Viernes 15 DE Noviembre DE 2019
Domingo

Presidios: El agujero negro de un sistema que se niega al cambio

Fecha de publicación: 15-04-18
Por: Ingrid Cárdenas, Magda Corado, Carlos Melgar y Rina Monroy

El Sistema Penitenciario (SP) vive en crisis: en las cárceles, hacinadas y en condiciones deplorables, prevalece la corrupción y la violencia. Con más de 22 mil reclusos y una sobrepoblación de más del 300 por ciento, cooptado por las mafias, el SP ha olvidado por años el objetivo primordial de la prisión: la rehabilitación y la reinserción de los detenidos.

La complejidad de la conducta criminal abarca aspectos sociales, económicos y psicológicos. Por esa razón, los sistemas penitenciarios en la mayoría de países con altos índices de desarrollo humano y respetuosos de los tratados sobre derechos humanos, buscan orientarse en subsanar los conflictos individuales, las condiciones psicosociales del reo para promover que la prisión no sea solo un espacio de castigo sino, ante todo, el lugar que le permita convertirse en un ciudadano de bien: cambiar de raíz los orígenes de la violencia y la delincuencia.

La Constitución guatemalteca y los tratados firmados –entre ellos las reglas Nelson Mandela de Naciones Unidas– conciben que la prisión debe enfocarse en rehabilitar y reinsertar a los privados de libertad. Sin embargo, la brecha entre el papel y la realidad es muy grande: los programas implementados por el SP no llegan a toda la población privada de libertad. Se desconoce el perfil de prisioneros, lo que impide conocer las necesidades, plantear presupuestos y contratar personal adecuado. Hasta ahora los prisioneros son recluidos, y cuando salen de prisión se enfrentan nuevamente con las mismas realidades de las que tenían al entrar; las probabilidades de que vuelva a reincidir son muy altas.

La historia sin fin

C* relata que las condiciones en las que vivía junto a su padre en 1983 influyeron en su comportamiento como adolescente y joven. “Mi papá nos pegaba, se ponía a alegar y quebraba las pocas cosas que habían en nuestro humilde cuarto, que era de piso de tierra, paredes de adobe, techo de lámina y dos cuartos –uno para cocina–, en el otro dormíamos con nuestros cuatro hermanos y una hermana, mi prima la Rosita, en el piso con unos cartones… nunca fui a estudiar…”, recuerda “C”.

Un día el padre de “C” desapareció y fue su madre quien tuvo que hacerse cargo de la familia y mantenerla con el poco dinero que recibía por acarrear agua.

“Quería estudiar mecánica, ese era mi deseo, con los años comencé a consumir marihuana, luego probé la cocaína, ahora son hasta tres toques al día, eso me hace feliz, al final mi mamá nos abandonó cuando yo tenía los siete años. De joven, empecé a robar carteras en la famosa camioneta La Morena, 10 Mixco y 10 Belén. Abrir carros. Me servía para comer y para mis puritos”. “C” ha estado en prisión dos veces, una por robo de autos, y la segunda por posesión de cocaína, por lo que recibió año y medio de encierro. Nunca ha sido detenido o investigado por homicidio, a pesar de que confiesa que ahora se dedica al sicariato.

“C” señala que en las cárceles hay una total desatención de las autoridades, y que quienes no se alinean, terminan sufriendo malos tratos y torturas. Apunta que la razón por la que ocurren los amotinamientos es debido a la falta de condiciones dignas. De los programas de reinserción, asegura: nunca los ha visto.

“No existe apoyo para estudiar, menos para distraerse con un deporte. Cuando uno sale de ahí, ya está maleado. Uno su corazón lo tiene acabado. Me cuido de no caer, porque ahí va uno solo a aprender más cosas, a defenderme, a atacar, a conocer sombras en la oscuridad a donde pertenezco”.

Según el Derecho de los sistemas garantistas, la rehabilitación y la reinserción son los fines que se busca alcanzar a través de las penas y del sistema penitenciario; para alcanzar los resultados se requiere de una política pública con una agenda clara y líneas de acción para lograr los objetivos. En ese sentido, el sistema guatemalteco y su legislación están diseñados con las premisas de un sistema garantista.

La rehabilitación y reinserción implican muchos elementos entre los que están garantizar el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad, que estén recluidos en espacios dignos, amplios –está probado que el hacinamiento genera conflictos y violencia–, alimentación adecuada, salud, áreas de esparcimiento y de deporte, lectura; terapia psicológica; y que el sistema provea educación y talleres de formación laboral e incluso que genere fuentes de empleo para los reos. Sin embargo, el trecho entre la teoría y la práctica es muy largo.

El Ministerio de Gobernación (Mingob), a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), tiene a su cargo el régimen carcelario. Un total de 22 centros de reclusión. De ellos, cinco son centros de cumplimiento de condena, dos son centros de alta seguridad y 10 centros de prisión preventiva. Además, están las 21 cárceles públicas bajo control de la Policía Nacional Civil (PNC). Las cárceles tienen una capacidad real para 6 mil 500 personas: hay un 330 por ciento de sobrepoblación.

El Informe Anual Circunstanciado 2016 de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) señala que los problemas del SP presentados en los años anteriores persisten, entre estos destacan la falta de control y seguridad de los centros de detención, la sobrepoblación y el hacinamiento, condiciones deterioradas y limitadas de la infraestructura penitenciaria, la falta de garantías para el acceso a la salud, y corrupción interna. Se han hecho una serie de llamamientos a poner la mirada sobre el sistema, y ha habido intentos para reformarlo, pero hay pocos resultados.

El último llamado de atención fue la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –incluyendo a su presidente Jorge Erigueren, a dos vicepresidentas y cinco comisionados–. Entre sus prioridades estaba el de verificar la situación de los privados de libertad y su pronunciamiento fue una crítica a toda la situación carcelaria.

Sin las condiciones mínimas para rehabilitar

La Política Nacional de Reforma Penitenciaria 2014-2024 establece que los principales fines del SP deben estar orientados en la readaptación y la reeducación penitenciaria, sin embargo, hasta ahora la institución ha dado mayor importancia a la custodia y la seguridad.

En el rubro de la salud el SP cuenta con 14 médicos, lo que implica un profesional por cada 1,616 privados de libertad, del total de 22 mil 630, conforme información del SP.

Rudy Esquivel, vocero del SP, asegura que la falta de presupuesto impide que se pueda dar una adecuada alimentación a toda la población reclusa. De acuerdo con esa institución a diario un privado de libertad representa unos Q50 en manutención, mientras que cada tiempo de comida oscila entre los Q10 a Q12.

La prestación del servicio de alimentación se ha contratado a empresas privadas, sin embargo, el sistema no tiene un método de monitoreo y evaluación de la calidad de los alimentos. A la fecha se registran siete empresas proveedoras de alimentos, según indica Esquivel, que también han sido objeto de críticas por parte de la prensa y de la PDH. Algunos reos han decidido emprender su propia cocina con la producción agrícola de sus alimentos, para beneficio propio, asegura Esquivel. Es vox populi que los reos que tienen dinero tienen la posibilidad de comprar o ingresar alimentos de mejor calidad.

Las cárceles tomadas y un Estado indiferente

El analista Zoel Franco del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), indica que “la ley de Régimen Penitenciario tiene 11 años desde que entró en vigencia en 2006 y su reglamento en 2011, no se implementó desde un inicio y no hubo una ruta adecuada para su implementación y se siguió trabajando con el modelo anterior”.

Franco afirma que se mantiene el mismo modelo de las últimas granjas penales que fueron construidas en la década de 1970; ese modelo, explica Franco “funciona como un tema de privación de libertad, solo como respuesta a penar el delito”, y descarta las posibilidades de la rehabilitación y la reinserción. El abandono presupuestario y la falta de voluntad política para aplicar la Ley provocaron un vacío que fue llenado por las mafias que se consolidaron al interior de las cárceles. Otro factor que Franco destaca es la falta de voluntad política: “Cuando hablamos de falta de voluntad política, es cuando a alguien le interesa o no el sistema. El SP ha sido segregado, escondido o alejado del ámbito público. Con esto puede pasar cualquier tipo de cosas adentro de la prisión. Lo que hemos visto, en el peor de los casos, son muertes violentas dentro de los centros de privación de libertad y, por otro lado, en el ámbito administrativo, actos de corrupción. Hay un exdirector que está siendo procesado por actos vinculados a la corrupción”.

El caso de Byron Lima es paradigmático de cómo el sistema penitenciario fue cooptado.

En ese sentido, recientemente fue develado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), el caso “Granja Penal Pavón: Asesinatos por poder, control y negocios”, que detalla la forma en cómo el privado de libertad Marvin Montiel alias el Taquero, planificó y ejecutó la muerte de Byron Lima Oliva y otras 13 personas, en la búsqueda del control de dicho centro carcelario.

La violencia es el resultado, en muchas ocasiones, de esas pugnas por el poder entre los mismos presos y contra el personal que labora en las instituciones: guardias, administrativos y directivos. Los hechos violentos son cotidianos, afirma el Observatorio Nacional de Cárceles.

El mismo Observatorio identifica la violencia económica y la relaciona con los grandes negocios ocultos que se dan en las cárceles. Conforme un estudio efectuado recientemente por esta entidad, el 34.8 por ciento de la población analizada había sido objeto de vejámenes. Entre otros tipos de agresiones, se identificaron casos de violencia física, sexual y psicológica. Una conclusión del estudio es que las mafias que generan algún tipo de violencia son una limitante para las víctimas en sus procesos de rehabilitación, ya que las ubica en posición de desventaja y muchas veces hasta de sometimiento.

La Ley está bien, el asunto es aplicarla: El régimen progresivo

En Guatemala la legislación se basa en el llamado régimen progresivo que busca la satisfacción de las necesidades del reo, la realización del penado y que contempla que poco a poco –con el seguimiento de programas y personal especializado– la pena se vaya atenuando. Un ejemplo de éxito del sistema progresivo es el de Suecia, cuyos índices de criminalidad son de los más bajos del mundo.

Según la Ley guatemalteca, el detenido debería pasar por cuatro fases: La primera consiste en un diagnóstico y ubicación, que serviría para establecer un plan de atención técnica que debe ser regulada por un equipo multidisciplinario. En esta se evidenciarían las condiciones de salud física y mental, la personalidad, niveles socioeconómicos y la situación jurídica del detenido.

En la segunda fase se plantea efectuar un plan técnico individualizado, con el apoyo de los profesionales de la Subdirección de Rehabilitación Social, a través de equipos multidisciplinarios. En la tercera fase, la de la prelibertad, la persona reclusa debería afianzar su vinculación familiar y su relación con la comunidad exterior.

Por último, en la fase de libertad controlada, el recluso obtiene la libertad bajo la aprobación del juez, con un dictamen favorable de la Subdirección de Rehabilitación y la aprobación de la Dirección General, para que pueda desarrollar trabajo o estudio fuera del centro penal. Para ello debe haber cumplido por lo menos la mitad de la pena.

Los equipos multidisciplinarios deberían convertirse en la columna de todo el régimen progresivo. Estos, conforme la ley, deben estar integrados por profesionales de medicina, ciencias psicológicas y ciencias jurídicas y sociales, personal técnico en orientación vocacional y laboral, así como trabajadores sociales.

Franco, del ICCPG, apunta que si bien el régimen progresivo es una instrumentación normativa, no se aplica en Guatemala donde “solo funciona como un tema de privación de libertad, en respuesta a penar el delito”. No se han planteado objetivos, indicadores y designado personal adecuado.

En las discusiones y mesas de planificación en que se habla del tema de la rehabilitación, siempre surge de parte de autoridades y analistas otro tema: el presupuesto. El sistema requiere más fondos y la readecuación presupuestaria para invertirlos en este rubro.

Durante su gestión, el exministro de Gobernación, Francisco Rivas, en una citación en la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, solicitó la aprobación de un incremento del 20 por ciento sobre el presupuesto actual de Q5 millardos, el titular señaló que dentro de este monto se contempla un rubro del 15 por ciento para el SP, específicamente en la construcción de tres centros carcelarios que se podrían realizar en los departamentos de Guatemala, Jutiapa y en Zacapa dentro de la Cárcel Los Jocotes, y para proyectos de prevención del delito, investigación criminal, seguridad ciudadana y operatividad en la PNC.

En los últimos tres años, los registros de la Subdirección de Recursos Humanos dan cuenta que solo el 6 por ciento del personal de la institución estaba asignado a la Subdirección de Rehabilitación Social, en donde los empleados habían tenido a su disposición un mínimo porcentaje del presupuesto institucional.

En el área de atención psicológica hay 16 psicólogos, es decir, un profesional por cada 1,414 detenidos.

Eddy Morales, exdirector del SP, señala que el perfil de los funcionarios y trabajadores debe ser acorde al puesto que desempeñen y estos deben poseer características como la vocación. El sistema requiere, según Morales, a profesionales de diversas disciplinas, además de tener experiencia en administración pública, estudios en análisis estratégico, experiencia en temas de seguridad y administración penitenciaria, estudios en derechos humanos y resolución de conflictos.

Estos lineamientos, según el exdirector, deben ser lo ideal, pero la realidad es muy diferente. Franco, del ICCPG, señala que la preparación de las personas que laboran en el SP no es la adecuada y lo que se hace evidente es la ausencia de una carrera penitenciaria que permita la profesionalización del personal.

Según Franco, una de las soluciones es la participación de diferentes sectores y la definición de perfiles, incluso abrir la puerta a organizaciones internacionales que tienen experiencia, para que ayuden a plantear la idea de las modificaciones que necesita el SP.

En el mismo sentido, Margarita Castillo, socióloga de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), afirma que es prioritario abrir espacios para las organizaciones y personas individuales expertas en estos temas para trabajar una propuesta de acciones y calendarizarla.

Según el Estado sí hay programas, pero no para todos

Al entrar al Preventivo de la zona 18, A* se sorprendió de encontrar amigos, personas buenas, que no eran delincuentes porque quisieran serlo, sino porque el contexto no les dio opciones. Después fue trasladado a Pavoncito, un lugar donde no hay control; encontró un mundo de drogas, alcohol, prostitución y extorsión. Allí vivió dos motines. Por dos años y medio resistió en un espacio donde todos peleaban contra todos.

En esa etapa “A” se dedicó a algunas actividades que le dieron ciertos beneficios. Hacía deporte, reparó las conexiones eléctricas y pintó murales dentro del sector; con ello pudo obtener permiso para hacer llamadas telefónicas y tener mejor comida.

El día tan esperado finalmente llegó. Volvió a ser libre, pero enfrentaba muchos obstáculos: no tenía trabajo, dinero ni hogar. No sabía qué hacer, debía empezar desde cero. Al no tener las herramientas para reintegrarse en un trabajo, rondó por su cabeza la idea de volver a la vida que tenía antes de entrar a la prisión. Sin embargo, encontró la motivación en su hijo. Después de meses desempleado encontró trabajo como piloto de bus.

“A” enfrentó muchas dificultades para estabilizar su vida tras salir de la prisión, ya que no pasó por un proceso que lo preparara para reincorporarse de inmediato a la vida laboral; no contaba con los medios para subsistir y apoyar a su hijo.

Este testimonio evidencia que la rehabilitación en las prisiones surge como iniciativa de los reclusos, pero no existen programas por parte del Estado con la finalidad de incentivar la reinserción social de todos los presos.

A pesar de las evidencias, de los informes, y denuncias; Esquivel, vocero del SP, afirma que sí existen programas de reinserción para que el recluso. Al momento de cumplir su condena pueda reinsertarse a la sociedad sin problemas, pero estos programas son opcionales, no obligatorios, y solo un 25 por ciento se interesa en estos, afirma el funcionario.

La reincidencia, es decir que el expresidiario vuelva a delinquir, es uno de los indicadores más importantes que miden el desempeño de los sistemas penitenciarios y servicios postpenitenciarios, considerando que esa variable en la mayoría de los casos es producto de deficiencias en los programas de rehabilitación y reinserción social.

Conforme el Organismo Judicial (OJ), en los últimos tres años el 59 por ciento de las personas condenadas que recuperaron la libertad retornaron a los centros de detención del país por ser denunciados o sorprendidos cometiendo nuevos delitos. Una posible explicación, desde la lógica del tratamiento que propone la Ley del Régimen Penitenciario, es que los privados de libertad no estaban recibiendo las herramientas ni el soporte comunitario que les permitiera retornar exitosamente a la sociedad.

En el área de tratamiento penitenciario, se observaba que la educación formal solo llegó a 15 de 21 centros de detención, de ahí que solo dos de cada diez reclusos estaban inscritos en programas educativos, detalla un informe de la Política Nacional de la Reforma Penitencia 2014 a 2024.

Una de las propuestas y experiencias exitosas en otros países es la de incentivar a las empresas privadas a que contraten la mano de obra de exreclusos, para evitar la reincidencia, fomentar el cooperativismo penitenciario e impulsar programas laborales en el interior de las prisiones orientados a la ocupación y creación empresarial.

En el área laboral se estableció que el 83 por ciento de la población reclusa desarrolló algún tipo de trabajo u ocupación en los centros de detención. A pesar del alto porcentaje, es preciso indicar que esas actividades fueron impulsadas por los mismos privados de libertad y no por el SP, a través de programas formales con procesos de monitoreo y evaluación, señala el informe de la Política Nacional de la Reforma Penitenciaria 2014 a 2024.

Una nueva receta…

A pesar de lo que pareciera un olvido permanente del Estado, sí que ha habido algunas iniciativas encaminadas a hacer cumplir el sistema progresivo y que las cárceles cumplan su cometido. Sin embargo, estas son truncadas por los cambios de autoridades, incluso dentro de los mismos gobiernos.

Por ejemplo, en el 2008 se implementaron programas con la visión de fomentar la reinserción social y crear cooperativas penitenciarias, las cuales tienen como objetivo hacer auto sostenibles los principales proyectos productivos; por ejemplo la carpintería, pintura, peluquería, maquila de ropa, serigrafía, sastrería, creación de spots para radio, producción de calzado, herrería, lavandería, panadería, elaboración de hamacas, cultivo de verduras y frutas, crianza de animales de corral, entre otras.

“Durante mi gestión se impulsó el programa de Cooperativas Penitenciarias, esto permitiría a los privados de libertad comercializar los distintos productos para generar un fondo que es de utilidad al momento de salir. Se institucionalizaron la telesecundaria, la primaria acelerada, los institutos de educación secundaria y el bachillerato por madurez. Pero no se continuó con dichos programas”, afirma Morales, exdirector del SP.

“Hay tanta gente adentro de las cárceles, mano de obra calificada, que podríamos emplearlos para que ellos mismos rehabiliten a otros reclusos con la misma contribución. ¿Por qué desperdiciar eso cuando podría generar un valor agregado al SP?”, dijo Morales ese año.

En el caso de algunas cooperativas penitenciarias, las ganancias son ahorradas en un fondo que posteriormente permite a los exreclusos la creación de pequeñas empresas cuando son puestos en libertad.

Desde 2016, hay una iniciativa que pretende administrar de forma diferente las cárceles en Guatemala, basada en un modelo de República Dominicana: “uno de los pocos que hasta ahora ha logrado una reforma penitenciaria exitosa”, explica Corinne Dedick, analista de Seguridad y Justicia Ciudadana del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Dedick resalta como avance, la graduación de las primeras promociones de agentes penitenciarios capacitados y el traslado de un primer grupo de internos a los que se capacitará y dará empleo de manera que puedan generar ingresos que les permitan sostener a sus familias.

Según Dedick, ya se muestran avances en el primer módulo que dio inicio este año, se trabaja con la población condenada en los centros de reclusión especiales para cumplimento de condenas como Pavón, Fraijanes y el Infiernito.

Por su parte, el exministro de Gobernación, Rivas, afirma que: “El modelo sigue en marcha, pero migrar de un sistema a otro representa como mínimo diez años para trasladar a 20 cárceles a una nueva gestión, se depende de presupuesto y voluntad política”.

Rivas hace énfasis en que la rehabilitación es una tarea del Estado en su totalidad y no depende únicamente del SP, por lo que determina acciones conjuntas con instituciones públicas y privadas.

Entre las acciones concretas que propone Rivas se encuentran fortalecer las relaciones interinstitucionales; controlar permanentemente la cooperación, coordinación y colaboración interinstitucional e intersectorial; implementar en el SP un control de la situación jurídica de la población privada de libertad; y reducir de forma segura la población reclusa.

Nuevos proyectos de rehabilitación

Entre las iniciativas para obtener una eficiente rehabilitación, el Mingob planifica la construcción de tres nuevos centros, uno de ellos en Villa Nueva.

“Este es un proyecto de rehabilitación, nosotros no le denominados cárcel porque es un concepto distinto; de hecho, este centro de rehabilitación no es dentro de la reforma al SP, sino que es un modelo completamente nuevo y bajo una lógica distinta. Será el primero, se construye en Villa Nueva, pero está contemplada la construcción de otros centros de diferente clasificación, hasta de máxima seguridad, que van a estar en otras ubicaciones. Este es el modelo que tiene menos riesgo para la población”, dijo el 26 de abril de 2016, Axel Romero, viceministro de Gobernación, en una entrevista al diario La Hora.

Para Dedick del CIEN, lograr una reforma del sistema penitenciario, como lo ha hecho República Dominicana, es un camino largo: “Este trabajo lleva diez años. Es un proceso que no se puede dar en un sistema penitenciario con tanta corrupción como el nuestro”.

Durante su gestión, Carlos Menocal, ministro de Gobernación del gobierno de Álvaro Colom de 2010 a 2012, argumentó que la debilidad estructural no permitía cambios de fondo en Presidios y por eso únicamente se lograban paliar algunas situaciones urgentes.

Jörg Stippel, autor del texto Cárcel, derecho y política, señala que las reformas a la política criminal fracasan si no se cambia la concepción de la misma.

De acuerdo con Stippel, a nivel social debe trabajarse por divulgar políticas que se orienten a la rehabilitación y reinserción, debido a que los medios de comunicación y discursos políticos ocultan el análisis de los problemas sociales y los sustituyen por juicios morales que están encaminados a hacer creer a la población que el criminal debe ser castigado y, por lo mismo, recrudecer las penas dentro de la prisión, cuando esto lo que produce es el colapso del SP.

Por otro lado, Stippel sugiere que la política criminal debe enfocarse en evitar la privación de libertad, reformar los recintos carcelarios y ampliar las penas alternativas. Dar penas alternativas a los delitos menores, según Stippel, también contribuye a evitar la sobrepoblación en las prisiones.

A pesar de la escasa continuidad que se ha dado a los programas de rehabilitación y reinserción, y que se ha ignorado lo que expertos e investigadores han sugerido sobre el sistema; todos coinciden en un punto: si no se pone atención y se enfocan los recursos y la voluntad política para que se cumplan los fines de rehabilitación y reinserción, los índices de violencia y criminalidad no descenderán.

Este reportaje fue elaborado en el marco del Ciclo de Actualización de Periodistas (CAP)