Martes 25 DE Septiembre DE 2018
Domingo

Enrique Degenhart, peón de la mafia guatemalteca

Fecha de publicación: 22-07-18
Por: Manolo Vela Castañeda manolo.vela@ibero.mx
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Hay hombres que son utilizados por otros, una, dos, varias veces. Pero hay hombres que nacen para que otros les utilicen. La carrera del bachiller Enrique Degenhart responde a esto último. Su llegada a los puestos de poder ha tenido un único propósito: servir a sus padrinos mafiosos.

Su llegada en 2010 a la Dirección General de Migración, durante el gobierno de Álvaro Colom, se dio porque el puesto le interesaba al “señor de la chequera”, Gustavo Alejos, el Secretario Privado de la Presidencia. Y desde allí, entre 2010 y 2012, el bachiller Degenhart le sirvió a las mafias que controlaban aquella dependencia.

Seis años debieron pasar para que el bachiller Degenhart, regresara a la administración pública, ahora al Ministerio de Gobernación. Esta vez llegó doblemente apadrinado. Por un lado, le respaldaba el ex alcalde de la Ciudad Capital, Álvaro Arzú; pero tampoco había perdido el favor de su otro padrino mafioso, Gustavo Alejos, quien, a través del diputado Felipe Alejos, continúa moviendo sus piezas. Así fue como, junto al presidente Morales, Arzú y los Alejos, prepararon –en sigilo– la llegada de Degenhart al Ministerio. Su misión, ahora como antes: hacer que el Ministerio y la Policía Nacional Civil (PNC) sean instituciones aliadas del pacto de corruptos. Para ello encomendaron a Degenhart obstaculizar el trabajo de la CICIG, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (citada aquí, también, como la Comisión). Y ¿cómo haría esto?

Primero: controlando información sensible e impidiendo la ejecución de órdenes de captura. A la semana de haber tomado control del despacho, a principios de febrero, el bachiller Degenhart intentó controlar la información de los operativos relacionados con las órdenes de captura que iban a ejecutarse de manera conjunta entre el Ministerio Público y la CICIG. Instruyó que estos operativos debían pasar por el Viceministerio de Seguridad, a quien debía de informarse con 24 horas de antelación.

Segundo: recortando el número de agentes policiales que trabajan para la Comisión en labores de investigación. El 19 de marzo, el bachiller Degenhart instruyó que 11 agentes fueran reasignados. Debido a la presión esto no llegó a concretarse. Cuatro meses más tarde lo intentaría de nuevo: el 4 de julio el bachiller Degenhart ordenó un nuevo recorte en el número de agentes policiales asignados a la Comisión: de 45 a 25. En realidad, el anterior ministro, Francisco Rivas, había aceptado asignar a la CICIG otros 26 agentes, para completar un número de 71. Como parte de esta misma maniobra, de recortar el número de agentes, el bachiller Degenhart intentó confundir a la opinión pública señalando que los agentes asignados a la CICIG cumplían labores de seguridad perimetral, que él consideraba que ese número era excesivo, que era mejor emplear a este personal en labores de protección ciudadana. Al recortar el número de agentes asignados a la CICIG el ministro no estaba recortando personal que llevara a cabo labores de seguridad perimetral, sino que se estaba cumpliendo la agenda que sus patrones le encomendaron: entorpecer la labor de investigación que la Comisión lleva a cabo. Además de llevar adelante la agenda a favor de las mafias, esta vez, el bachiller Degenhart –tímido y retraído como se le ve en sus escasas apariciones en público– intentó ser un buen propagandista.

Tercero: entorpeciendo la ejecución de órdenes de captura. En la articulación entre el Ministerio Público, la CICIG y la PNC, se hallaron fisuras que propiciaron fugas de información. Hacia el 13 de abril, las órdenes de captura contra de tres integrantes de una estructura mafiosa incrustada en el IGSS, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no pudieron ser ejecutadas por fugas de información. Cuando los agentes del Ministerio Público llegaron a los lugares que iban a ser allanados, se encontraron con que quienes estaban allí eran los abogados de los sindicados. Más que ocultar la fuga de información, ahora los mafiosos presumían que ellos volvían a tener el control.

Cuarto: propiciando fugas de información del personal policial que trabaja para la CICIG. Hacia el 24 de abril, el bachiller Degenhart reasignó y ordenó el interrogatorio de tres agentes policiales asignados a la CICIG, quienes participaban en labores de investigación. Esta reasignación y el interrogatorio al que estos agentes fueron sometidos, dada la información que tenían en su poder, al estar participando en varias investigaciones en curso, pudo haber derivado en una peligrosa fuga de información. Estos tres agentes ya nunca regresaron a la CICIG.

Este conjunto de hechos no responde a accidentes ocasionales sino a la puesta en marcha –desde el despacho de Gobernación– de una agenda dictada por los patrones de la mafia guatemalteca. Una agenda que pretende entorpecer el avance de la justicia. Y este es solo el punto de partida.

Detrás de esta agenda en contra del trabajo de la CICIG vienen los negociazos. ¿A qué nos referimos aquí? A los contratos millonarios que la administración de Mauricio López Bonilla no alcanzó a pagar, y que el ministro Francisco Rivas, dado el origen y la operación anómala de estos, se negó a pagar. Los contratos han servido para abrir casos judiciales que se hallan en investigación por parte del MP y la CICIG. El primero de ellos: el contrato por la compra de sistemas informáticos de vigilancia y control que, empleados por la Digici, la Dirección General de Inteligencia Civil, fueron adquiridos por la PNC a la empresa Kosy, S.A.: Q24 millones de un total de Q60.

El segundo: el contrato por la reparación de las radiopatrullas de la PNC: Q20 millones, con Vitatrac; este es el caso de la “canibalización” de las partes de las radiotrapullas, que lo que aquí sucedía era que a las radiopatrullas les quitaban partes en buen estado para colocar estas piezas en otras unidades.

El tercero: a pesar que la Procuraduría General de la Nación había recomendado la realización de un evento internacional de licitación, y de haber contado con varios meses para preparar el cambio, el bachiller Degenhart determinó la ampliación del contrato –que viene desde 1998, con la empresa Maycom–, para la emisión de licencias de conducir.

Y así, desde que la mafia retomó el control del Ministerio de Gobernación, en el Viceministerio Administrativo se trabaja a marchas forzadas para asegurarle a sus padrinos de la mafia el pago de todos sus negocios turbios. Los funcionarios honestos, que no se han prestado a estas maniobras, han sido forzados a renunciar, tal el caso del viceministro Manuel Alfonso Castellanos Alonso. Luego vendrán los reparos de Contraloría; o quizá no, y el ministro continúe su carrera hasta que el Partido Unionista le haga su candidato a la presidencia.

¿Dejaremos que el bachiller Degenhart continúe ejecutando el plan que los patrones de la mafia guatemalteca le han dictado?

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