Domingo 26 DE Mayo DE 2019
Domingo

La disputa por los archivos

Fecha de publicación: 12-05-19
Por: Manolo Vela Castañeda / manolo.vela@ibero.mx

Entre 2004 y 2005, en las instalaciones del Estado Mayor de la Defensa, se desarrolló una extraña carrera: mientras activistas de la comunidad de derechos humanos se afanaban por proteger el archivo del EMP (Estado Mayor Presidencial); el Servicio de Ayudantía General del Ejército encomendó a unos soldados la tarea de destruir la documentación de ese archivo.

Todos los días, a las 8 de la mañana, activistas de la comunidad de derechos humanos ingresaban a una inmensa galera del Servicio de Ayudantía, donde se hallaban, amontonados, aquí y allá, bolsas y costales con miles de documentos. Dejaban sus cosas por allí, e instalaban una mesa, a la que le ponían un mantel blanco, y encima ajustaban unos trípodes, para colocar las cámaras, y así empezaban la frenética tarea de fotografiar documento tras documento. El trabajo de limpieza, ordenamiento, y clasificación, vendría después, eso pensaban; que, en ese momento, lo que importaba era ganar la carrera a los especialistas del Ejército, que, separados por una malla metálica, se hallaban dentro de la misma galera. En lugar de cámara fotográfica ellos tenían trituradoras de papel, que llenaban todo aquel espacio con su ruido ensordecedor. Dantesca escena, como otras, cotidianas, que ilustra ejemplarmente la interminable batalla por la memoria.

Y así, cada día, al terminar la jornada, mientras unos salían con tarjetas de memoria en las que se hallaban documentos rescatados; otros, los soldados, salían con bolsas de plástico llenas del papel triturado, para incinerarlo, o quién sabe qué.

Entre aquel grupo de especialistas del Ejército se hallaba Reyes Collin Gualip. Años más tarde, en 2011, iba a ser condenado en el primer juicio por la masacre que, en 1982, tuvo lugar en las Dos Erres, Petén. Él había sido parte de aquella infame unidad del Ejército, la patrulla kaibil que, la tarde del 7 de diciembre de 1982, se cansó de matar a más de doscientos hombres, mujeres, niños y ancianos indefensos. Tras su paso por la Escuela de Fuerzas Especiales, muchos años después, él seguía enrolado en la institución militar, fue su premio a tan patriótico servicio a la nación; pero ahora, en 2003, tenía ya un puesto de carácter administrativo, como especialista, cuidando –o, esta vez, destruyendo– archivos que hacían parte del patrimonio de la nación.

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El origen de esa oportunidad, de rescatar el archivo del EMP, se remonta a 2003, cuando, para cumplir con uno de los compromisos de los Acuerdos de Paz, el gobierno decretó la disolución de dicha institución (Acuerdo Gubernativo 711-2003). Allí mismo, se dispuso que el archivo de la institución iba ser llevado al Servicio de Ayudantía, que es la institución que –en el Ejército– se encarga de lo relacionado con archivos.

A partir de allí se generó una disputa legal en contra del artículo que establecía el destino del archivo. Mientras el Ejército insistía en que los papeles debían quedarse en el Servicio de Ayudantía, la comunidad de derechos humanos, demandaba tener acceso a ese fondo documental. De allí la oportunidad que se da, entre 2004 y 2005, para realizar el trabajo de digitalización (las fotos que les conté antes).

En 2006, el Ejército intentó trasladar el archivo del EMP, al archivo del Organismo Judicial (Acuerdo Gubernativo 246-2006), lo que, de nuevo, fue objeto de disputas legales. Hasta que en 2012 se determinó que el archivo del EMP debía pasar al Archivo General de Centro América (Acuerdo Gubernativo 86-2012).

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Y así llegamos al año de 2013 cuando un pequeño equipo empezó con la enorme tarea de limpiar, ordenar, clasificar, digitalizar, y dar acceso al público, a ese archivo. La historia de 2003 volvió a repetirse. Otra vez, los papeles eran sacados de las bolsas y los costales. La diferencia era que, esta vez, los papeles sí iban a pasar por todo el ciclo para asegurar su preservación y su acceso al público.

En el fondo documental del EMP son visibles las marcas de la destrucción que se dio en diversos períodos: de 1988 en adelante, las nóminas donde se registra el pago de salarios, fueron destruidas; hay documentos que se hallan con las esquinas arrancadas, lo que revela que, con todo y grapa, varias hojas fueron removidas; hay oficios que presentan un documento, pero este no aparece por ninguna parte; no están los libros empleados para registrar procesos administrativos regulares, entradas y salidas del personal, por ejemplo; y, para que la intención de ocultar información fuere más clara: toda la documentación –producida y recibida– por la unidad de inteligencia del EMP ha sido destruida. Se trata de la unidad, cuyos mandos y personal, han sido llevados a juicio por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack (1990); y, el asesinato de monseñor Juan José Gerardi (1998). Y a pesar de esto, aún existe información valiosa.

Tal fue el cuidado que, en el Servicio de Ayudantía se tenía por el archivo del EMP, que se les olvidó destruir una orden en la que se encomendaba, a una parte del personal, a detectar y destruir documentos que comprometieran al Ejército, en particular, en torno a cuatro casos: Bámaca, Devine, Gerardi, y Mack. Dicho documento hace parte de este Fondo Documental.

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Más allá de la posibilidad de hallar evidencias que den cuenta de las violaciones a los derechos humanos y de los crímenes cometidos cuando la guerra, el archivo del EMP, es una joya, porque permite entender una serie de dinámicas de poder vinculadas a un órgano del Estado que, en nuestro sistema presidencial, es altamente importante. Desde este fondo documental pueden rastrearse diversas actividades relacionadas con la presidencia, desde el año 1897, que es la fecha del documento más antiguo hallado hasta ahora. Se trata de un libro de descuentos de la Secretaría de Guerra. De la presidencia de Jorge Ubico (1931-1944), por ejemplo, pueden rastrearse, entre otros documentos, las nóminas del Estado Mayor, y del personal vinculado a Casa Presidencial.

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Resulta imperdonable que, ahora, con el afán de obstaculizar importantes procesos judiciales relacionados con la justicia de transición, los trabajos de clasificación de este fondo documental, que es patrimonio de los guatemaltecos, se vean detenidos. Es preciso recordar que, sin archivos, no hay memoria; sin archivos no hay rendición de cuentas de los funcionarios públicos; sin archivos no hay historia. Corresponde a las autoridades el Ministerio de Cultura actuar como funcionarios públicos, y no como lacayos de oscuros intereses.