Jueves 20 DE Junio DE 2019
Domingo

“El cambio climático está haciendo reventar un modelo que no funciona”

Fecha de publicación: 17-02-19
IVÁN AGUILAR, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA CUESTIONA CAPACIDAD DEL GOBIERNO PARA ENFRENTAR CRISIS ANTE LA SEQUÍA.
Por: Ana Lucía González

Las sequías prolongadas, con la consecuente pérdida de cultivos agrícolas y escasez alimentaria para miles de familias en situación de pobreza y pobreza extrema se han convertido en una crisis recurrente en los últimos años.

Esta temporada, la asignación para los programas de seguridad alimentaria será de Q63 millones, cifra que solo alcanzará para atender a unas 126 mil familias, de un estimado de 300 mil afectados por la canícula prolongada, según informó el ministro de Agricultura, Mario Méndez Montenegro.

El drama de esta situación se refleja en el informe: Canícula prolongada, hambre prolongada y extendida para el Corredor Seco de Guatemala, elaborado en el 2018 por 12 organizaciones nacionales e internacionales, en donde, en suma, se revela que la consecuencia de estos sucesos se debe al cambio climático, pero también al abandono del Estado.

Sobre esta realidad y sus repercusiones nos habla Iván Aguilar Sandoval, coordinador humanitario de Oxfam Guatemala y participante en el proyecto.

¿Qué escenario se prevé este año ante la falta de lluvias y en consecuencia de alimentos?

– Estamos enfrentando un deterioro en los medios de vida rurales relacionados con la agricultura. Esto debido a la modificación en los patrones de lluvias asociados al cambio climático. No es algo nuevo. Desde el 2012 a la fecha ha habido problemas en diferentes áreas del país, con variaciones en extensión y severidad.

El evento más fuerte se dio en el 2001 con la crisis alimentaria en Jocotán, Chiquimula. También se dio en los años 2009, 2012, con picos en años críticos como el 2015 y el 2018 de pérdidas generalizadas. Este cambio en la distribución de lluvias está haciendo que los medios de vida basados en la producción de alimentos para consumo familiar en pequeñas áreas de cultivo, sean cada vez más escasos.

Además, los medianos productores en la comunidades afectadas también sufren pérdidas. En consecuencia contratan menos gente o dejan de emplearla, debido a las pérdidas de la cosecha. Hay menos oferta de trabajo. Es decir, por un lado, se pierden los medios de producción de alimentos y, por el otro, se ve afectada la oferta de empleo.

¿Qué sucede con los cultivos tradicionales?

– La producción de café también enfrenta problemas. Desde el 2012, la roya se extendió fuerte y redujo la producción del grano a nivel nacional, e incluso en la región centroamericana. Aparte de que es un problema aún no superado, los precios internacionales del café permanecen bastante bajos. Esto provoca que los grandes productores inviertan menos en mano de obra y presten menos asistencia al cultivo.

Según el informe, el 86.8 por ciento de los hogares estudiados padece inseguridad alimentaria, ¿esto qué implica?

– Se trata de una muestra representativa en 26 municipios en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Retalhuleu, Sololá, Chimaltenango, Baja Verapaz, Jalapa y Chiquimula. Cuando se proyecta ese porcentaje a la población rural de dichos municipios, refleja que un promedio de 250 mil personas requieren de asistencia alimentaria.

En su estudio lograron definir niveles de atención humanitaria.

– Es un ejercicio necesario, sobre todo cuando los recursos son limitados. Primero, debe cubrirse a los hogares en situación de escasez alimentaria severa y luego, si los recursos alcanzan, un segundo grupo, el moderado. Estos dos tipos de hogares son las 250 mil personas que se estimaron en 26 municipios, desde Huehuetenango a Chiquimula.

Con base a esta representatividad, se hizo una extrapolación de datos (con características similares en distintos territorios). Esto permitió determinar que el Corredor Seco se extiende a lo largo de 82 municipios. Si bien el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)  maneja una franja de corredor más estrecha, nuestra proyección usando comunidades en esta franja nos arroja una población con necesidad de asistencia humanitaria de 550 mil personas, es decir, unos 110 mil hogares.

Departamentos como Jutiapa, Santa Rosa, Alta y Baja Verapaz también tuvieron déficit de lluvias y no están incluidos en esta evaluación.

¿Cómo repercute esta escasez de alimentos en las poblaciones?

– En el Corredor Seco se tiene un calendario marcado por la demanda de mano de obra y otro, por el periodo de cosechas. El periodo más crítico de escasez empieza en abril y termina en julio. Esto porque el corte de café y caña (enero a marzo), que son las actividades que generan más empleo temporal para jornaleros, terminan en marzo, entonces la gente se queda sin trabajo e ingresos.

Además, las reservas de granos almacenados del año anterior se van terminando a principios del nuevo año. Es en esta época cuando se incrementan los casos de desnutrición aguda y es aquí cuando el tratamiento requerido para este padecimiento deberían estar disponible. Este consiste en unas barras de ATLC de 500 kilocalorías y lo administra el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Vemos también que el MSPAS no mide a los niños con la frecuencia necesaria. De los dos a los cinco años, el control es escaso y el riesgo es amplio. Hay un subregistro. Solo se llevan controles en los menores de dos años, debido a que la cartera está enfocada en atender los programas de prevención de desnutrición crónica: ventana de los mil días.

En respuesta a esta emergencia, la gente está migrando por hambre.

– Un reportaje en un medio escrito estimó el éxodo de 50 mil familias a lo largo de cuatro meses. Es dramático y refleja esta situación. Lo que queda es irse ante la falta de oportunidades para acceder a lo básico, ante una institucionalidad sin recursos ni capacidad para proteger ni asistir.  

¿Qué sucede con las transferencias del Ministerio de Desarrollo (Mides)?  

– Evaluamos que la cobertura es del 6.2 por ciento. Llega a muy pocas personas y la cantidad de dinero que se transfiere a las familias es reducida con relación a la brecha alimentaria que tienen.

Actualmente el monto es de Q500, son de dos a tres transferencias al año. Hemos insistido en que el monto se debe incrementar y en que sea significativo para la situación de estas familias. El Mides tiene en su diseño que esto es un incentivo para que los niños en edad escolar vayan a la escuela y que los menores de cinco años asistan a los servicios de salud. El problema es que cuando lo categorizamos como incentivo puede ser cualquier cantidad.

Los criterios de selección de familias, algunas veces pueden no ser los mejores, pero en general sí funciona para la mayoría. El asunto es que la cantidad no responde a un diseño más técnico o enfocado a cubrir la brecha concreta: seguridad alimentaria por el impacto climático. Entonces no es efectiva.

La situación demanda un rediseño de las transferencias para que sean una herramienta que responda a la realidad. Un Mides con programas de protección social no puede estar ciego a la realidad de la gente más vulnerable y en situación de pobreza.

Por otro lado, el MAGA también entrega cupones o vales, ¿no debería hacerse un trabajo interinstitucional?

– Sí. Veo complejo que el MAGA realice transferencias, no está preparado. El Mides tiene toda la estructura administrativa y los procedimientos para dar estos servicios, entonces sobre esto se debería montar esta respuesta. Además, hubo denuncias por irregularidades en la entrega de vales para familias afectadas y discrecionalidad, porque no hay criterios claros para definir quién recibe y quién no el apoyo en insumos agrícolas o en alimentos. Falta identificar con mayor precisión y objetividad cuáles son las familias que requieren ayuda.  

¿Cómo evalúa la capacidad de respuesta de las instituciones?

– Es un problema que lleva bastante tiempo, por lo que se debería de disponer de un plan para  atender a las familias más afectadas, pero también con una visión estratégica de largo plazo que permita reconfigurar esos medios de vida, para que las personas o familias más vulnerables tengan otras alternativas de ingresos o sustento. De lo contrario, si no se hace un cambio en la manera de acceder a los alimentos, las dificultades van a permanecer.

Enfrentamos una crisis bastante fuerte en Guatemala y en Centroamérica a raíz de problemas institucionales y políticos. Instituciones públicas como el MAGA, el Mides, el MSPAS, han sufrido un deterioro en la capacidad para prestar servicios. La población no solo enfrenta el impacto en las condiciones de vida, sino que los servicios esenciales son de menor calidad y cobertura. Esto hace que la situación de precariedad sea mayúscula.

Guatemala es uno de los pocos países sin guerra en el mundo, donde la pobreza ha aumentado después de las metas de desarrollo del milenio. La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2015 comparada con las anteriores, evidencia que la situación de acceso a servicios básicos, alimentación, fuentes de empleo, en lugar de mejorar, se deteriora. Esto se relaciona con cuestiones estructurales.

¿Es que los planes están más enfocados en el interés político que en resolver la problemática social?

– El manejo del dinero público, que es reducido, es poco eficiente y está enfocado en otro tipo de intereses. Otro problema fundamental es que Guatemala tiene uno de los presupuestos públicos más pequeños del mundo, con relación a su Producto Interno Bruto (PIB). Esta relación ronda cerca del 11 por ciento, mientras que en el resto de países de Centroamérica es del 18 por ciento,s más o menos. Por eso el margen de inversión del gobierno es bastante bajo. Tenemos una baja carga tributaria y escasa capacidad de recaudar impuestos para financiar instituciones y lograr la inversión necesaria para resolver estos problemas urgentes.  

A esto se suma que la agricultura como medio básico de vida empezó a agotarse ¿qué tipo de opciones pueden ofrecerse?

– Es complejo, pero hay que explorar opciones. No existe una receta mágica sino que responde a un análisis más detallado por municipio para ver cuáles son las potencialidades en términos productivos. Además, tiene que haber un mecanismo de protección social, puesto que cambiar estos medios de vida no se hace de la noche a la mañana. Hasta que se pueda encontrar una solución, las familias deberían recibir un apoyo concreto para superar los periodos de escasez de alimentos. Lo que sí es cierto es que tenemos un sistema que nunca ha funcionado, y a esto ahora se le suma una variable de estrés como el cambio climático, lo que está haciendo reventar ese modelo que no funciona.  

¿En qué momento se debe dar esta transformación?  

– Definitivamente la alimentación de estas familias no puede seguir dependiendo de la agricultura de subsistencia, pues gran parte de esta se desarrolla en terrenos de vocación forestal que no son profundos, ni productivos, con tierras sin acceso a riego. Pero, ¿cómo podemos esperar que el área rural ya no dependa de la agricultura, con un sistema educativo con cada vez menos cobertura y mayor deserción escolar? No se puede industrializar el país si la gente apenas sabe leer y tiene altos índices de desnutrición.  



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