Viernes 21 DE Septiembre DE 2018
Domingo

Una voz para las mujeres que no dejan rastro

En Guatemala, desaparecen en promedio tres mujeres cada día. La Alerta #Isabel-Claudina busca crear un sistema de monitoreo inmediato, analizar los casos y reducir indicadores.

Fecha de publicación: 26-08-18
Por: Ana Lucía González agonzalez@elperiodico.com.gt
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Johana Margarita Bulux Lemus desapareció el 15 de agosto de su casa ubicada en la colonia El Rinconcito, zona 18. Tiene 21 años y es parte de un listado de 52 mujeres que han sido reportadas como desaparecidas por el Ministerio Público (MP), a partir de la recién estrenada #AlertaIsabelClaudina.

Bulux Lemus forma parte de un promedio de tres desapariciones diarias que suceden en el país. Es también una de las razones por las que funciona la alerta institucional Isabel-Claudina, creada desde el pasado 6 de agosto, con el fin de sistematizar la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas.

El último informe consolidado de esta nueva alerta indicaba que 20 denuncias habían sido desactivadas, un femicidio, y el resto de casos están bajo investigación. Los primeros reportes también aportan que las mayores denuncias se han dado en el departamento de Guatemala, le siguen El Progreso, Escuintla y Quiché, si bien cada vez más el mapa nacional va cubriendo más territorios de morado, color con el que se identifican estas alertas.

Hasta el momento, los motivos de las desapariciones son variados. Desde el simple hecho de salir a visitar a una amiga, quedarse a dormir en su casa y no dar aviso a los padres, el consumo de bebidas alcohólicas, trastornos mentales, dejar al esposo, irse a vivir con su pareja, o padecer senilidad y ya no recordar el camino de regreso a casa.

“Poco a poco los informes nos servirán para analizar los resultados y estudiar a fondo la problemática”, indica Lucrecia Vásquez, titular de la Secretaría de la Mujer del MP, ente que preside un total de diez instituciones del Estado y sociedad civil la coordinación de este mecanismo de búsqueda.

Una problemática que se enmarca dentro de un contexto multicausal y multidimensional en donde la violencia contra la mujer todavía resulta apabullante en este país como en otras partes del mundo y donde la desaparición es el primer episodio de miles de casos que terminan con un desenlace fatal.

Dos historias

La alerta Isabel-Claudina se nombra así en honor a los casos paradigmáticos de dos mujeres desaparecidas y por los cuales el Estado de Guatemala fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la violencia de su muerte y la indiferencia de las autoridades en ese momento para atender la denuncia. Ellas fueron María Isabel Véliz Franco y Claudina Isabel Velásquez Paiz.

Isabel Véliz, el día de sus 15 años.

El caso de Véliz Franco data del 2001. Tenía 15 años cuando desapareció al salir de su trabajo. Fue vista por última vez un 16 diciembre cuando su madre, Rosa Franco, perdió su rastro. Al denunciar el hecho en la Policía Nacional Civil (PNC), las autoridades le respondieron que se debía esperar de 24 a 72 horas para recibir el caso e iniciar la búsqueda. Dos días después, la madre encuentra el cuerpo de su hija en la morgue con señales de abuso. Logró identificarla a tiempo, pues de lo contrario hubiera sido sepultada como XX.

Claudina Isabel Velásquez Paiz tenía 19 años, cursaba el cuarto semestre de derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Salió de su casa junto con su hermano un 12 de agosto de 2005 hacia la Usac. En la noche avisó que estaba en una fiesta y a partir de entonces no se supo más de ella.

El padre de Claudina, Jorge Velásquez.

Los padres comenzaron una búsqueda infructuosa. Al comunicarse con la PNC, se les informó que tenían que esperar al menos 24 horas para reportar la desaparición. Fue demasiado tarde, pues la mañana del 13 de agosto, el padre de Claudina recibió una llamada indicándole que un cuerpo no identificado con características similares a su hija estaba en la morgue. El cadáver de la víctima había sido localizado en la madrugada de ese día en la colonia Roosevelt, zona 11 de la capital y levantado como XX.

Han pasado 17 años de la tragedia de Isabel y su madre asegura que el dolor permanece en su corazón. “Hubiera querido que existiera esta alerta en aquel tiempo. Al contrario, fui tratada con una grosería tremenda. Llevo años esperando justicia, algo que pareciera inexistente en Guatemala. Espero entonces que este mecanismo sea una luz al final del túnel para que otras madres encuentren vivas a sus hijas”, manifiesta Franco. Después de toda esta lucha, se graduó de licenciada en Ciencias Jurídicas y su tesis fue premiada. La dedicó al estudio del femicidio en Guatemala, las diferencias conceptuales en este crimen y el estudio sobre el caso de su hija.

Rosa Franco, mamá de Isabel, fue premiada por su tesis sobre femicidio.

El padre de Claudina, Jorge Velásquez, coincide en que otra historia se contaría si hubiese existido este mecanismo años atrás. Durante el acto de inauguración expresó: “Cuando mataron a una mujer en Guatemala guardé silencio y no protesté, porque a mí no me afectaba. Cuando mataron a una de las mías, era demasiado tarde para alzar mi voz y protestar”.

Las secuelas por este hecho no se borran de su memoria ni la de su familia. Desde entonces, cuenta que su hijo Pablo Andrés recibe apoyo psicológico y medicamentos, los cuales no han sido costeados por el Estado.

El cuerpo de Véliz fue hallado en Ciudad San Cristóbal.

Inmediatez es vital

El pasado reciente da cuenta de un fenómeno al cual no se le había puesto la atención necesaria. Las desapariciones de mujeres como antesala de una tragedia. Las cifras recientes dan cuenta que en 2016 se contabilizaron 528 mujeres desaparecidas; 564 en 2017 y, entre enero y mayo de 2018, se reportaron 287. Para entonces, el promedio indicaba dos desaparecidas por día, según datos de la Secretaría de la Mujer del MP.

Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes, retoma los antecedentes de este fenómeno. Explica que con la aplicación de la Ley de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, conocieron la experiencia de México, empezaron a levantar estadísticas y se percataron de que primero desaparecía la mujer, para después encontrar el cuerpo. “Por esta razón, el tiempo es crucial y el mandato de ley indica que la búsqueda debe ser inmediata, puesto que las primeras seis horas son vitales”, explica. Esto porque en 72 horas “hay tiempo suficiente para matarte, tirar o esconder el cuerpo o que se inicie el proceso de descomposición, o bien, sacarte del país”, añade.

Sin embargo, en términos legales, una desaparición solo es motivo para abrir una investigación, pero no es delito ni razón para iniciar una persecución penal.

La Fundación Sobrevivientes formó parte de la iniciativa para la creación de la Ley Alerta Alba-Keneth en el 2009 para la búsqueda de menores, lo cual fue un precedente para afinar procedimientos. Por esta razón, también se involucraron en la asesoría del Decreto 9-2016 Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas. “Creemos que el papel de la sociedad civil debe ser de asesoría técnica, monitoreo de procesos y auditoría social”, expone Claudia Hernández.

En febrero de 2016 se publica el Decreto 9-2016, con el objetivo de regular el funcionamiento de un mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres reportadas bajo este estatus, con el fin de garantizar su pronta localización y resguardo. Esto considerando la violencia contra la mujer como una violación grave a los derechos humanos, ya que los hechos señalan el incremento de cifras en donde previo a ser asesinadas, las mujeres son mantenidas en cautiverio o tratadas en forma cruel, inhumana y degradante.

Un estudio de las doctoras Montserrat Sagot y Laura Guzmán, de la Universidad de Costa Rica, determinó por medio de una Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres, que el 80 por ciento de las violaciones contra mujeres mayores de 16 años (en dicho país) son cometidas por hombres con quienes ellas tienen o tenían una relación familiar o de pareja.

Dos años después se logra implementar esta ley en donde diez instituciones integran una Coordinadora Nacional, que se activa ante cualquier emergencia. Estas son Ministerio Público, que es el ente que preside, Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Dirección General de Migración, Procuraduría General de la Nación (Unidad de Protección de los Derechos de la Mujer), Secretaría de la Comunicación Social de la Presidencia, Secretaría contra la Violencia Sexual y Trata de Personas. Además de los grupos de la sociedad civil Pastoral Social de Alta Verapaz y Convergencia Cívico-Política de Mujeres.

La ley contempla entre sus funciones un registro de agresores y la creación de un banco de ADN. “Esto ya se tiene. Sirve para establecer la relación entre agresores y posibles víctimas, pero todavía es muy pronto para cruzar información, elaborar perfiles e investigar”, explica Lucrecia Vásquez, titular de la Secretaría de la Mujer del MP.

Sensibilización y prudencia

Han pasado tres semanas desde la implementación de la alerta Isabel-Claudina y en la Secretaría de la Mujer la actividad no cesa. No han faltado situaciones donde encuentran que la mujer huye del mismo agresor y este es quien pone la denuncia; o bien de adolescentes que deciden escapar de casa con el novio. “El nivel de respuesta ha sido rápido, hay compromiso de trabajo, ha sido un éxito”, comenta la titular de la Secretaría de la Mujer.

Todavía hay pendientes, como el apoyo en movilización, puesto que la cobertura es a nivel nacional. Vásquez considera que uno de los mayores retos es que todas las instituciones trabajen en forma coordinada, pero a la vez sensible, puesto que son la voz de las mujeres desaparecidas.

El siguiente paso consiste en impartir talleres de capacitación con el fin de implementar protocolos para atender en forma efectiva cada situación, con una meta en el largo plazo: reducir indicadores. A partir de ahora, se espera que los agresores piensen dos veces sus actos y, por otro lado, que las jóvenes tomen la precaución de avisar dónde se encuentran para no activar alarmas falsas. “Les está dando pena aparecer en las redes sociales”, comenta la titular de la Secretaría de la Mujer.

Por su parte, Claudia Hernández, de la Fundación Sobrevivientes, coincide en la importancia de ser prudentes a la hora de activar una alerta, puesto que una alarma falsa puede perjudicar a otros y restar prioridad a casos de alto riesgo. Al final es parte de estar informadas para saber actuar cuando la situación lo amerite.

“Las muertes de Isabel y Claudina no fue en vano. Ahora son un símbolo para que a otras mujeres no les suceda lo mismo”, asegura Lucrecia Vásquez.

Cristina y Mitzie, dos casos paradigmáticos

Los casos de Cristina Siekavizza y Mitzie Sánchez, asesinadas en 2011 y 2014, respectivamente, son ejemplos similares de cómo la  desaparición de dos mujeres –denunciadas en un principio como secuestros por sus propios esposos y victimarios– se han convertido en estandarte del rechazo por la violencia doméstica y la búsqueda de justicia.

Cristina Siekavizza fue vista por última vez el 6 de julio de 2011. Murió por los golpes propinados por su esposo Roberto Barreda. Han pasado más de siete años de ese hecho que conmocionó al país y en donde la búsqueda de justicia se ha vuelto un camino cuesta arriba para su familia.

Tanto en la investigación del crimen como en el proceso penal, el fiscal especial del caso, Héctor Canastuj, resume los principales retos que ha enfrentado en un caso entrampado infinidad de veces por la familia del acusado. En la investigación, el mayor reto ha sido determinar la muerte de Cristina “sin la localización del cuerpo”, debido a que las pruebas de luminol recogidas en la escena del crimen no permitieron obtener “ni una gota de cotejo genético”. A esto se suma la búsqueda de sus restos, de los que solo se tiene certeza de que se trató de un enterramiento clandestino.

La localización de Siekavizza ha significado, hasta el momento, cerca de 300 allanamientos, más de 400 exhumaciones y rastreos, todos infructuosos, revisión de unas 20 mil llamadas telefónicas y revisión de entrevistas. “Hasta el momento, tenemos abiertas 57 líneas de investigación que comprueban la responsabilidad penal de Barreda”, acota el fiscal del caso.

En cuanto a la denuncia penal, el caso se encuentra detenido, pues la defensa ha logrado retroceder el proceso hasta la etapa intermedia por parte de la Cámara Penal. Es decir, varios años.  A pesar de todo, el fiscal asevera:“Quiero creer en una justicia sin favoritismos”.

El caso de Mitzie Sánchez refleja la ironía de una relación que se mostraba feliz en las redes sociales. No obstante, su esposo, Banny Zambrano, la asesinó por cobrar un seguro de vida de US$325 mil y del cual era el único beneficiario. Mitzie, de 24 años, murió por las golpizas dadas por su pareja después de muchos años de vivir con miedo y violencia. Posteriormente al hecho, Zambrano creó la historia de un supuesto secuestro, aunque en este caso sí apareció el cuerpo con señales de violencia dentro del baúl de un carro.

Tres años después, la fiscalía logró sentenciar a Zambrano a 36 años de prisión por los delitos de femicidio y simulación de delito. En mayo de este año, escapó del Preventivo de la zona 18 vestido de mujer. Hasta el momento, se desconoce su paradero.

Botón de búsqueda
> 110 y 1572, teléfonos de la PNC y del Ministerio Público para reportar la desaparición de una mujer.
> Seis horas es el plazo suficiente para generar una alerta de búsqueda de mujeres.

52 mujeres desaparecidas reportadas del 6 al 22 de agosto de 2018.

287
casos de mujeres desaparecidas en el país entre enero y mayo de 2018.

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