Lunes 11 DE Diciembre DE 2017
Domingo

¿Patrimonialistas o modernos? La revolución moral de la política y el Estado

Opinión:  Manolo E. Vela Castañeda

Fecha de publicación: 08-10-17
Ilustración Jorge Antonio de León > El periódico Por: Manolo E. Vela Castañeda [email protected]
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Las opciones están trazadas desde inicios del siglo XX. Sucede, quizá, que tardaron tiempo en llegar hasta este pequeño, oscuro y a la vez paradisíaco rincón de América Latina. Tardaron tiempo en llegar, o bien, por razones que no viene al caso analizar aquí, nuestras élites han sido poderosamente eficaces en su resistencia al cambio.

Las opciones son dos: o seguimos arrastrando instituciones patrimoniales, o somos capaces de construir instituciones modernas.

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Lo característico de las instituciones patrimoniales es el poder del cacique que repite a los cuatro vientos: “para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”. En las instituciones patrimoniales el cuadro organizativo se arma –hacia abajo– con favores personales, que se pagan –hacia arriba– con lealtad incondicional. La santificada tradición y la costumbre, son los puntos donde se rematan las justificaciones del poder patrimonial: “así somos”, “aquí así se hacen las cosas”, o aquello de que “la corrupción es normal, cultural”. Bajo estos principios se articula un entramado de poder que se reproduce de la presidencia a la pequeña oficina de cualquier ministerio, o la alcaldía más lejana. Los casos develados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad no han hecho más que presentarnos a todos cómo, esta forma, patrimonial, del ejercicio del poder, funciona en Guatemala.

En sentido contrario, las instituciones modernas, burocráticas, son impersonales, funcionan por principios de competencia y autoridad, en apego a normas establecidas: el que ordena, al mismo tiempo obedece. Es un engranaje que funciona por el mérito, y no por las conexiones políticas.

Esta dualidad: patrimonialistas o modernos, fue analizada hace mucho tiempo ya por el sociólogo alemán Max Weber, en su libro Economía y sociedad, que para algo debe servir esto de hacer sociología.

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Quizá la trampa –desde 1985, cuando los militares empezaron a salir del gobierno sin dejar del todo el poder (no recuerdo quién acuñó esta frase)– fue creer que era posible construir un régimen democrático sin romper con el patrimonialismo. Los acuerdos políticos entre las élites precisaban de la continuidad de estas tendencias patrimoniales. El pacto, tácito o explícito, consistió en no tocar los intereses de cada quien: déjennos a nosotros (las élites económicas) pagar pocos impuestos; y a ustedes (los militares) les ofrecemos garantía de impunidad por los crímenes de guerra; y a ustedes (los políticos) les seguimos dando plata para sus campañas; y todos nos hacemos de la vista gorda con la corrupción. Los arreglos institucionales que dan forma a la Constitución de 1985 preservaron esas tendencias patrimonialistas, y los Acuerdos de Paz dejaron intacto el pacto patrimonialista.

Pero, como ocurre con frecuencia, las cosas no se quedan igual, cambian. Y así, entre 1997, cuando los Acuerdos de Paz, y 2017, se fueron creando las condiciones para la tormenta perfecta. ¿Cuáles son esas condiciones para la tormenta perfecta de la corrupción?

1) Con la descentralización del poder, los focos de corrupción se multiplicaron. Pero esos focos no solo se multiplicaron, sino que, además, se hicieron más poderosos, con mayor capacidad financiera. Pienso aquí en las alcaldías, y en los diputados distritales, su derecho –ilimitado– a la reelección y sus extensas –y costosas– redes clientelares: plazas, proyectos, constructoras…

2) A la par de esto, uno de los saldos de la privatización fue haber multiplicado las posibilidades para que el Estado contratara obras y servicios. Además, la idea del “adelgazamiento” del Estado multiplicó las posibilidades para contratar personal a cambio de favores.

3) Y esos dos movimientos: descentralización y privatización, se hicieron sin haber consolidado el Estado de Derecho.

4) A la par, durante los años ochenta y noventa asistimos a lo que podríamos llamar una incontrolable carrera en el encarecimiento de la actividad de los partidos políticos.

5) A inicios del año 2000 el presupuesto empezó a ser negociado como un gran pastel, que se reparte para aceitar todo este sistema: “plazas, obras, y proyectos para tus oenegés y constructoras a cambio de votos”.

6) A ello vino a sumarse, como si no fuera ya suficiente, la importancia de Guatemala como punto de tránsito en el camino de la droga que, de América del Sur se dirige a Estados Unidos, lo que ocurrió –entre otros factores– como resultado del fortalecimiento de los carteles mexicanos.

7) Pero, además, con la prensa y el aparato de justicia bajo control, ¿habrá habido mejor escenario para la corrupción?

Y así fue como Guatemala se transformó en un paraíso para la corrupción. No es que antes, con los gobiernos militares, no haya habido corrupción; simplemente, los factores antes descritos, llevaron a que lo que estaba mal se tornara mucho peor. Estas son –líneas más, líneas menos– los rasgos del embrollo en el que nos metimos. Cuando lo vemos a la distancia pareciera que la corrupción era un monstruo, que las élites tenían bajo su control, y todos en paz; pero hubo un momento en que esto dejó de ocurrir.

Así, en perspectiva histórica, tenemos frente a nosotros la tercera oportunidad –en tres décadas– de romper con el patrimonialismo y construir un Estado moderno. Pareciera algo tan básico, simple y sencillo.

Seguramente todo seguiría igual de no haber habido Comisión Internacional Contra la Impunidad, y que los Estados Unidos encontró en Guatemala un laboratorio para implementar una especie de nueva doctrina de seguridad. Esta surge después del 9-11, y las lecciones extraídas de sus intervenciones en Iraq y Afganistán. La clave, ahora, está en el funcionamiento efectivo de los Estados. Los puntos de este debate fueron colocados por Francis Fukuyama, en su Political Order and Political Decay (2014). Aquí, Fukuyama presenta una ecuación para diagnosticar el tipo de Estado. En ella intervienen tres pilares: 1) el Estado, más bien las capacidades estatales; 2) el Estado de Derecho; y, 3) la rendición de cuentas. La forma particular como estos tres ingredientes se hallen en un Estado da cuenta de su consistencia. Contrario a lo que muchos piensan, no hay aquí grandes confabulaciones internacionales. Es, nada más y nada menos, la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos. De qué forma podamos aprovecharla para nuestros propios intereses, como país, es otra cosa.

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Una de las claves para maniobrar con éxito en esta transición del Estado patrimonialista al Estado moderno está en forjar una poderosa coalición que logre ir ganando las batallas decisivas. El liderazgo de esta revolución moral de la política está llamado a emerger y aprender sobre la marcha, como ocurre siempre en estos procesos de cambio. Coalición, liderazgo y una agenda de reformas, son las tres condiciones para saber estar en este escenario. Otra previsión: esta no es una competencia de 100 metros planos, de esas que se corren en 9.58 segundos; es una maratón, que tiene, además, múltiples obstáculos.