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Domingo

Carlos Martín Beristain: «La reparación tiene que tener garantía de no repetición»


El psicólogo social que ha acompañado a víctimas de varios países del mundo expone sobre la necesidad de que el Estado establezca políticas de atención integral posteriores al desmantelamiento de redes de corrupción y la persistente violación a Derechos Humanos.

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¿Qué impacto social tiene la corrupción?

– Si los recursos se usan de forma fraudulenta, no hay dinero para los hospitales o educación, porque hay una sustracción del bien público para intereses privados; lo otro, es que se rompen las reglas básicas del comportamiento de la institucionalidad, como la rendición de cuentas. Por otra parte, la corrupción aumenta la ilegalidad, porque el dinero se desvía para enriquecimiento personal y otras veces para fines clientelares, incluso para redes criminales. Además, rompe las reglas básicas de la convivencia: si los políticos roban, se prostituyen los valores de una sociedad; al notar que una institución que tiene que dar respuesta a la responsabilidad del Estado está mediatizada por la corrupción, genera un efecto de barra libre.

En Guatemala se habla de justicia transicional en el contexto de la lucha contra la corrupción. ¿Es posible iniciar ese proceso cuando parece que no se logró un proceso de transición posconflicto armado?

– Depende cómo se entienda el término transicional. La justicia transicional es un conjunto de medidas articuladas para hacer frente a un periodo de graves violaciones de Derechos Humanos, y, en los cuales, los mecanismos de justicia no funcionan para hacer frente a esa verdad. Ese es el trabajo de una Comisión de la verdad, la discusión de cuáles son las posibilidades de potenciar mecanismos de justicia para hacer frente a esas violaciones y qué nuevos mecanismos hay que crear, cuál es la reparación a las víctimas, cuáles son las medidas de transformación para que en el futuro no se repitan esas violaciones.

¿Qué elementos debe tener la transformación?

– Primero, con atención a las víctimas, cómo se enfrenta las consecuencias de las violaciones a Derechos Humanos. No solo referida a la estadística de muertos o desaparecidos sino de vidas truncadas, impactos individuales y colectivos, y la necesidad de una política que las enfrente. Desgraciadamente, en el caso de Guatemala el impacto que han tenido los programas de reparación después de la verdad ha sido muy reducido. Lo que vemos en muchos procesos de transición, es que los mecanismos habituales de justicia no están preparados para hacer frente a esas violaciones y no se han articulado nuevos mecanismos.

Se necesitan cambios en el sistema de justicia y esos cambios son más lentos y se precisa un cierto cambio político para que pueda funcionar. Si no las viejas prácticas de la falta de justicia se acumulan en el proceso transicional. En Guatemala han pasado años, hasta que haya habido juzgados específicos que han abordado todo eso ¿Cuántos años han pasado desde la Comisión de la verdad? Doce, trece años, hasta que algunos de esos mecanismos se han ido poniendo en marcha. En estos procesos hay que quebrar la impunidad. La corrupción no se quiebra sino se quiebra la impunidad. Es la única manera de romper el círculo vicioso.

Parece que algunos jueces se resisten a dictar resoluciones en casos de corrupción. ¿Hay una salida alterna a la vía judicial?

–Hay que poner el foco no solo en la medida penal sino en los factores que hacen posible que la corrupción se mantenga, la forma en que se hacen los contratos. Para eso tiene que haber una política, las medidas parciales no tienen la capacidad de transformar una situación. Un caso te lleva a enfrentarlo con una acción penal; pero si tienes un conjunto de muchos casos o un sistema que produce muchos elementos, necesitas otro abordaje, lo penal no te sirve más que para mostrar que la justicia funciona y que hay una preocupación sobre eso. Pero para desconectar el fenómeno, necesitas transformar los mecanismos que lo hacen posible.

¿Qué medida de reparación efectiva se demanda para casos como el del incendio en el Hogar Seguro?

– Me parece que no hay que esperar a que haya una resolución porque la situación de vulnerabilidad, el impacto de los hechos, las necesidades de las sobrevivientes –atención de salud y psicosocial, reintegración familiar– son de ahora, no se puede esperar a tener una resolución judicial definitiva. Lo segundo, es notar que la reparación no puede ser un conjunto de medidas fragmentadas, pues no tienen ninguna energía ni capacidad de transformación. Tiene que haber una efectiva coordinación interinstitucional para definir bien cuáles son las medidas que hay que llevar a cabo y cómo solucionarlas. Escuchar a las víctimas, generalmente, los Estados no las escuchan. Facilitar espacios para que el Estado escuchase a las víctimas. Y también que las medidas que se articulasen, sean de forma coordinada. Eso no se hace con actividades sueltas. Se hace con un programa conforme a estándares institucionales. La reparación debe tener un componente de restitución de los derechos que han sido violados, compensación económica por el daño sufrido –tiende a verse solo como esto– pero no es todo, medidas de rehabilitación física, psicosocial, medidas educativas que permitan recuperar el proyecto de vida de las víctimas. Hay otras medidas de satisfacción, como la verdad, que se eliminen los estigmas hacia las víctimas, que se reconozca su dignidad. La reparación tiene que tener garantía de no repetición. Una de las cosas que más he escuchado de las niñas y las familias es: “a nosotras se nos culpa”. Son parte de una situación de desestructuración familiar en un contexto de pobreza, pero no son responsables del incendio.

La reparación tiene que tener garantía de no repetición. En el caso de las niñas, hay unas políticas más estructurales –niñez, hogares, etcétera– y medidas de no repetición, urgentes. No se puede esperar que haya una transformación de los sistemas de acogida, que duran años, sino hay ciertas cosas que hay que cambiar como las situaciones de alerta, protocolos de actuación, problemas en esos y otros hogares, lar revisión de políticas de institucionalización en el momento actual.

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