Miércoles 14 DE Noviembre DE 2018
Domingo

Analistas: “política exterior retrocede”

Las acciones del país en materia de política exterior denotan falta de mando y lineamientos. Además, se muestran contrarias a la legislación nacional.

Fecha de publicación: 01-07-18
Por: Ana Lucía González elPeriódico
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En su reciente visita a Guatemala, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, comunicó un mensaje claro a los presidentes de los países del Triángulo Norte: detener el constante éxodo ilegal de personas hacia ese país. Esta postura apela a fortalecer las fronteras y en las últimas semanas provocó la política de “tolerancia cero” del presidente Donald Trump, que llevó a la separación de cerca de 2 mil 300 menores de sus familias en la frontera sur estadounidense. La medida incluyó llevarlos a centros de detención, sin mayor certeza de reunificación hasta el momento. El episodio marcó una crisis humanitaria y de política exterior entre los países centroamericanos y Estados Unidos, así como la condena internacional ante esta práctica.

A lo interno del Ejecutivo, se desató una crisis a partir de las declaraciones del exvocero presidencial, Heinz Hiemann, de plegarse a la postura del mandatario estadounidense. “La visión diplomática del presidente Jimmy Morales y la canciller Sandra Jovel, orientadas a justificar las acciones migratorias del presidente Trump, cambiaron súbitamente al ver su error, culpando al vocero por sus declaraciones, lo que incluso llevó a la remoción del mismo”, opina el analista político Manuel Villacorta.  En ese marco, el presidente Trump dio marcha atrás en la decisión de separar a los niños de sus padres debido a las muestras de rechazo por parte de la comunidad internacional.

La gestión de la crisis migratoria es el evento más reciente en una serie de fallos en la política exterior del presidente Morales. Las decisiones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) han generado críticas en cuanto a su desempeño. Según analistas consultados, no se observa una estrategia de Estado sino más bien ausencia de liderazgo. Argumentan, además, que las posturas reactivas de la cartera son violatorias de la legislación nacional.

Migrantes desprotegidos

Los cambios de postura gubernamentales en el tema migratorio y su posterior enmienda por parte del Ejecutivo generaron malestar y críticas entre la ciudadanía, comunidades migrantes y organizaciones humanitarias. El sacerdote Mauro Verzeletti, director de Casa del Migrante, señala que: “no se está respetando el derecho superior de los niños. Muchos pueden ser solicitantes de asilo, pero falta apoyo del Gobierno, que no reconoce el desplazamiento forzado como tal. Estamos ante un vacío político muy grande en el país, la protección internacional por parte de Cancillería y el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala del Congreso (Conamigua) no está dando las respuestas que necesita la población migrante”.

“No se ha hecho lo suficiente”, criticó por su parte la congresista Norma Torres, de origen guatemalteco, tanto para el gobierno de Trump como del presidente Morales, quien instó al mandatario a tomar decisiones para que migrar no sea una opción para los guatemaltecos, además de que den pasos contundentes para combatir los problemas y fallas en el Estado que generan la impunidad y corrupción.

De acuerdo con el Minex, no hubo cambios de opinión ni fallos en la comunicación respecto a este tema. “La canciller Jovel fue la primera funcionaria de su categoría en la región en verificar la situación de los migrantes, en específico de la niñez no acompañada, en la frontera de Estados Unidos”, expuso la institución. En su reciente gira a Estados Unidos, sostuvo una reunión con la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, en seguimiento al tema anterior, así como a la solicitud de investigar la muerte violenta de Claudia Gómez.

Y es que el caso de Gómez fue otro de los sucesos que generó reacciones por parte de la población guatemalteca. Era una migrante de 19 años y fue asesinada por un agente fronterizo en Laredo, Texas, el pasado 23 de mayo. El repudio por este hecho fue generalizado y provocó protestas tanto entre los connacionales como durante su entierro, luego de su repatriación. A esta protesta se sumaron en un comunicado casi 30 organizaciones pro-migrantes de Guatemala, México, El Salvador, Estados Unidos y Chile, que exigieron al Gobierno guatemalteco elevar “su protesta” por la muerte de la joven.

Las acciones del Minex y Conamigua estuvieron enfocadas en la repatriación del cuerpo, así como en solicitar una investigación a las autoridades estadounidenses. De momento, se sabe que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga el caso y se retiró la licencia al agente de la patrulla fronteriza señalado de dispararle.

Embajada polémica

Otra decisión controversial durante el gobierno de Morales fue el traslado de la embajada de Guatemala en Israel, de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén. Para el excanciller Gabriel Orellana, esto representó una “violación grotesca” al consenso internacional de Naciones Unidas de mantener las misiones diplomáticas fuera de la “Ciudad Santa”.

En esto coincide Villacorta, quien opina que dicha acción contradijo lo acordado por la ONU y la legislación internacional, tomando en cuenta que se había declarado un corpus separatum para esa ciudad, pendiente de una solución definitiva entre las partes, por el conflicto palestino-israelí. “Esta acción responde a que el gobierno ha perdido respaldos internos y en el afán de preservarse en el poder, se apuntaló mediante el sometimiento a la política exterior de Estados Unidos, limitando la soberanía nacional”, expresa.

Lenta recepción de ayuda

El gobierno también ha tenido traspiés con relación a la ayuda humanitaria, como quedó en evidencia durante la tragedia del volcán de Fuego. La erupción del coloso, ocurrida el pasado 3 de junio, generó la movilización de toneladas de ayuda de donantes tanto nacionales como internacionales para las más de 3 mil 600 víctimas ubicadas en albergues temporales. Tres días después, el sacerdote salvadoreño Edwin Baños organizaba una entrega de cuatro camiones cargados de víveres e insumos para los damnificados. Durante al menos 12 horas se topó con la negación de su ingreso en la frontera. Lo mismo ocurrió con apoyo llegado desde México.

La respuesta de atención de la Cancillería en ese momento fue lenta. Argumentó que debían solicitarse los permisos respectivos en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para verificar destino para exonerarlos de impuestos. “Necesitamos un trámite en el que estamos trabajando”, declaró Jovel.

El descontento ante esta y otras acciones no se hizo esperar, lo cual se patentizó en la manifestación de Usac Es Pueblo, pidiendo la renuncia de Morales, Jovel y Sergio Cabañas, secretario de la Conred, ante la “ineficiencia del gobierno, bloqueo de ayuda internacional y nula respuesta de las instituciones ante esta crisis”, indicó la convocatoria.

Los no gratos

El 27 de agosto de 2017 el presidente Morales anunció por medio de un mensaje grabado su decisión de expulsar a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Fue uno de los episodios que marcó el inicio de la crisis diplomática del actual gobierno. El mandatario ya había formulado una queja formal contra el comisionado ante la ONU por no circunscribirse al mandato de la CICIG. En respuesta, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional para detener la orden del Ejecutivo. Dos días antes, el Ministerio Público y la CICIG habían presentado una solicitud de antejuicio contra el Presidente, por financiamiento electoral ilícito.

La acción provocó una crisis a lo interno del Ministerio de Relación Exteriores (Minex), tras la cual salió el entonces canciller Carlos Raúl Morales y en su lugar se nombró a Sandra Jovel. En ese marco, la viceministra del Minex, Alicia Castillo Sosa, tuvo declaraciones desafortunadas cuando afirmó que “ningún puesto es eterno”, en relación con la solicitud de salida de Velásquez, o que se “abstuviera de inmiscuirse en asuntos internos”, cuando se le notificó al comisionado que su visa sería renovada.

Meses después, el Minex declaró non gratos a los embajadores de Suecia, Anders Kompass y de Venezuela, Elena Alicia Salcedo, bajo el argumento de “injerencia”.

Sin hoja de ruta

La conducción de la política exterior del país se ha deteriorado debido a la carencia de planes y la falta de funcionarios capaces, según indican analistas. “La política exterior de un país es el reflejo de su política interna”, explica Orellana. Para el exfuncionario, las acciones en este tema tienen como hoja de ruta básica la Constitución Política de la República. “La Carta Magna constituye el mejor programa de gobierno. Resume lo que un país ha sido, es y lo que debe ser”, afirma.

Villacorta enfatiza en que en este momento Guatemala carece de una política exterior que garantice acciones exitosas de mediano y largo plazo. El analista resalta que el gobierno ha perdido respaldos internos, especialmente del empresariado. Expresó que no puede dejar de considerarse su conducta reactiva en lo referente a la lucha contra la corrupción y la impunidad, lo que preocupa a la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional.

Por su parte, Orellana considera que el gobierno de Morales no tiene mayor motivación de proteger a los migrantes. Prefiere describir en una imagen lo que hace el presidente, en el afán de ganarse la simpatía del presidente Trump: “Es como ser el niño flaco del barrio, quiere ganarse la simpatía del bravucón para evitar que los otros lo pescoceen… Iván es el otro bravucón al que le tiene miedo”, puntualiza.

El excanciller y exconstitucionalista Alfonso Cabrera expresa que este gobierno no tiene la menor idea de lo que es política exterior. “La Constitución establece los fines fundamentales de la política internacional y delega en el Presidente la responsabilidad de mejorar condiciones internas, para establecer relaciones más cercanas con otros países. Sin embargo, las acciones actuales se han dirigido a destruir los logros construidos durante varios años para mostrar una apertura hacia la comunidad internacional. En este sentido cita, por ejemplo, las acciones dirigidas a expulsar al comisionado Velásquez o el traslado de la embajada de Israel. “Tenemos que tener dignidad como país, establecer criterios propios y tomar decisiones”, sentenció.

En cambio, el excanciller Eduardo Stein prefirió pronunciarse sobre las acciones conjuntas de los tres mandatarios del Triángulo Norte ante la visita de Pence, tema que sacó a relucir la debilidad de reacción de los gobernantes en situaciones críticas y en donde faltó una negociación estratégica regional en el abordaje migratorio. Stein señala que se debió solicitar un planteamiento conjunto del problema con acciones de mediano y largo plazo que incluyan a México: “Era una oportunidad para solicitar qué está haciendo el gobierno de dicho país para detener el mercado de consumo de narcóticos y que el flujo migratorio no se detendrá si no se resuelven problemas de fondo como lo son la pobreza, la violencia, la exclusión y falta de empleo”.

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