Viernes 18 DE Octubre DE 2019
Domingo

Proteger el AHPN de esta ofensiva contra la memoria y la justicia

Fecha de publicación: 28-04-19
Por: Manolo Vela Castañeda / manolo.vela@ibero.mx

El martes 5 de julio de 2005 un relámpago estremeció la memoria histórica de Guatemala: personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos dio –por casualidad– con el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN).

En un edificio sin terminar que, en la década de los años ochenta, se pensó como el nuevo Hospital de la Policía, amontonados, con las marcas de moho que deja la humedad, y acompañados de familias de ratas, cucarachas y murciélagos, aquel acervo histórico esperaba a ser descubierto. A ese edificio, periódicamente, desde distintas dependencias de la institución policíaca, eran llevados fardos de documentos, los que eran amontonados aquí y allá, sin orden, ni las mínimas medidas de resguardo. Los alrededores del edificio, que comprendía un predio, servía como un gran estacionamiento de vehículos abandonados.

El archivo está compuesto por 80 millones de documentos, desde donde puede verse la vida institucional de la Policía Nacional (PN), desde su fundación, en 1881, hasta su disolución, en 1997, cuando, como parte de los Acuerdos de Paz, pasó a ser la Policía Nacional Civil (PNC).

Tras el hallazgo, entre la Procuraduría de los Derechos Humanos, la comunidad de derechos humanos, y el apoyo de la cooperación internacional, se creó un equipo que se encargó del largo trabajo de limpieza, ordenamiento y organización; clasificación, digitalización, conservación y acceso. Hasta 2019, apenas un poco más de la cuarta parte del material documental ha sido catalogado.

El presupuesto que permite el funcionamiento del proyecto, proviene de diversos países donantes, y es administrado por el Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición (Pajust), de la oficina en Guatemala del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). A partir de 2009, el encuadre institucional del proyecto del AHPN, incorporado al Archivo General de Centroamérica (AGCA), está a cargo del Ministerio de Cultura.

 

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En 2003, como parte de los Acuerdos de Paz, el Estado Mayor Presidencial (EMP) fue disuelto; sus funciones fueron asumidas a la Secretaría Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS); su archivo fue trasladado al Servicio de Ayudantía del Ejército. Pero en 2012, el archivo del EMP fue trasladado –por orden Presidencial– al AGCA. Allí inicia, ya en 2013, incorporado al proyecto del AHPN, las actividades de ordenamiento documental y archivístico. Hasta 2019, poco más de la mitad del fondo –que comprende 527 metros de documentos–, ha sido clasificado y digitalizado.

 

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Ambos fondos documentales –el de la Policía Nacional y el del Estado Mayor Presidencial– han sido fundamentales para completar los rompecabezas de evidencias que han probado el involucramiento de policías y militares en casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el tiempo de la guerra. El último de estos casos, por el cual fueron condenados –en mayo de 2018– varios oficiales que se hallaron en posiciones de mando en tiempos del presidente Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), fue el juicio por la detención ilegal y violación de Emma Molina Theissen, y la desaparición de su hermano Marco Antonio. En el AHPN se halló documentación con la que se probó la captura de Emma, y su posterior entrega, a miembros de inteligencia militar; hecho que fue el punto de partida de su detención ilegal.

 

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Todo cambió en agosto de 2018, cuando el PNUD, decidió no renovar el contrato de Gustavo Meoño, quien, durante todo este tiempo, había sido el coordinador del proyecto. Al resto del personal le fueron cancelados sus contratos, que, en adelante, pero en un número mínimo, iba a ser recontratados bajo condiciones precarias.

En junio de este año (2019) vence el convenio entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Gobernación, por el cual, el edificio que alberga el acervo documental del AHPN se halla bajo control del proyecto del Archivo y del Ministerio de Cultura. Una de las preocupaciones más apremiantes en este momento es que la extensión de este convenio no se concrete; y, a partir de allí, el Ministerio de Gobernación pretenda hacerse con el control del acervo, negando –de paso– el acceso a la información.

En marzo de 2019, el equipo que tenía a su cargo el fondo documental del Estado Mayor Presidencial fue despedido. Ante ello, a partir de abril, los trabajos de clasificación han sido detenidos; y, no hay quién atienda las solicitudes de información que realizan diversas fiscalías del Ministerio Público, investigadores individuales, o el público en general.

Como decíamos antes, el presupuesto con que el AHPN ha venido funcionando, depende de la cooperación internacional; cuyos recursos se han hecho, desde hace una década, cada vez más escasos. Esta situación hace que, para asegurar la continuidad del proyecto del AHPN, sea preciso que, en el Presupuesto 2020, se incluya una partida presupuestaria. De no ser así, una serie de procesos se verían comprometidos: la continuidad del trabajo de clasificación, la seguridad del acervo, y el servicio de acceso. El presupuesto debería estar acompañado de un compromiso con la continuidad del personal del proyecto que, a lo largo de estos años, ha tenido a su cargo este acervo; lo que es una de las condiciones para atender la calidad del trabajo de clasificación, la seguridad del fondo documental, y el acceso.

 

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Los fondos documentales del Archivo Histórico de la Policía Nacional, y del Estado Mayor Presidencial, constituyen uno de los sitios documentales de memoria histórica más importantes del mundo, nos corresponde, en esta hora, protegerles de esta ofensiva en contra de la memoria y la justicia. Porque sin acceso a los archivos estatales, donde se documenta la acción de los funcionarios públicos, no hay democracia.

 

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El mejor libro –escrito hasta ahora– sobre el Archivo Histórico de la Policía Nacional es Cadáveres de papel. Los archivos de la dictadura en Guatemala (AVANCSO), de Kirsten Weld. La obra está a la venta en Librería Casa del Libro, en Casa de Cervantes: 5a. calle 5-18, zona 1.