Martes 18 DE Septiembre DE 2018
Domingo

El elefante en la sala

Sociedad de Plumas

Fecha de publicación: 15-10-17
Ilustración Jorge Antonio de León > El periódico Por: María Isabel Carrascosa
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Comparar no es un ejercicio sencillo, comparar sistemas jurídicos tampoco. Lo complejo radica en que el Derecho es una herramienta que los humanos hemos ido descubriendo para solucionar nuestros problemas y vivir en paz. Y en ese contexto, en Derecho Comparado se plantea el dilema de si todas las sociedades son iguales, se comportan de la misma manera, reaccionan igual ante ciertos incentivos, entonces aplican para todos las mismas soluciones, es decir las mismas leyes, contratos, reglamentos o instituciones. Por el contrario, si todos somos distintos y especiales, no tiene sentido voltear a ver cómo ha solucionado el otro el mismo o aparentemente mismo problema.

Hace unas décadas, el nacionalismo legislativo era imperante. El Derecho Comparado estaba más relacionado con la Historia del Derecho o bien como un instrumento para describir la otredad. En la actualidad esto ha cambiado, la globalización ha abierto las puertas para encontrar más conexión y afinidades entre personas, lo que también se traduce en más interacción entre sistemas jurídicos. Uno de los temas en los que las sociedades actuales han encontrado muchas similitudes es en la corrupción. No hay sociedad que goce de cero corrupción, pero hay sistemas jurídicos que contienen más desincentivos a la corrupción que otros.

La contratación pública es una actividad que por su naturaleza es de alto riesgo en materia de corrupción. Esto es una verdad para la mayoría de sociedades del mundo, por eso no es extraño que existan tantos esfuerzos académicos para armonizar o establecer buenas prácticas en materia de contratación. Ejemplo de lo anterior son: la Ley Modelo de CNUDMI sobre Contratación Pública, el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, la Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública de la OCDE y las Guías de Open Contracting.

Guatemala está viviendo una crisis política-jurídica pero, además, es un país sumamente susceptible a los efectos del cambio climático. Estos dos elementos hacen más evidente la necesidad de repensar el modelo de infraestructura nacional. En ese ejercicio de reforma y de reconstrucción del Estado vale la pena revisar en qué se están concentrando otros países para atajar el problema de la corrupción en la contratación pública.

La Unión Europea emitió la Directiva 2014-24 en la que obliga a todos miembros a reformar sus leyes locales para ajustarla a parámetros de transparencia e interpretación según el Tribunal Europeo. Uno de los pilares de este documento consiste en establecer de forma clara los mandatos de los sujetos involucrados en la contratación. En la contratación se encuentran: la entidad contratante, el contratista y el supervisor. La supervisión se divide a su vez en dos, el control financiero y el control de la ejecución del contrato. En la mayoría de países estos controles se ejercen por entes distintos, pero que están íntimamente comunicados y relacionados.

En Guatemala, el control financiero lo tiene por mandato constitucional la Contraloría General de Cuentas. El control del contrato, en teoría, lo llevan los supervisores, que pueden ser públicos o privados o bien existir ambos. Los supervisores de la obra son los garantes ante el estado de la calidad de la obra y tienen la importante función de autorizar los pagos a los contratistas. Dado el importante papel de los supervisores, por qué nadie los menciona o responsabiliza de la situación actual de muchas de las carreteras del país. Pareciera que la figura del supervisor es el elefante en nuestra sala, eso que todos vemos pero que preferimos no mencionar.

Uno de los pilares de la institucionalidad es la claridad de los mandatos de las entidades. Sin mandatos claros es imposible deducir las responsabilidades correspondientes. Por lo que es necesario reflexionar sobre los sujetos y las responsabilidades de estos en el diseño de un nuevo sistema de contratación pública.

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