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Domingo

“Ningún municipio con altos niveles de crimen organizado va a ser próspero”: Manfredo Marroquín


Los alcaldes de 340 corporaciones municipales se preparan para elegir el próximo 25 de enero al futuro presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y su Junta Directiva para el periodo 2020-2022. Tres de ellos: Miguel Ovalle de Salcajá; Jorge Orellana de Guastatoya; y Hugo Sarceño de Puerto Barrios buscan obtener los 170 votos necesarios para ganar esta elección.

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En el marco de esta coyuntura, Manfredo Marroquín, excandidato presidencial de Encuentro por Guatemala (EG) y actualmente director asociado de Acción Ciudadana, analiza las perspectivas a futuro del poder municipal, su fallida alianza con el Poder Ejecutivo y cómo la corrupción y el narcotráfico, sumado a la complicidad de las instituciones del Estado, han terminado por debilitar el desarrollo de cada uno de estos territorios.

¿Cómo observa el pulso para ganar la presidencia de la Anam?

– La Anam como gremio se ha desviado completamente de lo que debería ser una asociación. En los últimos 20 años está siendo utilizada como una plataforma política para buscar alianzas que básicamente buscan cuotas de poder y de acceso a dinero público. Una asociación gremial lo que debe buscar es el fortalecimiento integral de su gremio. Sin embargo, no observo iniciativas para mejorar los servicios públicos municipales, que son una gran deficiencia a nivel nacional y de hecho, constituyen el área más débil de una gestión municipal.

En cambio, tenemos un gremio dedicado a la persecución de fondos públicos, pero sin orientación estratégica para el desarrollo de los territorios. Básicamente es una plataforma que se suma a la politiquería nacional. Considero que la única forma de romper con esto es con un candidato que represente una visión diferente. Sin embargo, tengo la expectativa de que no todo es malo. Hay un candidato que tiene experiencia y que podría proyectarla a nivel nacional, este es Miguel Ovalle, de Salcajá, Quetzaltenango.

Es el candidato que cuenta con el respaldo de Giammattei. 

– Qué bueno, creo que él demostró con buenas prácticas cómo un municipio puede gestionarse con una visión integral de desarrollo, él reúne esas cualidades.

La Anam se ha convertido en una asociación poderosa, con presencia en 36 instituciones del Estado y en la inversión en obras por medio de los Consejos de Desarrollo.

– Sí, pero esas posiciones son aprovechadas por quienes ocupan esos cargos y no para todo el gremio. Hay agenda partidaria o de un cacique. Entonces esa presencia en instituciones se diluye, sin lograr algún impacto en la mejora de la administración pública.

El partido Vamos ganó 29 alcaldías, mientras la UNE obtuvo 106. ¿Considera que esto puede afectar la gobernabilidad del presidente Giammattei?  

– Si el Presidente no toma partido por algún grupo con base en intereses de coyuntura de corto plazo, creo que no. Si existe una visión de desarrollo territorial en donde los alcaldes van a ser actores clave y no hay discriminación, más bien podría ser una fortaleza para la gobernabilidad. Pero si el gobierno de turno empieza a jugar política partidista con los grupos de alcaldes, va a ser todo lo contrario.

Recordemos que los alcaldes son el principal enlace, ante la falta de gobiernos intermedios, en la estructura local. Aquí el gobernador es una figura  decorativa. El enlace con el territorio es el municipio. Gran parte del fracaso de todos los presidentes en los últimos 30 años es no haber logrado construir una agenda de consenso con el gremio de alcaldes, sino que juegan a política marrullera local, buscando recursos para un pequeño grupo. Esto ha conducido a que los mandatarios pierdan sus intenciones de reelegirse.

¿Cuál es su lectura de los principales problemas de las municipalidades?

– Identifico tres. Uno, la falta de dirección estratégica, que debería corresponder a la Anam como gremio. Segundo, el alto nivel de corrupción producto de una institución de control totalmente ineficiente, como la Contraloría General de Cuentas. Por último, la escasa capacidad de administración de los alcaldes, tanto en recursos humanos como financieros.

Esto provoca que la mayoría de municipios no logren generar desarrollo. Lo que hace la mayoría son obras de infraestructura, con dinero fácil de gastar, lo que se convierte en incentivo para la corrupción. Casi nadie invierte con la visión de generar oportunidades de trabajo o atraer inversiones.

¿Esto responde a la escasa formación de los alcaldes electos?

– Se supone que los partidos políticos deberían proveer esa formación; en caso contrario, el Infom, o la Anam. Pero ninguno de los tres. Cuando el alcalde es electo, si tiene compromiso, voluntad y capacidad, sale adelante. Pero la mayoría no, entonces las administraciones son un fracaso.

¿Debería de proponerse un sistema para que los alcaldes no puedan ser reelectos?  

– Sí, puesto que esto ha creado cacicazgos, que son liderazgos negativos, la mayoría con prácticas de corrupción, compra de votos y acceso a recursos. Por eso logran perpetuarse. De hecho, hace varios años propusimos la no reelección de alcaldes y diputados. Creemos que un solo periodo es suficiente, no debería darse una reelección indefinida, sino una reelección con un periodo de por medio.

El gran problema es que en las últimas dos elecciones la compra de votos ha aumentado en forma espantosa. Hoy, el dinero del narcotráfico y la corrupción sumado a que el esquema político del país es tan disperso, permite ganar con una mínima diferencia, comprada.

Si tienes más de 15 partidos políticos participando para ganar una alcaldía, ganas con 2 mil votos. Eso es más fácil de comprar para las mafias. Entonces debería prohibirse la reelección. Se hizo la propuesta en la última reforma electoral, pero lamentablemente no fue recogida. Consideramos que constitucionalmente sí se puede.

Esto provoca altos niveles de ingobernabilidad y poco respaldo popular. 

– Exactamente, vimos casos de alcaldes que lograron elevar la categoría del municipio en el ranquin de Segeplan a los primeros lugares y perdieron la elección. Al preguntarnos qué pasó, hubo candidatos con mucho más dinero de fuentes ilícitas que ganaron. Llegan sin ninguna experiencia a comenzar de cero. Uno de estos casos fue San Jerónimo, Baja Verapaz.

¿Cómo ve el ranquin del PDH que mide el acceso a la información pública municipal? 

– Recuerdo muy bien cuando propusimos Guatecompras en 2004 que hubo una rebelión de la Anam. Ellos no querían ser fiscalizados ni usar la plataforma, bajo el argumento de la autonomía. Entonces, prevalece la cultura política de que si gano la elección, ya no le rindo cuentas a nadie y hago lo que se me da la gana. Esto se da porque no hay suficientes casos que lleven ante la justicia toda la corrupción local, sumado a una Contraloría cómplice.

Ante la falta de una CICIG, ¿cómo ve la propuesta presidencial de una nueva comisión anticorrupción? 

– Me gustaría saber más, pero no se dice nada. He visto demasiados fracasos de esas comisiones. Todas han tenido resultados mediocres, puesto que los que entran al gobierno repiten el mismo modelo, porque no hay interés real de que ese control llegue a su administración. No me extrañaría que sigamos con el mismo o peor modelo fallido.

¿Y qué pasó con la iniciativa de Gobierno Abierto?

– Esta es una iniciativa global donde los países se suman en forma voluntaria. El problema es que está perdiendo fuerza, debido a que los gobiernos la utilizan como propaganda, con pobres resultados. Cada dos años el gobierno debe renovar su agenda por medio de una serie de compromisos, la mayoría ridículos, pues no afectan lo importante.

Según Iván Velásquez, una quinta parte de las alcaldías ganadas en 2019 tenía vínculos con el narcotráfico, ¿qué implicaciones tiene este fenómeno?

– La ineficiencia en el control del gasto de campaña a nivel local, sumado a una Contraloría cómplice ha hecho que los alcaldes se vuelvan poderosos e impunes. Es un proceso que viene creciendo en los últimos 15 a 20 años. Unas 60 alcaldías se quedan cortas, diría que un tercio de los alcaldes están vinculados con delitos como el narcotráfico, crimen organizado, contrabando, tala ilegal, tráfico de personas. Es tanta la miscelánea de ilícitos en Guatemala que son altamente rentables. Entonces esas fuentes ilícitas, procuran tener a sus representantes en el poder mismo, sean alcaldes, diputados y presidentes.

Es un negocio donde simplemente buscan que las autoridades se hagan de la vista gorda, mientras el alcalde impuesto por ellos se dedica a su propia corrupción. Ningún municipio con altos niveles de crimen organizado va a ser próspero. No es sostenible.

¿Qué provoca esta captura del poder generada por la corrupción?  

– Los partidos políticos son entes desechables. Ningún alcalde tiene afinidad con una estructura política partidaria, una vez son electos. Por eso necesitamos medidas como la ley colombiana, “la silla vacía”. Esto consiste que si un partido propone a un candidato vinculado a una estructura del crimen organizado, el partido es corresponsable de los delitos, como organización. De esa cuenta, el partido pierde el escaño ganado en el Legislativo. ¡Cuántas sillas vacías tendríamos en Guatemala!

Presentamos esta propuesta en la Reforma Electoral, pero aquí hay miedo de implementar este tipo de leyes porque todavía el poder lo manejan intereses que no quieren este tipo de cambios.

Ante este escenario, ¿considera que la sociedad civil ha fracasado en esta fiscalización?

– A nivel local hay grupos de ciudadanos activos ejerciendo fiscalización y auditoría social. El problema es que la Contraloría no es aliada de ellos. Entonces la ciudadanía se frustra que toda la fiscalización no resulta en nada, porque se apaña al corrupto. Esto ha desmovilizado la auditoría social.

¿Qué soluciones ve entonces?

– El modelo de Estado de Guatemala es fracasado. Perdió contenido, no tiene agenda para el desarrollo y es anacrónico. Desde el modelo de administración, recursos humanos, financiero, es completamente ineficiente. Es como una empresa en quiebra. Los trabajadores hacen lo que les da la gana y los recursos se gastan en lo que no es importante. Lamentablemente nadie lo quiere ver así. Todos siguen apañando la realidad con falsas expectativas. Cada gobierno prefiere montarse sobre esa estructura fallida, porque trae muchos réditos individuales, pero como país somos un fracaso.

Hoy la mejor apuesta es irse del país. ¿Cómo cambiar esta percepción? con liderazgo político, pero este no habla de los problemas reales, sino de falsas soluciones que no van al corazón del problema.

A nivel de desarrollo territorial, se necesita una visión estratégica, pero de nuevo, se ha perdido. Esta perspectiva la debería dar el Presidente, alineando a todas las instituciones al servicio del gremio: Infom, Anam, Ministerio de Finanzas, Contraloría. Todo eso articulado y funcionando como un engranaje, pero nada de eso ocurre.

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