lecciones aprendidas. Este fue el caso del cantón Panabaj, en Santiago Atitlán, en donde unas 150 casas quedaron soterradas por el huracán Stan en 2005. A partir de este desastre, la comunidad se organiza y logra acuerdos importantes con la alcaldía, Conred, ONG y el presidente Óscar Berger. 

En  2006 fueron ubicados en otro terreno, en la entrada de Santiago Atitlán con un nuevo nombre: Chucumuc. Ahora tienen una coordinadora local y este es un ejemplo de cómo se aprendió de un desastre para reducir riesgos. En este caso hubo acompañamiento de organizaciones, pero también liderazgo local activo y comprometido que vinculó a distintos sectores: jóvenes y ancianos. “Fue un proceso construido socialmente”. Sin embargo, Berganza conoce de familias que han regresado a vivir a Panabaj. 

Ciertamente, abundan los malos ejemplos en contraste con los casos positivos. Entre estos Cambray II, Santa María Ixtahuacán, Senahú y Carreché en Chisec; Nueva Concepción en Escuintla y otras más en donde los dictámenes de Conred no son vinculantes y las soluciones tampoco llegan.

Pérdidas en infraestructura 

Los daños en infraestructura por Eta contabilizan hasta el momento casi 22 mil viviendas dañadas, 133 carreteras afectadas, 11 destruidas, 13 edificios afectados, 238 escuelas, 18 puentes destruidos y 23 afectados. 

De acuerdo con Gellert, a partir de la entrega de la obra pública a empresas privadas, resulta cada vez más claro que los beneficios en la construcción de riesgos en proyectos de infraestructura son privados, pero las pérdidas y daños se socializan. 

Los últimos inviernos han demostrado que nuestra infraestructura, construida en años recientes, se pierde fácilmente por mala calidad. Esto no solamente pone en riesgo a la infraestructura misma por su alta vulnerabilidad frente a las amenazas del invierno, sino que su construcción implica además la creación de nuevos riesgos, como derrumbes o inundaciones. “La obra pública en manos privadas solamente logra ser sostenible y segura si el Estado es capaz de imponer regulaciones y mecanismos de control efectivos, respaldados por disposiciones legales”, dice la experta.

Por ejemplo, cita un esfuerzo de Segeplan en 2010 cuando se publicaron una guía y un marco normativo de gestión de riesgo para proyectos de inversión pública segura. Se realizaron talleres de capacitación, SE-Conred emitió una normativa con criterios técnicos mínimos para obras nuevas o reparación de obras existentes. “¿Y cómo estamos ahora?”, pregunta Gellert.

Una sociedad vulnerable

Según Garzona, parte de las soluciones residen en que funcione el sistema Conred en todos sus niveles y que tenga inversión real por medio de políticas, planes, y capacidad de respuesta por medio de comunidades organizadas. 

Berganza no es optimista. Dibuja tres grandes tendencias como lo son el cambio climático, la urbanización y especialmente el modelo económico de acumulación neoliberal que no pone límites al poder de los grupos empresariales. “Vemos mucho poder concentrado en pocas manos, poca democracia para que la gente se involucre, mientras el ambiente se deteriora”, señala. 

En este momento el principal reto es la reconstrucción. Organizar y hacer efectiva la ayuda humanitaria para la población damnificada, dice Gellert. Esta asistencia no solo debe tomar en cuenta plazos, sino también planes, coordinación y enfoques. 

“Lograr transformaciones reales a través de la recuperación y reconstrucción no es cosa fácil si se trata de comunidades altamente vulnerables y con deficiencias de desarrollo históricamente acumuladas. Pero ningún proceso posdesastre en Guatemala de los últimos años, ni siquiera ha intentado orientar sus acciones hacia el objetivo de lograr comunidades y medios de vida más seguras, más resilientes que antes de la tragedia”, sostiene.

Hasta el pasado jueves, la organización Oxfam había monitoreado que 78 aldeas están incomunicadas, con más de 33 mil personas con graves problemas para acceder al agua, alimentos y servicios básicos debido a Eta. Las imágenes de los donantes y algunos medios muestran el derrumbe del cerro Los Chorros. La ayuda llega, pero no hay forma de trasladarla por la carretera. Los pobladores sortean una ruta improvisada cada uno con un enorme mecapal de alimentos a sus espaldas.

(1)Índice del Instituto para el Medio Ambiente y la Seguridad Humana de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-EHS) y Bündnis Entwicklung Hilft.

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