Viernes 19 DE Julio DE 2019
Domingo

Las mujeres que transformaron Sepur Zarco

A tres años de dictarse sentencia, todavía no se concretan las medidas de reparación digna para las víctimas del caso.

Fecha de publicación: 03-03-19
fotografías de Jóse Luis Pos > elPeriódico
Por: Ana Lucía González elPeriódico

La comunidad de Sepur Zarco está de fiesta. Justo hace tres años se dictó la sentencia histórica a favor de sus mujeres: la primera condena por violencia sexual en el país durante el conflicto armado interno.

El pasado 26 de febrero –fecha en que se pide reconocer como el Día de la las Víctimas de Violencia Sexual, Esclavitud Sexual y Doméstica (Iniciativa de ley 5223), como lo dictó la sentencia del caso– la aldea entera lo conmemoró en grande. La celebración dio inicio con una caminata simbólica marcada por el paso de tambores y consignas, continuó con un concierto, el fondo de una marimba y un video conmemorativo que recordó la historia de las 11 abuelas, como se les conoce, que hoy se han convertido en un referente de lucha por la justicia entre su gente.

El día culminó con una ceremonia maya en el interior de la iglesia católica, con la satisfacción de las abuelas de la comunidad y con la oportunidad para reflexionar sobre el valor de la dignidad. Valor que implica plantear al Estado la urgencia de dar continuidad a las medidas reparadoras del caso. Ellas sueñan con un mejor futuro para sus jóvenes.  

 

En el cálido Polochic

Sepur Zarco es una pequeña aldea que forma parte del municipio de El Estor, Izabal, que se integra a la región del valle del Polochic, en el límite con Alta Verapaz. Su nombre en idioma q’eqchi’ significa “lugar de jutes” o “donde los jutes”. Se ubica a 400 kilómetros de distancia de la ciudad capital, si se llega desde El Estor, recorriendo un camino de terracería de más de 80 km. En medio del camino se cruza en ferry por el hermoso río Polochic.

Es un sitio caluroso. Con temperaturas entre los 30 a 35 grados centígrados, con escasa agua, conformado por familias maya q’eqchi’ que en su mayoría no hablan el español. Viven en casas de madera y techo de lámina recubiertos con palma. Por un lado tienen la planta procesadora de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y por el otro, los rodean fincas de palma africana.

El Informe de línea base de Sepur Zarco y comunidades aledañas elaborado en el 2016 por la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM), da cuenta que, junto con las 44 comunidades vecinas, la población ascendía a 15,800 habitantes. Para entonces, Sepur Zarco contaba con la mayoría de población: 1,419 habitantes; alrededor de 250 grupos familiares.  

El cultivo de maíz y frijol es su principal medio de vida; su principal fuente de ingreso es la venta de leña, le sigue la cosecha de maíz y el empleo como jornaleros. El 69.2 por ciento de la población registra ingresos entre Q1 a Q50 diarios. El 25 por ciento tiene cero ingresos. Solo el 0.3 por ciento obtiene por su trabajo más de Q100 diarios.

Los servicios básicos son escasos. Solo el 22.8 por ciento cuenta con energía eléctrica; 57 por ciento con agua entubada; 28 por ciento con telefonía celular y un 75.9 por ciento cuenta con una letrina, de acuerdo con el estudio.

Botín de guerra

Durante los años más cruentos del conflicto armado interno, entre 1982 y 1983, en Sepur Zarco se instaló un destacamento militar con el fin de proteger a los propietarios de las fincas de la región. En ese periodo, los militares desaparecieron a los hombres de la comunidad y dejaron solas a las mujeres, que fueron obligadas a cocinar y lavar la ropa para los soldados del destacamento “con el jabón que ellas mismas compraban” y donde fueron sometidas a una serie de abusos sexuales.

Fue en el 2011 cuando la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM) presentó una querella penal en el Juzgado de Primera Instancia de Puerto Barrios. El caso pasó por distintas etapas pero no fue sino hasta el 26 de febrero de 2016, luego de más de 20 días de debate, cuando el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmín Barrios, condenó al teniente coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón por los delitos contra los deberes de la humanidad en sus formas de violencia sexual, asesinato, tratos humillantes y violencia sexual; junto con el comisionado militar Heriberto Valdez Asig como los responsables de estos vejámenes. Ellos fueron condenados a 120 años de prisión y a 240 años, respectivamente. Además, Reyes fue condenado por el asesinato de Dominga Coc y sus hijas, mientras que Valdez como responsable de la desaparición forzada de siete hombres, esposos de las sobrevivientes.

Sonja Perkic elabora su tesis de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Iberoamericana de México sobre el caso Sepur Zarco. Enfoca su estudio en cómo la violencia sexual contra las mujeres indígenas formó parte del genocidio por parte del Estado. “Tanto por la cantidad de casos, como por la gravedad de los hechos, esto fue resultado de una estrategia planificada y sistematizada. Por eso se les considera crímenes de lesa humanidad, en las formas de esclavitud sexual y doméstica, y porque implicó la responsabilidad del Estado en los rangos más altos de la cadena de mando”, explica. “Sepur Zarco sentó un precedente para Guatemala y otros países en situaciones similares”, añade.

Se sabe que la violencia sexual es un arma de guerra y un botín del cual se sirve el enemigo para dañar en lo más profundo a un grupo. “Buscan humillar a todo un pueblo a través de los cuerpos de las mujeres. El hombre siente vergüenza e impotencia de no poder protegerlas, puesto que significan la continuidad de la vida y valores. Al romperse esto, se daña la identidad y el tejido social”, explica Perkic.

Por una reparación digna  

Como parte de la sentencia, el Tribunal emitió un conjunto de medidas de reparación digna y transformadora. Dos individuales (económicas) y 16 colectivas, entre estas la construcción de un centro de salud tipo A, la construcción de un establecimiento de educación media y continuar con el trámite de legalización de la tierra.

Las muestras de apoyo abundaron el día de la celebración. Contaron con la presencia de delegados de organismos internacionales, instituciones de sociedad civil como MTM y la Asociación Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Unamg) que actuaron como querellantes en el proceso legal, además de representantes de varias instituciones del Estado.

“Para nosotras es importante esta lucha. Sabemos muy bien que es un proceso largo, que a lo mejor no sabemos si vamos a lograr ver la reparación. Queremos dejar algo importante para nuestras hijas, familias y comunidad”, expresa Rosa Tiul. “Somos personas grandes, queremos ver resultado del esfuerzo. Nos damos cuenta que el gobierno nos tiene abandonadas”, agrega María Ba Caal.

Coinciden en que quieren ver mejoras en su comunidad. Les preocupa que la mayoría de los jóvenes, por falta de preparación, trabajen en las fincas. “No tenemos otra fuente de ingresos, aunque quisieran no ir, por necesidad se emplean en la palma”, dice una de ellas.

Por eso quieren que sus hijos estudien, que les construyan un instituto de educación media bilingüe. “Muchas familias no logran que sus hijos se preparen, vivimos muy lejos del pueblo. Salir cada día de aquí implica mucho gasto”, afirman.

Una de las quejas se debe a la muerte de una muchacha de 16 años, de quien se desconocían las causas y fueron impotentes para darle la atención necesaria. Otro de los reclamos es que muchos pobladores padecen de una afección en la piel, sarcopiosis (ácaro de la sarna). Aseguran que esto es causado por una plaga de mosca que se encuentra en la palma, además del aumento de la temperatura. Por eso demandan una “justa” atención en salud.

Les preocupa también el aumento de calor en la comunidad, la pérdida de la milpa por la falta de lluvias, la escasez de agua en la comunidad por los ríos secos y una posible contaminación causada por sus vecinos de la palma africana y la minera.

Las abuelas se despiden con un abrazo fraterno. Se sienten satisfechas. De la estigmatización inicial, hoy se han convertido en lideresas de su comunidad. “Estamos aquí, estamos construyendo paz, somos dignas. Lo que pasó no es culpa nuestra”, afirman. Son un ejemplo de vida al demostrar que el camino para alcanzar la justicia no se detiene.   

La tierra, en el centro del conflicto

Uno de los principales orígenes de la conflictividad social en el valle del Polochic se debe a la histórica disputa de las tierras. La socióloga Laura Hurtado Paz y Paz lo describe en su libro sobre este tema como “el persistente reclamo de tierras por parte de las comunidades q’eqchi’s y la ausencia de respuesta del Estado, o bien, su respuesta sesgada hacia sectores privilegiados por este históricamente”. Registra que el asentamiento de Sepur Zarco se dio en los años 1950, cuando llegan familias provenientes de Senahú, San Pedro Carchá y Cobán, Alta Verapaz; la mayoría huyendo de las condiciones de explotación de las fincas de café y en busca de terrenos donde establecerse en forma autónoma y sembrar su milpa, según testimonios de ancianos.  

Durante el conflicto armado, la tierra se convirtió en el centro de la disputa, indica Hurtado. Alrededor de 1978, los campesinos de toda esta región se movilizan para tomar posesión de sus distintos terrenos y legalizarlos en el entonces Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA). Los finqueros, fueran propietarios o arrendadores, observan con desconfianza la situación y piden el apoyo del ejército. Fue así como se establece un destacamento militar en las zonas de Sepur Zarco y Tinajas en 1982. Así comenzó la represión entre la población y los líderes comunitarios fueron capturados y desaparecidos. Paula Barrios explica que, a la fecha, esta comunidad se encuentra en medio de una propiedad privada y, por esa razón, el Estado no puede implementar algunas de las medidas reparadoras dictadas en la sentencia. No se puede construir sobre terrenos ajenos. Parte de su batalla se ha enfocado en negociar entre los propietarios privados y Fontierras para solventar esta situación, la cual hasta el momento, ha sido infructuosa. “De momento, todas las acciones se encuentran detenidas por la falta de certeza en la propiedad de la tierra y la falta de voluntad política del presidente Jimmy Morales”, señala la dirigente.

Las mujeres de Sepur

Rosa Tiul
Candelaria Maas Sacul
María Ba Caal
Manuela Ba
Felisa Cuc
Vicenta Col Pop
Margarita Chuc Choc
Cecilia Caal
Magdalena Pop
Carmen Xol Ical
Demecia Yat