Jueves 12 DE Diciembre DE 2019
Domingo

Lecciones de Bolivia

Fecha de publicación: 17-11-19
Por: Jaime Barrios Carrillo

Una frase de Miguel Ángel Asturias ilustra los acontecimientos en Bolivia: “Toda obra, cualquiera que sea, literaria, política, científica, debe estar respaldada por una conducta”. Es en el comportamiento de los líderes políticos donde se garantiza la estabilidad democrática. Un sistema democrático es un mecanismo social de toma de decisiones. Funciona cuando hay cultura democrática. 

Hace unas semanas Evo Morales anunció, usando una retórica alarmista, que se estaba fraguando un golpe de Estado en Bolivia. Esto alertó a los sectores de la izquierda y más a la extrema izquierda en América Latina e incluso en Europa. El prestigio de Evo Morales debido a sus exitosas gestiones gubernamentales, sobre todo la primera, le había dado un aura de mandatario eficiente y ético, comprometido con la lucha contra la pobreza, reconocido hasta por el Banco Mundial, y con el medioambiente. 

La denuncia hecha por Evo Morales se quiso encajar en la paráfrasis “Crónica de un golpe anunciado”. Pero, ¿ha sido su renuncia el producto de un golpe de Estado? Morales habla de “golpe cívico”, un concepto inusual que indica que habría componentes que diferenciarían este supuesto golpe del estilo militar o cuartelazo. Es cierto que las sugerencias del Ejército y las fuerzas de seguridad recuerdan la historia negra de Bolivia y del continente con cruentos golpes de militares de derecha aliados o con el apoyo de la Casa Blanca, en el caso boliviano el sangriento golpe del general Luis García Meza en 1980 que inauguró un período dictatorial y de narcocorrupción. García Meza fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Existe una aversión generalizada a los golpes y juntas militares, el más repudiado en el continente y en el mundo es el dado por Augusto Pinochet en Chile, procesado décadas después por corrupto.

Se discute si la renuncia de Evo Morales fue un golpe o lo contrario. El peligro mayor es la polarización de fuerzas sociales y políticas que ponen en peligro la misma institucionalidad democrática. Esta confrontación se refleja en la dicotomía antagónica en toda América Latina entre izquierdas y derechas. La izquierda exacerbada denuncia un golpe militar con apoyo del imperialismo de la Casa Blanca. No ven más que un ataque frontal para sacar a Evo, al que excluyen de toda responsabilidad en la crisis, asustando con el retorno del poder militar fascista y dictatorial. La ultraderecha se regocija por la caída de un “dictador comunista” y quieren ver la restauración de un sistema basado en la desigualdad y el racismo. Llegan a posiciones de cretinismo ideológico cuando afirman que con la renuncia de Evo Morales “se salvó Bolivia del comunismo”. La ultraderecha ha sido conspirativa e históricamente apoyado los golpes de Estado e intervenciones.

Pero el meollo del problema no es de blanco o negro, es decir en el fondo la estabilidad democrática en Bolivia no es cuestión de izquierdas o derechas. Debemos aclarar que más que un golpe anunciado estamos ante la crónica de un fraude ocultado, que se hizo público y que llevó a una indignación nacional que no pudo ser detenida con las fuerzas de seguridad y los grupos de choque del partido del gobierno MAS.

El fraude tiene sus raíces en el 21 de febrero de 2016, cuando se lleva a cabo el plebiscito para permitir o no la tercera candidatura de Evo Morales. Como se sabe el triunfo del No llevó a la desobediencia institucional del Ejecutivo que manipuló a la Corte de Constitucionalidad para una nueva candidatura no permitida en la Constitución. Ahí comenzó el agrietamiento institucional producido por Evo Morales en la democracia en Bolivia.

La clase media rechazó desde 2016 la violación democrática del plebiscito y ahora se sumó a sectores populares, incluso indígenas, que consideraron a Evo Morales como alejado de sus primeras propuestas incluyentes. Grupos de derecha fascistoide y racista vieron la oportunidad de subirse a la cresta de la ola de indignación y rechazo al fraude. Un sector menor que ha participado en las protestas, tienen el ocho por ciento de electores, son los ciudadanos en torno a la candidatura del evangélico fundamentalista Chi Hyun Chung, partidario de la teología de la prosperidad que presupone que ser rico es una bendición divina y ser pobre una elección voluntaria, con sus megaiglesias y sus rituales histérico masivos.

Debe recordarse cómo el Ejecutivo defenestró el año pasado a Katia Uriona, presidenta del Tribunal Electoral, al que siguieron “cambios técnicos” de personal reemplazado por gente afín a Evo Morales. Uriona en su carta de renuncia advirtió una situación de estancamiento en la toma de decisiones, referida a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad. 

Con un Tribunal Electoral controlado, el gobierno pudo influir para cambiar la tendencia en el conteo de los votos de las elecciones realizadas el 20 de octubre, con miras a evitar una segunda vuelta contra el candidato opositor Carlos Mesa del Frente Revolucionario de Izquierda FRI aliado a Comunidad Ciudadana, quien logró unificar sectores de la izquierda descontenta y de la derecha. El escándalo ante la maniobra fue inmediato, llevando a la renuncia irrevocable el 22 de octubre del vicepresidente de la junta electoral boliviana, Antonio Costas, un técnico prestigiado de posición independiente. Lo demás es sabido: movilizaciones promovidas por el candidato Carlos Mesa a las que se sumaron sectores amplios de la población y el liderazgo emergente del empresario ultraconservador Luis Camacho. Supervisión y auditoría de la OEA con un informe inapelable de fraude. Anuncio del presidente Morales de repetición de las elecciones. Pedido de renuncia en las calles. Disturbios, violencia, enfrentamiento. Motín de la Policía. Sugerencia de las fuerzas armadas de que renuncie el mandatario. Renuncia de Morales y exilio. 

Antes de Evo Morales renunciaron muchos altos funcionarios y representantes, por ejemplo las presidencias y vicepresidencias del Congreso y el Senado, lo que produjo un vacío de poder con la solución de elegir como presidenta interina a la opositora y conservadora Jeanine Áñez, a quien le cayó “la guayaba” sin que nunca se lo hubiera imaginado. Áñez comenzó llevando la Biblia y anunciando medidas represivas pero en los últimos días ha buscado un entendimiento con el partido de Evo Morales MAS –Movimiento al Socialismo– para asegurar la estabilidad democrática y la gobernabilidad, al mismo tiempo que ha garantizado que convocará a elecciones. Desde su exilio en México Evo Morales también pide la vía del diálogo. El secretario de la ONU António Guterres ha nombrado un conciliador, Jean Arnault, con gran experiencia en conflictos latinoamericanos.

El diálogo es la salida en Bolivia. El respeto a la Constitución un imperativo. Evo Morales no debe pretender ser candidato. La historia no le negará que realizó exitosas gestiones como presidente. En esencia reordenó la legislación contractual de la explotación de hidrocarburos y minerales que antes era totalmente desfavorable para Bolivia, invirtiendo la proporcionalidad de 80 por ciento a favor del Estado. Con los recursos adquiridos propició reformas educativas y en el sector de salud favorables a la población. Con programas sociales elevó el poder adquisitivo a amplios sectores marginados. Superó el analfabetismo y disminuyó la pobreza. Bolivia, país de mucha población indígena, tuvo por primera vez un presidente aimara de origen campesino. Un gobierno en esencia reformista, lejos del comunismo. 

La gran lección de Bolivia es que ningún fin justifica los medios, que la democracia debe preservarse respetando las leyes, sobre todo la Constitución. Que el combate a la pobreza y la exclusión es necesario y válido. Lo sucedido ratifica la necesaria rotación del liderazgo y la posibilidad no frenada con fraudes de la alternatividad en el poder.

La salida de Evo Morales nos recuerda que más allá de las ideologías y la retórica, los pueblos latinoamericanos quieren paz y progreso. No basta con populismos de izquierda o derecha, la democracia solo puede consolidarse si se respetan los marcos constitucionales y si se logra suministrar bienestar a los ciudadanos, el llamado “Buen vivir”.