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Domingo

Homicidios cero, los 76 municipios sin muertes violentas


El registro de homicidios durante 2017 da cuenta de que existen 76 municipios en donde no ocurrieron muertes violentas y 39 en donde solo ocurrió una. El común denominador de este grupo de comunidades es que la mayoría se encuentra en el Occidente del país, donde el mayor porcentaje de población es indígena y vive en la ruralidad. En contraste, los territorios más violentos se ubican en el Oriente, la Costa Sur y el Centro.

Hace nueve años, Guatemala alcanzó una tasa de homicidios de 49 por cada 100 mil habitantes. Una cifra que colocó al país en la lista de los destinos más peligrosos del mundo y que, sumado a otros delitos, contribuyó a que las y los guatemaltecos restringieran sus hábitos cotidianos para evitar ser un dato más en las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Después de tres periodos gubernamentales, la tasa ha disminuido en casi 50 por ciento. Según el monitoreo de la organización Diálogos, a cargo de Carlos Mendoza, la tasa de muertes violentas que se registró al final del año pasado era de 26.1 por cada 100 mil habitantes.

Este descenso es un fenómeno que se ha estudiado desde distintas aristas académicas, pero que aún no encuentra una respuesta concisa que determine las razones puntuales para continuar con lo que se haya realizado correctamente o para evitar errores. Lo enigmático del estudio de los homicidios se detiene cuando se analiza la geografía de la violencia homicida. Es decir, en qué regiones se cometen más asesinatos y dónde se cometen menos.

Cuando se observa el mapa de Guatemala para determinar las zonas más rojas, se muestra que los departamentos del Oriente resaltan con las tasas más altas de homicidios, completando esa gama los departamentos de la Costa Sur y el departamento de Guatemala. Sin embargo, el lado occidental del país muestra tasas muy por debajo de la media nacional y con una distancia enorme respecto de los más violentos.

De los datos de la PNC evaluados por Mendoza, se desprende que 76 municipios del país no registraron muertes violentas el año pasado, mientras que 39 más registrados solo una durante el mismo periodo. Y, aunque la cifra de homicidios a nivel nacional varía todos los años, según el analista, este contraste geográfico es una dinámica que sucede desde hace más de tres décadas, según los datos que se tienen desde 1986.

La variable étnica sería la que determinaría esta diferenciación tan marcada, según el investigador y otros expertos que han evaluado el fenómeno. Las comunidades indígenas que habitan los departamentos del Occidente han mantenido distintas medidas de cohesión social que permiten una convivencia más armónica. Estas están basadas en su cultura y en su historia, y configuran dinámicas de control más eficientes que en donde existen los conceptos oficiales de justicia y orden.

Sin homicidios

De acuerdo con las estadísticas de la PNC, el año pasado hubo 4 mil 410 homicidios en Guatemala, lo que representa una tasa de 26.1 por cada 100 mil habitantes. A partir de esos datos, el desglose por departamentos y municipios muestra que por debajo de esa tasa se ubicaron trece departamentos. Los cinco con tasas más bajas fueron Totonicapán (2.6), Quiché (3), Sololá (4.4), Alta Verapaz (5.9) y Huehuetenango (6).

En contraste, los departamentos con altas tasas de homicidios y que sobrepasan la nacional son, en primer lugar, Zacapa (61.3), Chiquimula (57.3), Escuintla (52.9), Guatemala (52.3) e Izabal (43.7).

La comparación con los datos de 2016 determina que no existe variación relevante entre los menos violentos y los más violentos.

En términos absolutos, es decir, por la cantidad de municipios con cero homicidios, lideran la tabla los departamentos de San Marcos y Sololá, con 11 municipios libres de muertes violentas, Huehuetenango, con diez, Quetzaltenango con nueve, y Quiché con ocho. En total, son 13 departamentos que cuentan con municipios en donde no hubo homicidios el año pasado. En el fondo de esta lista figuran Guatemala y Petén con un municipio.

Un contrato social diferente

Distintos analistas consultados coinciden en que la variable étnica es un factor determinante para que existan estos resultados en los departamentos mencionados.

De acuerdo con Carlos Mendoza, las instituciones informales, como las alcaldías indígenas, fomentan mecanismos de solución a conflictos menores antes de que se llegue a un desenlace fatal. Es el llamado derecho consuetudinario que se ha mantenido por siglos en las comunidades indígenas y que ha propiciado distintos niveles de control y orden social que no requieren del sistema oficial para resolver dificultades entre las personas del pueblo.

La antropóloga y directora de Population Counceling, Alejandra Colom, añade que este propio sistema de sanciones es dirigido por autoridades elegidas por la comunidad, por lo que existe un consenso sobre su labor. El principal concepto que se trabaja en esos procesos de justicia y resolución de conflictos, explica Colom, es la reparación del daño.

“Además, el valor de las cosas materiales es distinto. Es un sistema social con una escala de valor distinta a la que se muestra en las áreas urbanas y mestizas”, comentó la investigadora social.

Existe un contrato social distinto, explicó Colom. Este se basa en relaciones sociales con más cohesión, puesto que generalmente son comunidades pequeñas en donde todos se conocen. “Es más fácil agredir a un extraño que agredir a alguien de la comunidad porque eso tendría consecuencias por la degradación de las relaciones sociales y el posible rechazo o expulsión de la comunidad”, dijo.

Por otra parte, el ex subdirector de la PNC en materia de investigación criminal, Stu Velasco, señala que también existe otro factor determinante. “Hay que sumar a la explicación de la ausencia de violencia homicida que los núcleos sociales de esas comunidades y municipios distan por mucho en sus flujos comerciales, económicos y sobre todo de migración interna, lo que hace descender en alta medida que el ámbito territorial de esos municipios sea atractivo para las estructuras criminales que buscan áreas en donde haya blancos de oportunidad para perpetrar crímenes o delitos”, señaló.

A estos dos factores se suma un tercero, y es el origen de la violencia en los seres humanos, que es expuesto por Mendoza y por Marco Antonio Garavito, director de La Liga Guatemalteca de Higiene Mental.

Garavito apunta que la violencia es un fenómeno cultural, es decir, no existe una predisposición del ser humano para la violencia. “La frustración humana es un fenómeno generado desde la insatisfacción y eso dispara la agresividad y la violencia. En las comunidades indígenas existen factores de tolerancia a la frustración que permiten un mejor control como las familias ampliadas, la religión y la cohesión social”, subrayó.

El psicólogo añade que la concepción neoliberal de consumo que ha penetrado con más fuerza en las comunidades urbanas y mestizas persigue la violencia instrumental, es decir, la violencia como una herramienta, para obtener cosas materiales y así escalar en estatus.

Mendoza identifica a esta variable como estructural y que se denomina como desigualdad. “La violencia surge para obtener estatus de manera ilegítima, en estas comunidades hay más oportunidades para escalar en la pirámide social de manera legítima”, concluye.

Sin embargo, los expertos hacen referencia a que, aunque no existan homicidios o la tasa sea muy baja en estas regiones, sí existen otros tipos de violencia, como la violencia basada en género que se desarrolla generalmente dentro del ámbito privado de las familias y de la víctima.

“Es un sistema patriarcal que respeta o no interviene en asuntos privados, a menos que la víctima lo requiera. El sistema de sanciones funciona más para resolver cuestiones que afectan los lazos colectivos, que los privados. Si una mujer es golpeada en su casa, es muy probable que nadie haga nada, pero si es agredida en público, seguro habrá consecuencias”, destacó Colom.

Por otro lado, la explicación que le da Mendoza a la violencia de Oriente le permite prestar un concepto utilizado por investigadores de la Universidad de Michigan que estudiaron las razones de los altos grados de violencia en el sur de los Estados Unidos. El concepto es la cultura del honor y hace referencia a que en esa área los colonizadores eran europeos que se dedicaban al pastoreo de animales. Pero un factor determinante de esa época es que no había presencia fuerte del Estado, por lo que las personas debían defender su honor, es decir, sus pertenencias y su valor, por sus propios medios, “por sus pistolas”.

“Es un escenario muy parecido al de los departamentos orientales del país. Las mismas actividades comerciales, la utilización de armas y la agresividad para defender lo suyo. Entonces, así como la ausencia de homicidios proviene de un factor cultural, también la prevalencia de estos del otro lado del país proviene de una característica cultural”, reflexiona el experto.

Menos mayas en prisión

De acuerdo con cifras del Sistema Penitenciario en donde se identifica la procedencia étnica de las y los privados de libertad, se muestra que, del total de la población en todos los centros de reclusión del país que suman 23 mil 899, solo 3 mil 505 pertenecen a la etnia maya, 315 son xincas, 31 son garífunas, y 20 mil 48 son mestizos. Según Carlos Mendoza, esta cifra reforzaría la hipótesis de que la población indígena es menos propensa a cometer delitos graves.

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