Domingo 16 DE Junio DE 2019
Domingo

El caos viaja en bus

Aunque las tasas de homicidios muestran una tendencia a la baja, las extorsiones y muertes de pilotos se incrementaron.

 

Fecha de publicación: 26-01-19
Por: ANA LUCÍA GONZÁLEZ elPeriódico

La mañana del lunes 21 transcurría tranquila para los pasajeros que se conducían en la ruta 32 que transita por la colonia Quinta Samayoa, zona 7 capitalina. En cuestión de minutos todo se volvió una pesadilla cuando Mirna Elizabeth Juárez Argueta ingresó al bus, amenazó al piloto con una granada casera por el cobro de la extorsión. El conductor empujó a la mujer de 30 años fuera de la unidad, lo que detonó el artefacto, que le amputó ambas manos. El saldo fue de siete personas heridas, según los Bomberos Municipales.

Un hecho violento más en la jornada que volvió a evidenciar el terror ciudadano de subirse a las unidades de transporte colectivo, el asedio constante por el pago de extorsiones que mantienen las distintas unidades por parte de los grupos pandilleros, sumado al aumento de cuotas. Un incidente que recordó dos sucesos similares con saldos trágicos ocurridos a inicios de 2011 y en 2016.

El 3 de enero de 2011 un bus extraurbano se conducía por la calzada San Juan con destino a Ciudad Quetzal, cuando una mujer dejó tirada una mochila con un artefacto explosivo dentro de la unidad. El saldo fue de nueve víctimas mortales y 14 heridos. El Ministerio Público atribuyó el hecho a la banda Little Psycho Criminal, pandilla del Barrio 18. Por el ataque fueron condenados seis pandilleros con penas desde 14 hasta 526 años de cárcel.

La negativa de los transportistas y un desfase en la comunicación para entregar la extorsión, provocó una tragedia la mañana del 6 de marzo de 2016, en la zona 3 de San José Pinula. Una pareja y una menor abordaron el bus con una caja que simulaba un pastel, dejaron el paquete y minutos después se bajaron de la unidad. Era un artefacto explosivo que dejó como saldo dos muertos y 14 heridos. En 2017, por el hecho fueron condenadas cuatro personas a más de 350 años de prisión. Pertenecían a la clica Vatos Locos del Barrio 18.

La rápida reacción del piloto del bus de la ruta 32 evitó una tragedia mayor el pasado 21 de enero. El saldo fueron siete heridos, incluyendo la atacante.

Si bien, las cifras de homicidios muestran una tendencia a la baja en los últimos nueve años; las muertes de pilotos y taxistas mostraron un alza en 2018. Algunos analistas consideran que estos hechos podrían coincidir con el comienzo de un año electoral, en donde se busca generar un clima de inestabilidad y zozobra.

“El 80 por ciento de los buses mantiene un asedio constante, las extorsiones van en aumento, se aprovecha la coyuntura por la oferta política actual”, sostiene Edgar Guerra, de la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH).

“No hemos encontrado que estos ataques tengan vinculaciones políticas, dice por el contrario un fiscal del Ministerio Público quien ha llevado investigaciones con pandillas en los últimos años.

Víctimas aumentan

Entre los años 2006 a 2018, se contabilizan 1,016 muertes violentas de pilotos del transporte urbano y extraurbano, según gráfica de la Asociación Civil Diálogos. El pico más alto se dio en 2010 con 82 pilotos asesinados en transporte urbano y 43 en los extraurbanos. Al siguiente año la cifra comenzó a descender hasta 48 y 31 casos, respectivamente. Sin embargo, a partir de 2014 comienza a incrementarse la cifra de pilotos asesinados en el transporte extraurbano. En 2018, se registraron 33 decesos, según la PNC.

Un siguiente cuadro muestra el aumento de casos de homicidios en el transporte público entre los años 2017 y 2018. En 2017 –entre pasajeros, ayudantes, pilotos de buses y microbuses y pilotos de taxis– se totalizaron 129 víctimas. En 2018, estas cuatro variables aumentaron a 135 homicidios, cifras que se elevaron por los pilotos de taxis; de acuerdo con la base de datos de la PNC, integradas por Diálogos.

Por su parte, Edgar Guerra, de la PDH, comparte el registro hemerográfico de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano, cifras que entre 2010 a 2018 no bajan de 200 homicidios anuales. El pico más alto se registró en 2014 con 418 casos, de los cuales 102 corresponden a pilotos asesinados. “El repunte de asesinatos de pilotos de mototaxis se relaciona con el narcomenudeo”, explica.

Más cobros, peores percepciones

Miembros de la Mara 18 enviaron un comunicado a medios y autoridades para desvincularse del reciente ataque a la unidad de la ruta 32. “Desconocemos a esa persona que le dicen la Rancherita”, indicaron.

Los bombazos ocurridos en los años 2011, 2016 se vinculan a clicas de la pandilla del Barrio 18. En el primer caso, Gustavo Adolfo Pirir García, alias el Hammer, de 36 años, es miembro de la clica Little Psycho Criminal. Fue miembro del Ejército, alcanzó el grado de sargento y aprendió a fabricar bombas, según las pesquisas. Ahora cumple una condena de 514 años por el bombazo del bus de Rutas Quetzal.

El 3 de enero de 2011 una mujer lanzó un artefacto explosivo en una unidad de Rutas Quetzal con saldo de nueve víctimas mortales y 14 heridos.

En el bombazo de 2016, el ataque fue liderado por Óscar Armando Lorenzana, alias Skynny o Arjona. Posteriormente, por este hecho fue asesinado por los superiores de la Mara 18 por tomar decisiones sin autorización, reveló el fiscal a cargo del caso. Puntualiza que los heridos, aparte de los daños físicos y emocionales, dañaron su vida, pues varios de ellos han tenido dificultades para encontrar trabajo.

Carlos Mendoza, investigador de Diálogos, toma como referencia las bases de datos para considerar que estos sucesos violentos no necesariamente tienen relación con el incremento de violencia en años electorales. “Se dieron dos episodios –2011 y 2019– en cuatro años electorales durante un periodo de 19 años”, indica.

“Aunque estamos en el nivel más bajo de violencia en los últimos 25 años, es preocupante que un hecho aislado como este puede cambiar la percepción. Ese es el peligro que un político o gobierno justifiquen medidas extremas. A esto se suma el rol de los medios”, afirma.

Respalda esta percepción con un estudio interinstitucional de 2018 liderado por la politóloga Dinorah Azpuru, donde se mide el apoyo a golpes militares bajo condiciones de alta delincuencia y corrupción. Este reveló que Guatemala se encuentra entre los rangos más altos de la región en cuanto al apoyo de golpes militares. En condiciones de alta delincuencia, lo justificarían un 49.4 por ciento de los entrevistados. Y bajo condiciones de alta corrupción lo justificarían el 47.8 por ciento.

Guerra, en cambio, informa que de momento los pilotos de la ruta 32 no han querido decir cuánto es el pago de la extorsión. Dice que algunos son simuladores de pandilleros, otros se hacen pasar por nuevos. Pero confirma que en rutas como la 1 el pago de Q300 semanales aumentó a Q360 por un grupo, y un segundo grupo incrementó el pago de Q300 a Q375. “Los pilotos están desesperados pues el asedio a los buses rojos es constante. Las pandillas hacen un reparto territorial por trechos”, indica.

Según su experiencia, la disminución de los ataques se debe a que pilotos y transportistas terminan cediendo ante estas situaciones, y las estadísticas no revelan las cifras reales y este suceso reciente, puede ser para aprovecharse de la coyuntura y la oferta política actual.

 

Una bomba de fabricación casera lanzada a un bus de la ruta San José Pinula en marzo de 2016 causó la muerte de dos personas y 14 heridos.

Carlos Menocal estima que todavía es muy temprano para vincular el atentado reciente con un afán desestabilizador. Si bien admite que en otras ocasiones, las pandillas sí han sido utilizadas para tal fin. Un ejemplo de esto fueron una serie de atentados simultáneos a unas seis unidades de transporte en los años 2010 y 2011.

Considera que el móvil principal es generar caos con el objetivo de subir el precio de la extorsión o simplemente que paguen. Aunque subraya que usar una bomba tiene una connotación mucho más fuerte, puesto que no solo va dirigida al piloto, sino al usuario con el fin de generar caos y terror en la población.

Indica que parte de las estrategias utilizadas para reducir los ataques contra pilotos en 2011 fueron fortalecer la investigación criminal, la Unidad de Delitos contra la Vida, las escuchas telefónicas que permitieron salvar vidas, así como la Unidad del Programa Nacional contra el Desarrollo de las Pandillas (Panda). Además, el uso del Transurbano también redujo el número de asesinatos en las áreas sur y norte de la capital.
Cambio de modelo

En el afán de dar respuesta a este clima de inseguridad, la Municipalidad capitalina trabaja este año para acelerar la ruta no. 7 del Transmetro, que sustituiría las de los buses 203 y 204, –las más peligrosas– que recorren el sector norte de la ciudad hasta la Universidad de San Carlos, informó el vocero Carlos Sandoval.

Guerra considera que esta serie de atentados demandan soluciones de fondo. Es decir, sustituir el modelo de prestación de servicios y modernizarlo por más buses alimentadores (rutas que se movilizan en barrios y se enlazan con buses troncales), con empresas que tengan la capacidad financiera. Este modelo nos llevaría a otra realidad, como la revisión de la tarifa y precios de combustible, indica.

En cuanto a la seguridad, demanda que el Estado modernice sus estrategias para combatir este flagelo, donde la delincuencia suele ir más rápido. “Hace falta voluntad de las autoridades de turno, de lo contrario, qué país va a prosperar así”, comenta.

Menocal sostiene que en años electorales siempre se centra la atención en la seguridad. Sin embargo, la tasa de homicidios ha descendido en forma constante en los últimos años, incluyendo los años 2011 y 2015 y seguirá esta tendencia a la baja. “Va a ocurrir violencia electoral pero con otro tipo de hechos, donde los responsables serán los actores que intervengan en el proceso electoral”, afirmó.

Pero Anderson Cachupe no está interesado en conocer las causas de esta crisis. Solo sabe que su vida cambió radicalmente a los 20 años. Fue un piloto herido entre más de 6 mil víctimas que se registraron en 2014 debido a las extorsiones, cuando un balazo le atravesó la columna y lo dejó cuadrapléjico. Ahora se dedica a hacer manualidades. Paradójicamente, lo que más disfruta es fabricar buses de madera a escala.

INTIMIDACIONES POLÍTICAS

El primer suceso de violencia electoral se dio la tarde del lunes 21 de este mes. Se trató de un ataque armado hacia Arturo Juc Caal, candidato a alcalde de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, quien fue asesinado en la aldea Telemán, Panzós, cuando regresaba a su casa. Juc Caal participaría representando a la agrupación política Fuerza.

Otros hechos intimidatorios se dieron días atrás. Uno de ellos contra la activista Helen Mack, directora de la Fundación Mirna Mack, cuando cuatro hombres armados la siguieron a un restaurante donde la fotografiaron y le tomaron video. En respuesta, ella hizo lo mismo y responsabilizó al gobierno de cualquier daño a su integridad física como consecuencia de estas acciones. El presidente del diario elPeriódico, Jose Rubén Zamora, también fue objeto de un acto intimidatorio semanas atrás, cuando dos supuestos agentes de seguridad del Estado lo siguieron hasta un restaurante de la zona 13, donde le tomaron fotos y video. Al percatarse del hecho, Zamora los abordó en el lugar y también les tomó fotos.