Domingo 18 DE Noviembre DE 2018
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La Corte de Constitucionalidad ya no es un árbitro, es un jugador

Fecha de publicación: 09-09-18
Por: Jonatán Lemus - Sociedad de Plumas
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Durante los últimos meses, con un grupo de estudiantes nos dimos a la tarea de recolectar alrededor de 2,800 resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) desde 1986 a la fecha, en diversos temas como casos tributarios y normas aprobadas por los diferentes poderes del Estado. El objetivo era analizar la existencia de tendencias en los votos de los magistrados.

Aunque los hallazgos finales y su respectivo análisis serán publicados más adelante, en este

artículo me gustaría utilizar algunas de las conclusiones generales para explicar el comportamiento de la Corte en las últimas semanas. Ciertamente, dada la situación política actual, muy probablemente esta columna no capture algún evento reciente, por lo que trataré de ser lo más general posible.

Iniciaría señalando algunas conclusiones del análisis. En primer lugar, llama la atención que los magistrados de la CC votan por unanimidad en la mayoría de casos (alrededor del 98 por ciento). Asimismo, se puede observar diferencias en las posiciones de la CC a lo largo del tiempo; por ejemplo, en casos tributarios los datos muestran un cambio de la Corte a partir del año 2014. En ese sentido, se ha podido visualizar cómo la Corte rechaza las iniciativas de los poderes del Estado en algunos momentos más que en otros, especialmente si tienen relación con políticas económicas.

En general, de estos análisis se pueden derivar dos conclusiones importantes que no habían sido probadas empíricamente: 1) a nivel individual, los magistrados de la CC tienden a ser políticamente estratégicos en sus resoluciones, incluso por momentos votando en contra de sus propias preferencias personales, y 2) a nivel colectivo, la CC tiende a actuar como agente de la coalición dominante en momentos de estabilidad, pero goza de mayor autonomía en momentos de conflicto.

Esto significa que, aunque algunos observan a la CC como un árbitro que resuelve conflictos, este no ha sido el papel primordial de la Corte a lo largo de la historia. En efecto, me atrevería a decir que la CC ha funcionado más como agente de las coaliciones dominantes (como lo apuntaría la teoría) y últimamente más como una corte activista, la cual ha retado a los poderes del Estado, no solamente frenando sus iniciativas sino también ordenándoles acciones específicas.

Desde mi perspectiva, lo anterior implica que ante la escalada del conflicto entre el Presidente de la República y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el papel de la CC no necesariamente será el mismo que jugó en agosto de 2017, ante la declaratoria de non grato al comisionado Velásquez, ni mucho menos el de 1993 durante el Serranazo. El desgaste de la CC en el último año (sobre todo por el caso Minera San Rafael) ha disminuido su credibilidad como un árbitro neutral, y la ha posicionado como un jugador más con sus propios intereses en el tablero político. Esto podría explicar por qué el Ejecutivo ha amenazado con no acatar sus órdenes y por qué esta amenaza no ha sido condenada unánimemente por la sociedad guatemalteca. Este argumento podría ser confirmado por el hecho que, a diferencia de agosto de 2017, en esta ocasión la CC no suspendió inmediatamente las acciones presidenciales, y al momento de la redacción de esta columna, no había emitido su postura en cuatro acciones de amparo contra el Ejecutivo.

Independientemente de si se resolverá a favor o en contra del Presidente, algo parece evidente: la CC ya no es un árbitro que resuelve los conflictos políticos (si es que lo fue algún día); al contrario, al día de hoy la Corte es un jugador. Su comportamiento en las próximas semanas mostrará si estamos ante una nueva reconfiguración en la correlación de fuerzas, y si una nueva facción política se hará con el control de la institución. Los riesgos de una Corte todopoderosa y sin controles aún se mantienen, es más, la crisis reciente los ha incrementado.

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