Sábado 16 DE Febrero DE 2019
Domingo

El talón de Aquiles de las cortes

Fecha de publicación: 10-02-19
Por: Jonatán Lemus / Sociedad de Plumas
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Observo dos visiones en el debate nacional sobre el papel de las cortes en el sistema político. Una primera postura entiende a las cortes como las encargadas de limitar los posibles abusos del poder de los órganos electos por mecanismos mayoritarios (Presidencia y Congreso). Se asume que, al ser independientes, los magistrados aplicarán correctamente la ley y no se someterán a la voluntad de los gobernantes de turno. Por otro lado, la segunda visión se caracteriza por la desconfianza en el comportamiento de los jueces. Se argumenta que, así como el Ejecutivo y el Legislativo, los jueces también podrían abusar de su poder, por lo tanto, la independencia judicial llevada a un nivel extremo, podría resultar en una dictadura de las cortes.

En efecto, desde la ciencia política, se ha planteado la posibilidad de que la ideología de los magistrados, y el cálculo estratégico sobre las preferencias de otros actores, también influyen en las resoluciones. Los teóricos en esta postura “realista” coinciden en que las cortes tienen un talón de Aquiles: su incapacidad de coerción. Es decir, a diferencia del poder Ejecutivo, el Judicial no tiene acceso directo al uso de la fuerza. Por lo anterior, los jueces buscan mantener su legitimidad para así garantizar que sus decisiones serán respetadas y ejecutadas por los otros poderes políticos.

Una aplicación interesante de estas teorías se encuentra en los eventos derivados del Serranazo en el año 1993. La Corte de Constitucionalidad suspendió la acción del entonces presidente, Jorge Serrano, de disolver el poder Legislativo y Judicial. Según la autora Rachel McCleary, en su libro Imponiendo la Democracia, esta resolución no se respetó inicialmente, pues su publicación en el diario oficial se retardó para evitar su entrada en vigencia. Más importante aún, Serrano tenía el control de la fuerza pública. Ante la crisis, McCleary relata que los magistrados solicitaron al Ministerio de la Defensa la ejecución de la resolución. La coordinación entre ambas instituciones condujo a que, en una conferencia de prensa, el magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad, Epaminondas González, junto con el ministro de la Defensa, García Samayoa, anunciaran que se cumpliría la orden emitida por la Corte (página 147). En otras palabras, la resolución fue ejecutada porque los actores con poder coercitivo le daban suficiente legitimidad a la Corte para resolver la crisis.

Lo anterior podría generar una discusión sobre la aplicación de este análisis al contexto político actual. ¿Tiene la Corte de Constitucionalidad suficiente legitimidad para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones? Desde mi perspectiva, aunque la Corte de Constitucionalidad sigue siendo respetada por la mayoría de actores, en los últimos meses se ha debilitado el consenso sobre la legalidad de sus acciones, y se ha reducido la confianza en sus magistrados. Se ha señalado a algunos de tener una agenda política y de abusar de su mandato.

El peligro de este panorama es que, al deteriorarse la legitimidad de la Corte, los otros poderes tendrán más margen de maniobra para justificar una potencial desobediencia. En efecto, la falta de resolución en temas importantes como la Ley Electoral, o el retraso en el pasado, de algunos temas en el ámbito económico, han reducido la confianza de una parte de la ciudadanía en la institución. En este caso, los magistrados deben asumir su papel con responsabilidad y contribuir al restablecimiento de su credibilidad. De esto dependerá que en momentos de crisis, la sociedad y los actores políticos la vean como la institución adecuada para mantener el orden constitucional tal y como sucedió en 1993.


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