Jueves 20 DE Septiembre DE 2018
Domingo

El punto y aparte de una brutalidad humana y jurídica denominada IGSS-Pisa

Fecha de publicación: 26-08-18
fotoarte: Jorge de León > elPeriódico Por: Jorge Luis Herrera G -. Sociedad de Plumas
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El 21 de julio del 2014, el IGSS realizó el evento NOG. 3381625 para la contratación de los servicios de diálisis peritoneal para sus pacientes, el cual fue asignado a la droguería Mexicana Pisa, S.A. el 2 de octubre de 2014 por una suma de Q116 millones 227 mil 35. Estos servicios habían sido prestados durante muchísimos años por la empresa Baxter. El IGSS no hizo un solo pago pese a la adjudicación.

Hace casi tres años y medio en el marco de la efervescencia de la lucha frontal contra la corrupción, la CICIG y el Ministerio Público coordinaban la captura de 17 personas a quienes les imputaban la responsabilidad de esa asignación de manera fraudulenta; entre los que se encuentran –ahora guardando prisión preventiva– los miembros de la Junta Directiva, los empleados que participaron en la junta calificadora, ejecutivos de la empresa Pisa y otras personas ajenas al Instituto.

Este emblemático caso reviste características intensamente únicas y complejas tanto jurídicas como humanas, el primer incidente lamentable en septiembre de 2016, fue el fallecimiento del médico Efraín Castañeda, representante del Colegio de Médicos, quien padecía cardiopatía y depresión, en dos ocasiones solicitó permiso para visitar un médico y recibir tratamiento externo y le fue negada la petición, hasta su muerte. El segundo episodio crítico tiene lugar en junio de este año con el suicidio del médico Jesús Oliva Leal, representante de la Usac, quien sumido en una depresión severa –diagnosticada incluso por el Inacif– y con la recomendación profesional de recibir tratamiento especial ambulatorio, tomó la fatal decisión de terminar con su calvario, de terminar con su vida. Cuando supe de su muerte, vino a mi mente aquella trillada frase: “Cuando la vida es un martirio el suicidio es un deber” lamentablemente el doctor Oliva, seguramente no tomó esta decisión en el pleno uso de sus facultades mentales dada la severidad de su depresión. La revisión de la medida y el pedido de auxilio le fue negado por las juezas que integran el Tribunal Onceavo de Sentencia, un par de días antes del fatal desenlace.

Irrumpe pues la dicotomía entre el criterio jurídicamente correcto (para garantizar la presencia del sindicado en el proceso) y la racionalidad humana judicial (por lo visto inexistente) de parte de los juzgadores que conocen casos de trascendencia mediática, seguramente por el temor “al qué dirán” o a que les saquen un par de trapitos shucos al sol; situación que los hace timoratos y sujetos de manipulación externa.

La experiencia señala que la prisión humilla, devasta y aniquila al inocente, mientras que quien tiene algún tipo de culpa entra en una resignación abstracta, hasta que logra digerir su castigo. Hay muchos inocentes en prisión, en este caso, por ejemplo: los médicos fallecidos, Max Quirín, Julio Suárez y Julia Amparo Lotán, exmiembros de la Junta Directiva, han tenido una trayectoria de vida intachable, el delito que se les sindica es “Fraude” es decir, bien hubieran podido optar a una medida sustitutiva, y seguir ligados a proceso como sucedió con otras personas en este mismo caso. Sin embargo, el debate oral está por terminar y pronto se dictará una sentencia que debe ser principalmente justa, apegada a Derecho y debidamente sustentada. Ese es el punto.

Y aparte, el excesivo uso de la prisión preventiva en Guatemala, ya tiene un pronunciamiento por la CIDH, por el mismo PDH; a luz están una serie de medidas cautelares, que permitirían no solo evitar estos lúgubres incidentes, sino incluso el desfogue de los centros de privación de libertad. ¿Qué esperan los jueces para poner en práctica tales recomendaciones?


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