Viernes 23 DE Agosto DE 2019
Domingo

Instituciones fuertes, más empresas sostenibles

Fecha de publicación: 21-07-19
Por: Claudia María Galán / Sociedad de Plumas

El Estado de Derecho y el desarrollo económico tienen una interrelación significativa y se refuerzan mutuamente. Es considerado como la esencia para el desarrollo sostenible de los países.

Un verdadero Estado de Derecho es aquel que protege fundamentalmente: la vida, la libertad y la propiedad. Los países que han podido establecer un marco legal y judicial que haga posibles estos tres elementos, han logrado alcanzar mayor progreso económico mediante la acción del mercado. 

La esfera económica, ha explorado los vínculos entre el derecho y el desarrollo, inclusive una posible relación. Los aportes de la Nueva Economía Institucional, y en particular, desde la óptica del premio Nobel de economía Douglas North, confirman que las instituciones representan las reglas del juego. Son aquellas que estructuran la interacción humana, cuya función primordial es generar confianza y reducir los costos de transacción. 

Desde el multilateralismo, una fuerte institucionalidad también figura como un interés del Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para promover mayor desarrollo en los países a nivel mundial.

En este sentido, han vinculado a las empresas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desde la óptica del ODS 16 que busca paz, justicia e instituciones sólidas, influyendo en el desarrollo económico.

Este objetivo tiene fuertes

vínculos con la lucha contra la corrupción y la promoción del Estado de Derecho, siendo dos factores que preocupan a la ciudadanía a nivel global. En este sentido, las empresas juegan un papel muy importante para coadyuvar en la mejora de las condiciones necesarias para construir instituciones más sólidas.

El Foro Político de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas en inglés), es la principal plataforma de las Naciones Unidas para el seguimiento y el examen de los países en el Desarrollo Sostenible para 2030 a nivel mundial. 

La reunión fue convocada para 2019 por el Consejo Económico y Social (Ecosoc), de las Naciones Unidas, y celebrada durante las últimas dos semanas en la ciudad de Nueva York.

Guatemala presentó la Segunda Revisión Nacional Voluntaria 2019, con los avances realizados por los actores del desarrollo del país en el cumplimiento de las diez Prioridades Nacionales de Desarrollo (PND), establecidas por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).

Es importante resaltar buenas prácticas en otros países, como es el caso de España con avances sustanciales en el ODS 16. Según la Red Española del Pacto Mundial, el 80 por ciento de las empresas del IBEX 35 incluye un compromiso expreso con los ODS en sus informes de sostenibilidad. 

Las empresas españolas han incidido en el fortalecimiento institucional como áreas de acción para el cumplimiento de la Agenda 2030, siendo un objetivo central para la consecución de los restantes.

El ODS 16 no puede ser un objetivo alejado de la realidad empresarial. Todo lo contrario, las empresas son un actor clave para el desarrollo, capaces de crear escenarios de buenas prácticas. 

Muchas compañías operan en países donde los derechos humanos son limitados. Por lo que la sola presencia empresarial puede motivar al cambio con medidas anticorrupción, políticas innovadores de contratación, pasando por el fortalecimiento de los servicios de justicia y el Estado de Derecho. 

La continuidad de una democracia se basa en el respeto de los derechos de propiedad. Tal como sucede en EE. UU, siendo atractivo para la inversión por su estabilidad legal. 

Guatemala lleva un buen camino ya recorrido con bases macroeconómicas muy sólidas. Sin embargo, el reto pendiente es la estabilidad legal. 

Para el nuevo gobierno el compromiso primordial es el fortalecimiento institucional, siendo la base para un mayor desarrollo económico del país. Sin un verdadero Estado de Derecho, no tendremos estabilidad legal, principal garante para la inversión y la generación de empleo productivo.


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