Martes 18 DE Septiembre DE 2018
Domingo

Las muertes violentas como plataforma para estrategias políticas

Del 1 de enero al 31 de octubre, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) contabiliza 4 mil 553 muertes relacionadas a hechos criminales. Aunque la tendencia es a la baja, algunos casos mediatizados se caracterizaron por su alto grado de violencia. Esto ha sido aprovechado por la clase política para emitir iniciativas que podrían afectar a los grupos sociales y no solo a los grupos criminales.

Fecha de publicación: 19-11-17
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Pavel Gerardo Vegapvega@elperiodico.com.gt  –La vida de Brenda Domínguez se apagó el 29 de abril pasado, tres días después de que un automóvil la arrolló a ella y a otros 12 de sus compañeros de la Escuela de Comercio II quienes manifestaban sobre la Calzada San Juan como medida de presión para mejorar la calidad educativa en el establecimiento y para exigir maestros.

El vehículo que se aproximó al tumulto de estudiantes no dudó en sobrepasar el derecho constitucional a la manifestación y aceleró contra los adolescentes. Entre gritos de auxilio, miedo y enojo, el carro avanzó sobre los cuerpos de los jóvenes. Brenda tenía 16 años y su anhelo era estudiar Derecho para convertirse en abogada.

Para tratar de rescatarla, la ambulancia llevó a la joven directo al Hospital Roosevelt. Sus extremidades estaban deshechas porque las llantas del vehículo las destrozaron cuando pasó sobre ella y aceleró la marcha para avanzar sobre los cuerpos. La pierna derecha, amputada, y todo indicaba que la izquierda también sería removida. El pronóstico era pésimo, pero Brenda se mantenía estable en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital mencionado.

Sin embargo, el 29 su cuerpo ya no resistió. Esa madrugada fue la última en la que Brenda respiró.

Horas más tarde de su muerte, el Ministerio Público (MP) efectuaba allanamientos en una vivienda y una iglesia para encontrar al responsable del homicidio. Era Jabes Meda, el hijo de un pastor evangélico que olvidó por un momento sus lecciones religiosas de respeto a los demás y que se alistaba para salir del país.

Ese es uno de los casos que atizó los cuestionamientos y la polémica sobre los hechos criminales en el país. Porque, aunque las cifras de homicidios han disminuido, se ha intentado mantener la percepción de que la situación criminal ha incrementado o se mantiene en índices de hace más de cinco años.

Un discurso que se ha planteado desde los sectores conservadores que pretenden, a través de iniciativas de ley y movimientos mediáticos en redes sociales, que se aprueben reformas al Código Penal para endurecer las sanciones de quienes delinquen en formas específicas.

Las cifras

Desde que surgió el Inacif en 2007, la investigación de los hechos criminales se ha especializado y se ha realizado un mejor registro de los datos que permiten evaluar las condiciones del país en materia de violencia criminal. Según estos datos, comparados con los de la Policía Nacional Civil (PNC) fue 2009 cuando más homicidios se registraron. Fueron 7 mil 36 personas fallecidas ese año a consecuencia de hechos criminales, conforme los datos forenses.

Es la evaluación interanual que realiza el analista Carlos Mendoza la que permite descifrar los sucesos con más detenimiento. Y es que, según los números recabados por Mendoza, este año, a diferencia de hace ocho años, la cifra hasta el 31 de octubre es de 4 mil 573 muertes relacionadas con hechos criminales. Es decir, 23 por ciento menos que en 2009.

La tendencia ha sido a la baja desde ese año, un año que fue aprovechado por la entonces bancada del Partido Patriota, liderada por Roxana Baldetti, para hostigar al gobierno de turno a través de las citaciones circenses y la interpelación al ministro de Gobernación en ese entonces, Carlos Menocal.

Esos altos índices de criminalidad fueron la plataforma perfecta para la campaña de mano dura de Otto Pérez Molina, quien hizo de ese discurso contra el crimen fuera el centro de la discusión política para las elecciones de 2011 en donde él fue vencedor junto a Baldetti.

Lo que la campaña del Patriota ocultó fue que solo en 2010 ya había disminuido la cifra de 7 mil 36 a 6 mil 684, y así se mantuvo la tendencia a la baja que muestra este año menos de 2 mil casos comparados a 2009.

La violencia de 2017

Aunque ha disminuido el índice de homicidios, tampoco se puede celebrar que Guatemala escapa de estar en las listas mundiales de países más violentos. Las cifras indican que julio fue el mes con más muertes registradas. Fueron 521 en ese período, mientras que los otros mantienen un rango entre los 420 y los 465. Comparadas con las cantidades de 2009 que registran un rango entre 554 y 620 existe un descenso significativo en el número de crímenes.

Un fenómeno que este año sí incrementó fue la percepción de que las maras estaban arreciando su criminalidad. Un hecho que capturó la atención de la sociedad y que asombró por su alcance desmedido de violencia fue el registrado en el Hospital Roosevelt a mediados de agosto cuando pandilleros irrumpieron en el centro asistencial para rescatar a un miembro de su agrupación criminal. En el lugar fallecieron 7 personas por causa de una balacera que dejó los pasillos manchados de sangre.

Este atentado coincide con los operativos masivos que se han realizado desde el Ministerio de Gobernación para capturar a cientos de pandilleros involucrados con extorsión de comercios y viviendas en zonas populares.

Este ambiente turbulento también coincide con las propuestas de políticos conservadores que ven en iniciativas de ley el camino para perseguir los delitos. Este año han surgido dos propuestas que han generado debate. Una es la Ley Antimaras y la otra la Ley contra el Terrorismo.

Ambas iniciativas intentan penalizar con más especificidad los crímenes relacionados a algunos grupos delincuenciales. Sin embargo, se omiten las cifras de criminalidad relacionadas a estos grupos. El diputado Felipe Alejos, ponente de la iniciativa antimaras no supo explicar cuál era el índice de criminalidad de las pandillas ni qué hechos están vinculados a ellas.

Además, la propuesta es ambigua para determinar qué es una mara, pues ya existe el delito de Asociación Ilícita que se encuadra en los hechos vinculados a los pandilleros.

Por otra parte, la Comisión de Gobernación del Congreso, presidida por el diputado Napoleón Rodas, dio dictamen favorable a la iniciativa que trata de crear una Ley contra el Terrorismo. Pero, en este caso, la propuesta causa más temor, puesto que la definición de acto terrorista podría incluir manifestaciones o protestas sociales contra las instituciones estatales o privadas.

“Toda conducta típica, antijurídica, culpable y punible que provoque intimidación, zozobra, alarma o temor en la población o sector de la misma (…) que atente contra la salud, la libertad y la seguridad de las personas o del patrimonio, afectando edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalación motrices o cualquier otro bien o servicio” se lee en Artículo 4 de la iniciativa.

Es decir, manifestaciones como las del 14 de septiembre frente al Congreso de la República o los bloqueos carreteros realizados por grupos campesinos e indígenas estarían incluidos en la norma. Además, riñe con el precepto constitucional de la libertad de expresión y manifestación.

En el caso de Brenda, ella y sus compañeros serían penalizados, según esta iniciativa, por bloquear el paso en la Calzada San Juan y tendrían que ser retirados por las fuerzas policiales.

Sin embargo, con el afán de mostrarse atentos a los problemas cotidianos de la sociedad para obtener así el respaldo y eventualmente los votos, los políticos están omitiendo el análisis de los datos brindados por las propias entidades del Estado especializadas en el tema, tal como lo hicieron Pérez y Baldetti.

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