Domingo 15 DE Diciembre DE 2019
Domingo

Anatomía electoral

Fecha de publicación: 04-08-19
Por: MARÍA ISABEL CARRASCOSA / SOCIEDAD DE PLUMAS

A una semana de la segunda vuelta electoral, la población tiene en la mira al Tribunal Supremo Electoral. Lo que una vez fue el orgullo de muchos ciudadanos guatemaltecos y que sostuvo nuestro endeble sistema democrático es otra institución más, cuestionada dentro del Estado. El diseño institucional del Tribunal en 1983 y que, posteriormente se incorporó a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, revalorizó el concepto de ciudadano, le devolvió el poder al pueblo que había sufrido de los escándalos electorales en 1970, 1974 y 1982. Sin embargo, esa credibilidad ya no es la misma y, como a cualquier institución, para que permanezca se tiene que ir adaptando a las nuevas circunstancias. Para que podamos, otra vez, sentirnos orgullosos de nuestros procesos electorales vale la pena revisar qué está fallando.

Repensar el diseño de los órganos encargados de la materia electoral no es un ejercicio que solamente los guatemaltecos estemos haciendo y, “aunque mal de muchos es consuelo de tontos”, la región latinoamericana también está sufriendo crisis institucionales electorales y explorando cómo resolverlas. Ese es el caso por ejemplo de: Honduras, Brasil, Argentina y México.

Para muchos la crisis regional se divide en cuatro aspectos fundamentales: 1) la forma en que se eligen a los magistrados del Tribunal. En la mayoría de los países estos magistrados son electos por el Congreso, lo cual vincula a los magistrados con los partidos políticos, que son a quienes, posteriormente, tienen que juzgar y vigilar; 2) transparencia en el conteo de votos, existen serias dudas sobre la contratación de empresas privadas para el conteo y el resguardo de datos, así como la compra de software. Pareciera que estos órganos no han sabido utilizar la tecnología a su favor y han tomado decisiones con criterios muy pobres en términos de tecnología; 3) los partidos políticos han transgredido las normas electorales haciendo campañas que no cumplen con una normativa que en muchos casos es confusa y en otros sumamente complicada de verificar cómo las noticias falsas o el uso de redes sociales y big data; y 4) incapacidad sancionatoria, estos organismos no siempre tienen la jerarquía y la independencia que deberían para poder ser verdaderamente coactivos.

Considero que de estos cuatro problemas se resumen en una concentración de funciones otorgada a personas que están formadas en Derecho, es decir en los Magistrados. Por lo que en definitiva para poder atajar los cuatro problemas generales es necesario pensar en la anatomía del órgano electoral.

El Tribunal Supremo Electoral guatemalteco está conformado por cinco Magistrados Titulares y otros cinco Magistrados Suplentes electos con el voto favorable de 2/3 partes del Congreso de la República, de una nómina de 40 candidatos propuestos por la Comisión Postuladora. No es nuevo para nadie que las Comisiones de Postulación no logran cumplir con su función que es filtrar a los candidatos de tal forma que los mejores sean los que conformen la nómina. Los procesos de selección deben repensarse porque es impensable mantener el esquema de Comisiones de Postulación y, a su vez tenemos que alargar los plazos por los cuales estos magistrados son electos, en el caso de Guatemala su cargo es por seis años, pero si queremos magistrados independientes, la práctica ha demostrado que tenemos que extender estos plazos. Otro aspecto de diseño que es clave para la fortaleza institucional del Tribunal es que la renovación del Tribunal sea escalonada, es decir que no cambien todos de romplón. Esto hace que el proceso de elección sea más fácil de fiscalizar y además genera estabilidad dentro de la institución.

Durante este proceso se ha cuestionado si el Tribunal tiene naturaleza administrativa o judicial. La respuesta a lo anterior está íntimamente ligada al mandato o función del Tribunal. En él se reúnen en la misma entidad a quien fiscaliza el proceso y a quien juzga, pero además también a quien administra el proceso de elección. Lo que ha demostrado ser un desastre. A eso hay que sumarle que en Guatemala el Tribunal no resuelve en última instancia, ni tiene materia privativa en virtud del amparo. Es por eso que los grandes casos en material electoral no fueron resueltos por el TSE sino por la Corte de Constitucionalidad. Repensar el diseño de esta institución es lo que nos permitirá sanar al paciente. Las reformas superficiales que no están enfocadas en resolver los problemas de diseño solo dañan más la credibilidad en el sistema.

Lo primero entonces es separar las funciones, de tal forma que no se reúna en una misma entidad las funciones administrativas, técnicas y logísticas en materia electoral de aquellas relacionadas con el conocimiento y resolución de los asuntos contenciosos electorales y de las llamadas a fiscalizar el proceso. Se debe crear un órgano electoral que asuma las competencias jurisdiccionales, dejando las tareas administrativas, técnicas y logísticas para la celebración de elecciones en un Consejo Nacional de Elecciones y así también crear un ente encargado de la fiscalización. En otras palabras, zapatero a tu zapato.


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