Sábado 18 DE Noviembre DE 2017
Domingo

Daniel Wilkinson: “Las demoras judiciales harán que la corrupción se afiance en Guatemala”

Daniel Wilkinson es Director Ejecutivo Adjunto para las Américas de Human Rights Watch (HRW). Autor de un libro histórico sobre Guatemala, Silencio en la montaña (2016), se encuentra en Guatemala para presentar este próximo lunes en el Radisson Hotel (10:00hrs.), junto al comisionado de la CICIG Iván Velázquez y el Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas, el informe “Carrera contra el tiempo”, sobre la lucha contra la impunidad.

Fecha de publicación: 14-11-17
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¿Cómo ve la situación de la lucha contra la impunidad en este momento?

– Con muchísima preocupación. Guatemala ha logrado avances muy importantes en este ámbito gracias al trabajo conjunto del Ministerio Público (MP) y la CICIG, pero enfrenta un gran obstáculo que pone en riesgo los avances y podría hacer que la lucha contra la impunidad termine fracasando.

¿Qué obstáculo? ¿Se refiere a las acciones recientes del Congreso o del presidente Jimmy Morales?

– Bueno, ha sucedido de todo últimamente. El presidente Morales intentó bloquear a la CICIG cuando dispuso la expulsión del comisionado Iván Velásquez. Fue un desacierto gravísimo de un presidente que antes había apoyado a la Comisión, renovando su mandato hasta el 2019 y comprometiéndose a extenderlo hasta el 2021. Afortunadamente, ese intento de expulsión no prosperó. Pero las acciones del presidente no han sido el único problema.

¿También el Congreso?

– También el Congreso. Uno de los atropellos más flagrantes al Estado de Derecho que hemos presenciado fue el intento del Congreso de aprobar una reforma al Código Penal, que habría permitido a los políticos corruptos evadir la prisión. Esta reforma habría dado carta blanca a los políticos involucrados con el crimen organizado para ganar futuras elecciones y seguir enriqueciéndose ilegalmente. Afortunadamente, también fracasó; sin embargo, ha quedado otro gran obstáculo que no proviene del Congreso ni del Presidente, sino de la tercera rama del Estado, es decir, del Poder Judicial mismo.

¿A eso se refiere su nuevo informe?

– Así es. Nos formulamos una pregunta que muchos estaban comenzando a plantear, tanto aquí como en Washington y en otras capitales del mundo. ¿Por qué después de más de dos años algunos de los casos más importantes impulsados por el MP y la CICIG –como La Línea– no han ido a juicio?

Para averiguarlo, realizamos un estudio exhaustivo de los procesos penales en La Línea y otros casos. También hicimos decenas de entrevistas con jueces, fiscales y abogados familiarizados con estos casos. Lo que descubrimos fue un patrón muy preocupante. Hay abogados defensores que deliberadamente provocan extensas demoras en los procesos penales presentando recusaciones y acciones de amparo de forma reiterada y, a menudo, injustificada. Y estas demoras impiden que los casos vayan a juicio.

¿Qué hace el Poder Judicial frente a estas prácticas de los abogados defensores?

– Son los jueces quienes hacen que las interrupciones causadas por los abogados se transformen en largas demoras que estancan los casos. Esto no sucedería si los jueces cumplieran estrictamente con las normas del derecho guatemalteco que regulan los procesos judiciales. De hecho, lo habitual es que ignoren estas normas procesales.

¿Por qué el informe se titula “Carrera contra el tiempo”?

– Porque el mandato de la CICIG termina en 2019, incluso antes. En mayo de 2018 se acaba el periodo de la fiscal general, Thelma Aldana, cuyo rol ha sido clave para impulsar la colaboración del MP con la CICIG. Si las demoras judiciales logran postergar los procesos hasta que los mandatos de estas autoridades expiren, existe un enorme riesgo de que los procesos penales fracasen. Y si eso ocurre, la corrupción y la impunidad podrían afianzarse con más contundencia que nunca en Guatemala.

¿Hay alguna esperanza de que se supere este problema?

– Claro que sí. No es la primera vez que la CICIG ha estado bajo ataque y ha logrado sobrevivir y avanzar contra la adversidad, una y otra vez, gracias a varios factores. Tal vez el más importante ha sido el apoyo del pueblo. Desde afuera, ha sido extraordinario ver cómo la ciudadanía se ha movilizado en las calles para defender la lucha contra la impunidad, en 2015 y nuevamente este año. Lo más impactante no es la considerable dimensión de las movilizaciones, sino la presencia de personas de sectores tan diversos.

También hay críticos acérrimos, como los que sostienen que la CICIG es una imposición extranjera.

– No es una imposición para nada. La CICIG es una iniciativa de los guatemaltecos para los guatemaltecos. Ninguno de sus logros habría sido posible sin la participación activa del MP y otras instituciones nacionales. De hecho, este modelo –una institución internacional que funciona dentro del sistema de justicia local– es una de las iniciativas anticorrupción más innovadoras y exitosas que hayamos visto en el mundo. Y es una invención chapina que ya está siendo replicada en otras latitudes. Debe ser causa de orgullo para los guatemaltecos.

Hay de quienes temen que la CICIG pueda transformar a Guatemala en otra Venezuela.

– Perdón, pero eso francamente me parece un disparate. Una instancia como CICIG es precisamente el mejor antídoto frente a la corrupción y el abuso de poder. Lo que fomenta la CICIG a mediano y largo plazo es la consolidación de instituciones judiciales fuertes e independientes, que no serán presa fácil de la presión, la intimidación o la corrupción.

¿Hay algún paralelo entre Venezuela y Guatemala?

– Conozco bastante Venezuela. Visité ese país con frecuencia hasta que el presidente Hugo Chávez ordenó nuestra detención y expulsión, luego que presentamos un informe que criticaba sus políticas autoritarias. Actualmente la situación en Venezuela es un desastre, con una crisis humanitaria y de derechos humanos que tiene consecuencias devastadoras para la población.

Guatemala no está en esa situación, pero si hay alguien que presiona en esa dirección, sería el Presidente al intentar expulsar al “extranjero” Iván Velásquez. O los miembros del Congreso al promover leyes limitando el financiamiento de las ONG, igual que los chavistas en Venezuela. O un Poder Judicial que no cumple su parte en la lucha contra la impunidad.

En definitiva, una de las principales causas de la trágica situación de Venezuela es la forma en que los chavistas terminaron con la independencia del Poder Judicial y, de esa forma, se aseguraron poder actuar con total impunidad.

¿Está sugiriendo que el Poder Judicial en Guatemala no es independiente?

– Yo no diría eso. Sé que hay jueces y magistrados que hacen lo posible por desempeñarse con independencia, a pesar de que reciben fuertes presiones. El ejemplo reciente más claro es la tremenda presión sobre los miembros de la Corte de Constitucionalidad (CC) que frenaron los intentos del Presidente y el Congreso por sabotear el trabajo de la CICIG y el MP.

Pero cuando se trata de asegurar que los casos de corrupción y abuso se tramiten adecuadamente en los tribunales, el desempeño de la CC –al igual que el de la Corte Suprema de Justicia– ha sido decepcionante. No han usado las herramientas que tenían a su alcance para contrarrestar las demoras injustificadas causadas por jueces de los tribunales inferiores. Y han sido directamente responsables de muchas de las demoras injustificadas más prolongadas.

¿Cuál es el balance de la CICIG hasta ahora?

– El objetivo fundamental de la CICIG ha sido dar impulso al MP, para contribuir a que se transforme en una institución capaz de desmantelar a poderosas organizaciones delictivas y procesar funcionarios implicados en corrupción y abusos. En este aspecto, la CICIG ha cumplido. Pero para que haya un verdadero avance en la lucha contra la impunidad, no solo se necesitan fiscales íntegros y eficaces, sino también jueces con la capacidad y voluntad de cumplir su función, y que se les exija hacerlo. Se requiere, urgentemente, que las máximas autoridades del Poder Judicial asuman con mucha más seriedad su responsabilidad de salvaguardar el proceso judicial en Guatemala.