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Domingo

El supremo intérprete constitucional


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“We are under a Constitution, but the Constitution is what the judges say it is”.

Oliver Wendell Holmes Jr.

 

Podrá ser que esa frase (“Estamos sujetos a la Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es”) habría parecido arrogante pronunciada por uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América. No obstante, quien la dijo no era la voz dominante de las varias cortes que él integró en el curso de los treinta años de magistratura en ese magno tribunal. Muchas veces hubo de ser disidente de la opinión de la mayoría, al punto que más fue reconocido por sus votos particulares que diferían del criterio decisivo.

Esa ubicación de la alta jerarquía de la SCJ la indicó el presidente Thomas Jefferson, comentando la famosa sentencia del juez Marshall (1803), pues, aceptando la función interpretativa judicial, no pudo menos que reconocer: “la Constitución es una mera pieza de barro en las manos de los tribunales que ellos pueden moldear y tomar la forma que quieran”.

Respecto de este poder acotado por los propios jueces del supremo tribunal de la democracia más antigua de la era moderna occidental, debe examinarse el Artículo III Sección I de la Constitución de los Estados Unidos, por el cual deposita el poder Judicial en una Corte Suprema y en los Tribunales menores, cuyos jueces serían inamovibles mientras observen buena conducta y gozarían de estabilidad económica personal.

Parece, por esa lectura, que los constituyentes observaron el proverbio “que a buen entendedor pocas palabras”, pues el historial de la Suprema Corte ha fortalecido la cohesión de medio centenar de estados que abrigan más de 325 millones de habitantes. Ese bicentenario tribunal, que inició funciones con seis jueces nombrados por George Washington, configura el marco institucional de la nación. Por sus estrados han pasado cuestiones vitales de su sociedad que, en parte por sus liderazgos partidistas como por la confianza ciudadana en sus magistrados, fueron acotándose entre progresistas y conservadores. Esa corporación, desde muy temprano (caso Marbury vs Madison), reivindicó su carácter de supremo intérprete de la Constitución y su prevalencia jurisprudencial. Mucho se debe a la calidad, circunspección e ilustración de sus jueces. Algunos (Marshall, Black, Field) integraron la Corte treinta y cuatro años consecutivos, tiempo que asombra a otros sistemas de relevos periódicos, y esto sin tener en cuenta a William Douglas, que entregó la mitad de su vida (36 años 6 meses) a esa reverente función judicial.

En ese entorno arquitectónico de piedra, mármoles y maderas finas, incrustadas como emblema de la majestad curial, oficiaron jueces del temple de Marshall o de la profundidad de Holmes. En sus sentencias, formadas con sus votos decisivos y los disidentes, se encuentra la historia de la nación norteamericana. La unidad o la disolución federativa; la esclavitud y la igualdad; la paz o el conflicto; los derechos civiles; la opción por la vida o la facultad para interrumpirla; el solidarismo o la individualidad; los alcances amplios de la libertad de expresión o el resguardo de la vida privada; los derechos ambientales. Todos estos y muchos más, admitidos por la calificación previa acerca de los pocos asuntos a los cuales se compromete a conocer, de entre miles que abarrotan sus ventanillas de ingreso. Admirable su potestad de magisterio jurisprudencial que puede dictarlo deducido de un conflicto doméstico en una aldea escondida o de un debate político de relevancia mundial. Toda esta carga sobre nueve magistrados y magistradas, quienes entre más debaten menos coincidencias interpretativas suelen tener. Los casos “de impacto” no se resuelven por unanimidad.

¿Por qué la interpretación jurídica necesita de la legitimidad de los jueces para su aplicación? La respuesta es obvia: porque ellos no son parte en el conflicto, la cual solo tiene y sostiene una visión única e interesada. De esa manera, se traslada a un ente neutro que proceda a entender lo que la norma prescribe. Y entenderlo como el gran disidente lo advirtió: “Los preceptos de la Constitución no son fórmulas matemáticas cuya esencia esté en su forma: son instituciones orgánicas y vivientes (…)” De ahí, precisamente, que la interpretación es finalista y extensiva, regida como la convencionalidad de los derechos humanos lo dispone: “pro homine”.

El citado Holmes Jr., tenido como el creador del realismo jurídico norteamericano, dejó estampados conceptos que, casi al centenar de su muerte física, perviven como faros del razonamiento de los jueces: “El derecho encarna la historia del desarrollo de una nación a lo largo de muchos siglos, y no puede tratarse como si contuviese solo los axiomas de un libro de matemáticas”. Otro párrafo de su riquísima meditación, acumulada durante esos treinta años en que fungió como juez del máximo tribunal constitucional: “Una palabra no es un cristal, transparente o inmutable; es la piel de un pensamiento vivo y puede mudar grandemente de color y contenido según las circunstancias y el momento en que es utilizado”.

Difícil y trascendente la función de los tribunales de lo constitucional, que en la actualidad operan en todo el mundo, no es posible unificar en un esquema común la forma de su integración. Cada nación tiene la suya, según su estructura fundante. Edmundo Vásquez Martínez (†) de singular solvencia moral y jurídica, comentó respecto del sistema guatemalteco: “No hay que complicar innecesariamente lo que está bien definido y regulado en la Constitución (…) Cada órgano designante debe cumplir dentro esos marcos y no debe ocultarse el carácter político-jurídico de la Corte de Constitucionalidad, máxime que tiene a su cargo el control de los ‘actos políticos’, es decir, de aquellos que tienen como fin la organización y subsistencia del Estado como tal”. (La Hora, 02/10/2000)

La seguridad jurídica, valor sustancial en todo sistema político democrático, renueva en el Estado Constitucional de Derecho –encomendado como guardián al tribunal máximo de la materia–, el brocardo de Holmes, calificado como el jurista más eminente del constitucionalismo norteamericano: “We are under a Constitution, but the Constitution is what the judges say it is”.

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