Domingo 16 DE Junio DE 2019
Domingo

Guatemala, 2019: bordeando el rompimiento institucional

Fecha de publicación: 09-06-19
Por: Manolo Vela Castañeda manolo.vela@ibero.mx

Durante la contienda electoral que está por concluir tuvieron lugar una serie de eventos en contra de una candidatura de la oposición guatemalteca que han sido banalizados; pero que revisten una gravedad mucho mayor de la que –a primera vista– tienen.

El descarrilamiento de la candidatura de Thelma Aldana abre la puerta a que, en una próxima contienda electoral, cualquier candidatura que llegue a ser percibida como un desafío al poder de la mafia guatemalteca, pueda ser fácilmente anulada. Es más, la serie de maniobras contra la candidata de oposición, pueden servir de ejemplo para que la mafia guatemalteca, a partir de 2020, pueda actuar de esa misma forma contra otras fuerzas políticas que no acepten concertar bajo sus términos. Si ahora se usó con gran éxito para los intereses del bloque mafioso, ¿por qué no volver a hacer uso de este mecanismo?

Nuestra simpatía o antipatía hacia Thelma Aldana, no debiera cegarnos. No se trata de una querella militante. La serie de movimientos que terminaron con la candidatura de Thelma Aldana van más allá de ella, debieran importarnos a todos. La eliminación de su candidatura deja un precedente nefasto, al que es preciso prestar atención. Fue un ataque alevoso contra los derechos que toda oposición política precisa para llevar adelante su labor.

Para tener un antecedente, es preciso remontarnos a 1963, cuando, temerosos por la candidatura de Juan José Arévalo en las elecciones de presidenciales, liderado por el ministro de la Defensa, Enrique Peralta Azurdia, el Ejército dio un golpe de Estado. En adelante, los gobiernos militares –de 1963 a 1982–, para alinear a los partidos políticos, jugaron con la carta de la inscripción de sus candidaturas. De ese tamaño fue la jugada que la mafia guatemalteca instrumentó. Así como ayer fueron los militares, hoy es la mafia guatemalteca y sus aliados, las élites empresariales, a quienes, con tal de proteger sus intereses, les importa poco llevar el país al despeñadero.

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La coyuntura crítica, el momento decisivo, se halla en agosto de 2017, cuando el Ministerio Público decide iniciar el camino del antejuicio contra el presidente Morales por la forma como el partido que le llevó a la presidencia se financió. La respuesta del Presidente, su defensa, ha provocado un sistemático debilitamiento de los mecanismos de control: en el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Contraloría de Cuentas. Este proceso, cuyo resultado ha sido una presidencia sin contrapesos, preparó el terreno, para el descarrilamiento de la candidatura de Aldana.

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El plan para descarrilar la candidatura de Aldana contemplaba tres procesos: uno, por la compra de un edificio; otro, por la contratación de un consultor internacional; y, el tercero, por la prestación de servicios profesionales docentes. Pero el primero de estos procesos no prosperó.  

Entonces, desde el Ministerio Público se preparó un caso por la contratación de Gustavo Bonilla, ahora decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, que impartió –entre 2014 y 2015- capacitaciones a fiscales. La acusación contra Aldana se basa en que –supuestamente- el docente no se presentó a impartir sus sesiones de clase.  Algo así como que al rector de una universidad le separen del cargo porque un profesor no se presentó a impartir clases. De este tamaño es el caso contra Aldana.

Quien jugó un papel determinante en este proceso fue Consuelo Porras, la Jefa del Ministerio Público. Ella apuró a Melvin Medina, jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos, para que preparara el caso. Pero también, se necesitó de otro punto de apoyo: que un juez tomara el caso y determinara una orden de captura. Y así sucedió. Víctor Manuel Cruz Rivera, el juez décimo de primera instancia penal, aceptó –pronto sabremos a qué precio– ser parte de la jugada política.

En la otra banda, desde la Contraloría, se preparó un caso para atacar el finiquito que amparaba la inscripción como candidata de la exfiscal. Para ello se cuestionó la contratación –por parte del Banco Interamericano de Desarrollo- de un consultor internacional.

Para llevar adelante ambos procesos se violaron procedimientos internos de ambas instituciones: la Contraloría y el Ministerio Público. Fue una manipulación descarada del frágil andamiaje institucional. Y al final, sin haber una sentencia en firme, ni posibilitar el derecho de defensa, se privó de derechos a la persona que lideraba un importante bloque de la oposición guatemalteca.

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En adelante, las otras fuerzas de oposición, guardaron silencio, en espera de que, con el descarrilamiento de la candidatura de Aldana, ellos resultaran favorecidos. Y así, quienes deberían luchar por la democracia, terminaron siendo cómplices de la jugada maestra de las mafias, que ahora, como resultado de todo esto, tienen la mesa de las elecciones servida.

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Las democracias se consolidan, se estancan, se erosionan, o se rompen. El caso guatemalteco es, claramente, un caso de erosión que se halla al borde del rompimiento. La democracia, ese conjunto de reglas que nos lleva a las urnas cada cuatro años, y que ha logrado contener la violencia política, es un bien sumamente frágil. La tarea, tan pronto como ahora, consiste en recuperar los mecanismos de control para la democracia, evitar que continúe su deterioro. La batalla continúa.