Miércoles 14 DE Noviembre DE 2018
Domingo

¿Acusaciones o sentencias?

Pedro Cruz – Sociedad de Plumas

Fecha de publicación: 19-08-18
fotoarte: Jorge de León > El periódico Por: Pedro Cruz - Sociedad de Plumas
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Hace unos días, el expresidente salvadoreño, Antonio Saca, se declaró culpable del desvío de US$300 millones del Estado para su uso personal o el de allegados. En el tramo de una hora y cinco minutos, el acusado describió la manera en que se desarrollaron cinco años de corrupción, aceptó los hechos, pidió perdón, se acordó un resarcimiento a la Patria y se fijó una condena.

Como muchos ya lo han descrito, este juicio ha sido de los más eficientes en la historia. Tal eficiencia fue posible debido a que la Fiscalía General del país vecino solicitó ante al Tribunal Segundo de Sentencia un “proceso abreviado”, contemplado en el Artículo 295 del Código Procesal Penal. Estoy seguro que esto supuso el ahorro de muchísimos recursos y tiempo. Definitivamente el proceso judicial que enfrentó el expresidente Saca es un ejemplo para países, como Guatemala, en donde aún no logramos que nuestra cadena de seguridad y justicia funcione como debe.

Es evidente que hay un contraste entre lo que sucedió en El Salvador y lo que actualmente sucede aquí. En Guatemala hay un sinfín de procesos judiciales estancados, que no parecieran tener mayor avance de una u otra forma. Tal es el caso de Roxana Baldetti, Otto Pérez Molina, Álvaro Colom y muchísimos otros quienes guardan prisión preventiva, independientemente si son culpables o no. Parece que aquí no vale el “inocente, hasta demostrar lo contrario” porque, de igual forma, los acusados pasan años tras las rejas sin haber pasado por el debido proceso y sin haber recibido una sentencia condenatoria.

En nuestro país los atrasos en el sistema judicial permiten que se abuse del recurso de la prisión preventiva. En el Código Procesal Penal de Guatemala, el Artículo 259 indica que “la libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso”. Esta medida puede utilizarse únicamente cuando exista “presunción razonable de fuga” o “obstaculización de la averiguación de la verdad”. En cuanto a la cesación del encarcelamiento, la privación de libertad finalizará cuando su “duración exceda un año”, con la posibilidad de tres meses más “si se hubiere dictado sentencia condenatoria pendiente de recurso”.

Pero, lamentablemente, el sistema de justicia de nuestro país está fuera de control. Hay muchísimos acusados en prisión preventiva, un hacinamiento del 340 por ciento en el sistema penitenciario y un desperdicio de recursos. No hay un trabajo en conjunto entre la capacidad acusatoria, la capacidad del procesamiento de casos y el arribo de sentencias.

Una manera en que podríamos solucionar esto es implementando mecanismos que incrementen la eficiencia del Organismo Judicial. Uno de ellos es aprobar Ley de Aceptación de Cargos (iniciativa 5311), lo que permitiría reducir la carga en tribunales de justicia y descongestionar procesos judiciales por medio de el uso de recursos como la confesión de delitos a cambio de la reducción parcial de penas.

Esta ley podría implicar el ahorro de millones de recursos y una rebaja del 30 por ciento de las penas y procesos más rápidos. Esto sería un alivio para la mora judicial que tanto afecta a todo nuestro sistema. Según el Flujograma de Justicia Criminal, herramienta que mide los niveles de eficiencia de las instituciones de la cadena de seguridad y justicia, impulsada por CIEN y otros actores, si el 15 por ciento de las personas que están atravesando un proceso penal se respaldan en una ley de este tipo, la eficiencia del Organismo Judicial subiría de 21 por ciento a 29 por ciento. Una verdadera ley de aceptación de cargos, además de ahorrar recursos y tiempo, facilitaría dar ese paso decidido en la búsqueda de justicia para todos, con la verdad, una reparación digna y una promesa de no volver a cometer la falta.

Lamento que este proyecto esté detenido y lamento también que varios grupos de la sociedad civil estén resistentes ante ello y se opongan a aceptar esta ley. Para mí, esta actitud no solo nos aleja de alcanzar una justicia pronta y cumplida, sino que también me hace pensar que están actuando en contra de los mejores intereses de la población que dicen estar atendiendo. ¿Qué buscamos como país entonces? ¿Más acusaciones o más sentencias justas? Si lo que buscamos es justicia, sin duda la ley de aceptación de cargos ayudaría a alcanzar más justicia, más rápido.


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