Jueves 17 DE Octubre DE 2019
Domingo

¿Cómplices o negligentes?

Fecha de publicación: 28-04-19
Por: Ing. Pedro Cruz Sociedad de Plumas

Recordemos el momento convulso en el que se desarrollaron las elecciones del 2015. Con la intención de prevenir un posible fraude electoral, algunos empresarios decidieron apoyar la fiscalización del evento electoral. La fiscalización de la elección resguarda la voluntad ciudadana y no agrega voto alguno, salvo en un escenario de fraude. Comprendo que el Ministerio Público, liderado por Thelma Aldana, y la CICIG estaban enterados del posible fraude que podría ocurrir, como también pudieron haber estado enterados sobre la incursión del narcotráfico en algunos partidos políticos. Sin embargo, no hicieron nada. ¿Cómplices o negligentes? Cada uno podrá formular su respuesta.

En abril del 2018, tras las conferencias de prensa del Ministerio Público y la CICIG donde mediatizaban el caso, los empresarios involucrados públicamente afirmaron haber apoyado la fiscalización del proceso electoral y se disculparon por cualquier error que se pudiese haber cometido. Desde entonces, se han presentado ante la justicia, y han colaborado con las autoridades en el proceso de averiguación de la verdad. Recordemos que ya en febrero del 2018 la Corte de Constitucionalidad cuestionaba la redacción del Artículo 407”N”, motivando a los órganos jurisdiccionales a determinar si las conductas eran administrativas o penales, señalando la ausencia del verbo “aportar” en torno a donaciones anónimas y exhortando al Congreso a reformar el artículo en cuestión.

Hace unos días se supo que se había logrado un convenio de reparación integral entre cada uno de los empresarios y el Ministerio Público. Sin que implicara asumir culpa, la reparación incluía sufragar los gastos de capacitaciones sobre financiamiento electoral y el fortalecimiento institucional del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, es preocupante cómo la CICIG usurpa funciones exclusivas del Ministerio Público al objetar el acuerdo. Según el Artículo 25 del Código Procesal Penal es el Ministerio Público el único quien debe de calificar la gravedad de la afectación al interés público. ¿Por qué entonces CICIG se sobrepone sobre su mandante?

Por definición según Acuerdo 29-2011 de la CSJ son delitos menos graves los que tienen pena máxima de 5 años ¿Por qué insistir entonces en la magnitud del caso y hacerlo más grave de lo que realmente es? ¿Por qué se genera una vinculación artificial al caso de Construcción y Corrupción para justificar su calificativo como de “Mayor Riesgo”?

El sistema de justicia, de por sí, está colapsado y debemos buscar salidas para descongestionarlo. En Guatemala, como en cualquier parte del mundo, las medidas desjudicializadoras son esenciales para desfogar el sistema y el criterio de oportunidad es una de esas medidas. Lastimosamente, en este caso, la jueza Aifán argumenta las formas y pierde la oportunidad de lograr una resolución trascendental que pudiera generar importantes precedentes en la aplicación de medidas desjudicializadoras.

Existente un interés exagerado de ciertos actores políticos de mantener vivo el caso, justamente por sus efectos en el actual proceso electoral.

Los guatemaltecos queremos que nuestro Estado y la defensa de los procesos democráticos se fortalezcan. Es ahora en las elecciones donde podemos cambiar el rumbo del país.

Necesitamos que los jueces se apeguen al debido proceso, pero que lo hagan en una forma que se privilegie la eficiencia y los derechos humanos de las personas. Necesitamos que los diputados legislen en función de proteger a las personas y a las familias, manteniendo como su fin general el bien común. Necesitamos que el Presidente de la República gobierne con transparencia y rectitud. Pero sobre todo necesitamos que todos los ciudadanos guatemaltecos sean garantes y participen en la construcción del país que todos queremos. Celebremos a quienes se han atrevido a garantizar procesos previos y a quienes han actuado cuando las autoridades obviaron hacerlo.


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