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Domingo

Acuerdos de Tercer País Seguro con países centroamericanos son un fraude de ley


La táctica de la administración Trump para aislar a los migrantes de América Central que solicitan asilo o refugio dio un giro discordante en julio de 2019, durante el cual negoció un acuerdo de Tercer País Seguro con Guatemala, haciéndolo llamar Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA). El acuerdo estipula que los migrantes que pasan por Guatemala en ruta a los Estados Unidos primero deben solicitar asilo en Guatemala, lo que esencialmente hace que los migrantes centroamericanos sean incapaces de buscar protección en los Estados Unidos. Desde entonces, la administración ha organizado acuerdos similares con El Salvador y Honduras, intentando designar como países “seguros” que sufren violencia, pobreza y persecución.

El objetivo es claro: Estados Unidos quiere evadir su deber de proteger a los inmigrantes indocumentados que ingresan a su territorio. La Convención de la ONU sobre los Refugiados de 1951 amplió las calificaciones para solicitar asilo, designando como refugiado a cualquier persona “que no quiera o no pueda regresar a su país de origen debido al temor fundado de ser perseguido por razones de raza, nacionalidad, religión, membresía de un grupo particular, u opinión política”. La violencia y la persecución en curso en América Central,  aumentó de 150 mil en 2011 a 417 mil en 2015 el flujo de migrantes. Los acuerdos de “Tercer País Seguro” sirven como una táctica para negar la entrada al creciente grupo de migrantes, la mayoría de los cuales buscan los Estados Unidos como su destino final.

El acuerdo, lejos de ser constitucional, es una explotación del derecho internacional de los refugiados. La Convención sobre los Refugiados de 1951 estipula que ningún país miembro puede devolver legalmente a un solicitante de asilo al país de su origen, lo que deja abierta la posibilidad de dirigir a los migrantes a países que no sean su origen. El acuerdo de “Tercer País Seguro” de los
EE. UU. capitaliza esta brecha para liberarse de la responsabilidad de procesar solicitudes de los migrantes centroamericanos. Aprovecha efectivamente a países como Guatemala, que dependen de la ayuda económica de los Estados Unidos, y transfiere la responsabilidad de proporcionar asilo a esos países.

A pesar de este hecho, el acuerdo en su forma actual está claramente en discordia con los protocolos de refugiados establecidos. Un principio fundamental de los protocolos de refugiados de 2004, es el principio de no devolución, que establece que “nadie debe expulsar o devolver (devolver) a un refugiado contra su voluntad a un territorio donde teme ser amenazado con la vida o la libertad”. Dado que una proporción sustancial de los migrantes que buscan a los EE. UU. fueron víctimas de persecución en Guatemala, El Salvador y Honduras, un acuerdo de “Tercer País Seguro” con los mismos, no es más que la expulsión de los migrantes a los mismos lugares de donde huyen. Es difícil comprender cómo esa política sería coherente con el principio de no devolución, y mucho menos con los derechos humanos en general.

Lo más cínico es la presunción de que Guatemala, El Salvador y Honduras pueden servir como “Tercer País Seguro” viables. La Directiva sobre procedimientos de asilo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dicta que un “Tercer País Seguro” debe ser uno en el que la vida y la libertad no estén amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo en particular. De hecho, los tres países designados como “seguros” por Trump son víctimas de violencia de las pandillas, particularmente contra grupos vulnerables, mujeres y los grupos LGBTQ; El Salvador tiene la tasa de homicidios más alta del mundo, con Honduras y Guatemala en tercer y noveno lugar respectivamente. Para empeorar las cosas, ninguno de estos países tiene los recursos económicos y administrativos para coordinar a los miles de migrantes que serían puestos en sus manos. En 2018, Guatemala procesó solo 262 solicitudes de refugio con los ocho miembros del personal que tenía disponible; la idea de que los migrantes encontrarían un refugio seguro en un país con un sistema de asilo tan subdesarrollado es pura falacia.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala reconoció legítimamente los absurdos del Acuerdo, imponiendo un mandato temporal que impide que el Acuerdo sea ratificado. La administración Trump respondió con crecientes amenazas de aranceles, sanciones económicas e impuestos sobre remesas en el país, lo que obligó efectivamente a Guatemala a someterse a los términos de los
EE. UU. Hasta marzo, un total de 789 migrantes han sido devueltos, de los cuales más de 300 eran niños. La repatriación ha continuado a pesar de la actual pandemia de COVID-19: la Administración Trump ha llegado incluso a amenazar con firmar un memorando para suspender el procesamiento de visas para países que retrasan la repatriación. Como resultado, los migrantes que carecían de registros médicos fueron enviados a bordo de aviones a Guatemala a pesar del grado sustancial de riesgo para la salud que enfrentan durante la detención y para los países receptores.

Todo esto arroja luz sobre la necesidad de reevaluar áreas del derecho internacional de los refugiados que, sin saberlo, sirven como base para la aprobación de políticas migratorias corruptas. Los acuerdos migratorios con Centroamérica inevitablemente actuarán como un precedente para futuras negociaciones y decisiones políticas en torno a los refugiados. Para salvaguardar el derecho de los migrantes a buscar protección, la comunidad internacional debe cerrar la brecha evidente en el derecho de los refugiados a contar con un verdadero “Tercer País Seguro”. La ley en su forma actual debe aclarar las circunstancias que justifican las negociaciones de dicho Acuerdo y establecer estándares rigurosos que los países deben cumplir para actuar como un “Tercer País Seguro”. El último revés propinado al ACA por un  juez federal del distrito de Washington D.C.; Timothy J. Kelly argumenta suficientemente que dicho acuerdo violó la Ley de Inmigración y Asilo.

Más importante aún, las naciones miembros que cumplen con los protocolos de refugiados deben redirigir su atención para abordar las causas que provocan un aumento en la migración. Los factores principales incluyen la hostilidad contra minorías y grupos vulnerables, falta de oportunidades económicas, cuyos efectos se filtran para afectar a las generaciones futuras. Ampliar el acceso a una educación de calidad y dedicar recursos a la rehabilitación de los delincuentes juveniles puede ayudar a iniciar un cambio sostenible hacia la cohesión de la comunidad. Con la restauración de la estabilidad sociopolítica en América Central, se producirá una reducción del volumen de migrantes.

*Angela Jisoo Jang es estudiante de Columbia University, New York.

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María Elena Vega lleva más de una década dedicada a los estudios mesoamericanos. Es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de México, Unam, en donde también trabaja. Aparte de la docencia, se ha enfocado en la investigación. Su área de especialidad es la cultura maya prehispánica, así como la escritura jeroglífica maya. Actualmente es parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la Unam. Se encuentra en Guatemala para dar una conferencia hoy: La guerra y la expansión política de Dos Pilas durante el siglo XVIII. La charla inicia a las 19:00 horas. En el Museo Popol Vuh. Más información en redes.



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