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Domingo

Buscando la nueva normalidad después del COVID-19: Más allá de la reactivación económica


Observatorio Económico Sostenible de la Universidad del Valle de Guatemala, OES-UVG.

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La pandemia del COVID-19 nos enfrenta a un reto económico y social muy complejo que, como toda crisis, ofrece también oportunidades para construir una “nueva normalidad” que mejore nuestra situación previa de país. Ante una crisis de esta naturaleza, la recomendación estándar de política económica es hacer política fiscal y monetaria expansiva relacionada con un mayor gasto público. Esto plantea la pregunta ¿qué tipo de gasto debiera hacer el gobierno para que la reactivación económica logre mejorar no solo variables macroeconómicas como el crecimiento del PIB, sino también dimensiones importantes en las que el país era deficiente antes de la crisis? Presentamos aquí propuestas de gasto que mejoren la salud, la competitividad y el medio ambiente de Guatemala, junto a una reflexión sobre el rol, la eficiencia y el financiamiento del Estado. Un informe más completo puede verse en https://www.uvg.edu.gt/investigacion/oes/.

Salud y Seguridad Alimentaria

El COVID-19 ha resaltado la importancia de los sistemas públicos de salud para enfrentar emergencias. El gasto público en salud del país es de apenas un 2.4 por ciento del PIB cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un seis por ciento. Esta subinversión se ha traducido en una cobertura que solo alcanza al 25 por ciento de la población total y en tener la menor cantidad de camas por persona de toda Latinoamérica (junto a Haití). La recuperación económica debiera considerar un fuerte aumento inmediato del gasto en salud pública (uno por ciento del PIB) con el plan de alcanzar la recomendación de la OMS en el mediano plazo (un aumento adicional de un 2.6 por ciento del PIB en cinco años). Dicho gasto debiese priorizar el primer nivel de atención que tiene un enfoque preventivo y el desarrollo de capital humano e infraestructura.

Otro aspecto importante que ha resaltado la crisis actual es la mala nutrición de la población. La obesidad y sobrepeso, que inciden sobre la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT tales como cáncer y diabetes), llevan a tasas de letalidad hasta 10 veces más altas que en personas sanas. Hoy, casi la mitad de la población mayor a 19 años está en riesgo de padecer estas enfermedades. Irónicamente en Guatemala el sobrepeso coexiste con la desnutrición, lo que provoca un conjunto de problemas de salud, productividad, y bienestar. Antes de la pandemia, 3.1 millones de guatemaltecos consumían insuficiente comida y estaban en situación de inseguridad alimentaria aguda. Con la pandemia este cuadro empeorará considerablemente.

La reactivación económica debiera aumentar el gasto en intervenciones de nutrición. En particular, en la promoción y protección de la lactancia materna; alimentación de la mujer embarazada; suplementación con vitaminas y minerales a menores de cinco años; y en sistemas de información, monitoreo y alerta de seguridad alimentaria y nutricional para identificar a las familias y comunidades en riesgo. También se debe aumentar el gasto en prevención de sobrepeso, obesidad y en implementar estrategias de vacunación, tamizaje y detección temprana de cáncer.

Competitividad

La crisis económica actual ha resaltado la importancia de una economía competitiva que permita una reactivación vigorosa. Las falencias del país en esta materia son varias: 1) problemas de cobertura y calidad de educación con una cobertura del nivel primario menor al 40 por ciento y un gasto en educación casi la mitad del promedio regional; 2) una gran brecha digital con solo el 40por ciento de la población con conexión a Internet; 3) estructuras legales anticuadas para fomentar la competitividad incluyendo la ausencia de una ley de competencia; 4) la informalidad, con un 70 por ciento de la población ocupada laborando de manera informal; y 5) la débil relación existente entre la academia y la industria, con poca aplicación de la investigación al mejoramiento de las industrias.

La reactivación económica debe considerar los siguientes elementos: 1) un aumento inmediato considerable del gasto en educación (uno por ciento del PIB) con el plan de alcanzar el promedio regional en el mediano plazo (aumento adicional de un 1.8 por ciento del PIB en cinco años); 2) inversiones que expandan la cobertura y aceleren la velocidad de Internet, y fomenten la adopción de herramientas digitales; 3) exenciones tributarias u otros beneficios por inversión en investigación y desarrollo (I+D), mejorando las leyes de propiedad intelectual y de protección a inversionistas y facilitando los procesos de formación de nuevas empresas; 4) facilitar trámites administrativos laborales reduciendo la dificultad y costo de contratación y despido y simplificar el esquema de impuestos; y 5) fomento de mecanismos para que las universidades provean servicios de I+D al sector privado y la creación de clusters universidad-industria en sectores clave para estimular el crecimiento económico y la competitividad.

Medio Ambiente

La urgencia de reactivar la economía presenta el riesgo de un impacto ambiental considerable si seguimos los patrones de producción y consumo actuales. Antes de la crisis, las crecientes demandas por energía, tierra, agua y otros recursos naturales ya provocaban un deterioro sin precedentes de la naturaleza a todo nivel, llevando a deforestación, pérdida masiva de biodiversidad, y cambio climático. Estos problemas tienen el potencial de reducir la producción agrícola, el acceso al agua, comprometer la salud de los humanos y aumentar los conflictos, la pobreza y las migraciones. Por ello, la única opción viable a largo plazo para reactivar la economía es priorizando el cuidado de los servicios ambientales que sustentan la productividad de nuestra sociedad.

El COVID-19 ha resaltado la importancia de un servicio de agua confiable y de la protección de la biodiversidad. El agua es base de los protocolos de higiene y de la reactivación económica misma al participar en el 70 por ciento de las actividades que conforman el PIB nacional. La reactivación económica debe promover una mejor gestión del agua en el país, incluyendo inversiones para recargar el agua subterránea en áreas urbanas y para construir plantas para limpiar el agua que ensuciamos. Por otro lado, el surgimiento de enfermedades infecciosas como COVID-19 pueden explicarse en buena medida por la pérdida de la biodiversidad cuando el humano interviene en hábitats silvestres. La reactivación económica debiera aumentar el gasto en protección de la biodiversidad, entendiéndola como un seguro contra enfermedades infecciosas y una fuente de bienestar para los guatemaltecos.

La pandemia actual ha mostrado la capacidad de individuos, empresas, comunidades y gobiernos de hacer cambios y sacrificios importantes en el corto plazo para cuidar la salud de la población. Los cambios y sacrificios requeridos para cuidar nuestro entorno se justifican porque una naturaleza saludable resulta en una sociedad saludable. La actual crisis brinda la oportunidad para diseñar una economía circular, con patrones de producción y consumo compatibles con la conservación de la naturaleza y la protección de la vida en el largo plazo.

Rol, tamaño y eficiencia del Estado

Hemos presentado posibles políticas de gasto para que el gobierno use la reactivación económica en mejorar áreas desatendidas del país. Esta propuesta de gasto refleja una visión distinta del rol del Estado de Guatemala al sumar varios puntos del PIB de forma permanente. Este nuevo rol del Estado no desconoce la importancia del sector privado, sino la necesidad de que ambos trabajen para un país próspero como ocurre en países más desarrollados.

El aumento del tamaño del Estado en Guatemala requiere de mayores impuestos y mayor eficiencia del gasto. Más impuestos deben venir al pasar la crisis inmediata junto con un sistema tributario suficiente para recaudar lo necesario, eficiente para minimizar las distorsiones en el sistema económico y equitativo para que quienes tengan más contribuyan más. La mayor eficiencia es fundamental para que el Estado sea capaz de desempeñar su verdadero rol, y requiere de una reforma de 1) la Ley Electoral que incluya la revisión del financiamiento de los partidos políticos; 2) la Ley de Compras y Contrataciones que agilice, modernice y transparente las compras públicas; 3) la Ley de Servicio Civil que establezca una carrera pública basada en la meritocracia; y 4) la Ley de Presupuesto para mejorar la pertinencia del gasto público. No desaprovechemos esta oportunidad para crear una nueva realidad para Guatemala.

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