[theme-my-login default_action="register" show_links="0"]

¿Perdiste tu contrseña? Ingresa tu correo electrónico. Recibirás un correo para crear una nueva contrseña.

[theme-my-login default_action="lostpassword" show_links="0"]

Regresar

Cerrar

Publicidad

Domingo

Jimmy Morales: la ruta hacia la oscuridad


Desde que el presidente asumió en el cargo, sus acciones políticas se dirigieron contra quienes lo contradecían, criticaban o señalaban a él y a su equipo. Sus tácticas legislativas y diplomáticas fueron eficaces para procurar una estrategia pro impunidad que derivó en la declaración de persona non grata del titular de la CICIG, Iván Velásquez. Ahora, el mandatario se adentra en la oscuridad de los rincones de Casa Presidencial para aferrarse al puesto y defender los intereses de una clase política desgastada por sus decisiones contra la transparencia y la lucha contra la corrupción.

foto-articulo-Domingo

La sociedad guatemalteca había estado callada frente a los desmanes de distintas administraciones de gobierno. Casi tres décadas de silencio sobre el repudio que aturdía a la clase trabajadora se rompió en 2015, cuando la evidente corrupción del Partido Patriota desbordó los titulares de prensa y los más fuertes señalamientos de haberse formado como una estructura criminal que cooptó el Estado para beneficiar económicamente a sus principales dirigentes.

Fue un año de giros políticos. El más impactante fue el rápido ascenso de un comediante en la carrera por la Presidencia, cuya alianza con algunos viejos militares que formaron el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) desde las entrañas de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) lo encarriló para llegar al primer lugar en las encuestas y ganar las elecciones con más de 2 millones de votos.

Era Jimmy Ernesto Morales Cabrera un candidato emergente que prometía estar limpio por su inexperiencia política. “Ni corrupto ni ladrón” era su lema de campaña. Una frase sencilla que caló en un electorado sediento de líderes diferentes que no pertenecieran a la misma clase política, que ya lo había defraudado por años.

Pero, aquel candidato de la sonrisa amable, de las moralejas y de las bendiciones al final de cada discurso, se transformó en un presidente acorralado, autoritario y sombrío. Dos años después de su elección, el excomediante se enfrenta a su propia consigna con distintos señalamientos de corrupción y un proceso de antejuicio presentado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que lo acusan de ocultar el financiamiento del partido que lo llevó al cargo y del que durante 2015 fue secretario general, es decir, responsable legal de la agrupación.

 

Primer paso:

La ira contra el embajador

La crisis política que en estos momentos ahoga a Morales y lo mantiene escondido se entiende tras evaluar los pasos del aún gobernante que fueron claves para sacudir cualquier intento de reforma al sistema corrupto que él criticó durante la campaña.

Habían pasado dos meses luego de que Morales asumió la presidencia, cuando ya enfrentaba su primera discusión diplomática con Estados Unidos. El exembajador Todd Robinson fue una piedra en el zapato para el gobernante por sus comentarios públicos contra cualquier intento de favorecer la corrupción y la impunidad.

Pero, la primera muestra de ira de Morales fue luego de una entrevista del embajador con elPeriódico el 1 de marzo de 2016, en donde afirmó que lucharía contra la corrupción sin importar si se trataba de algún político, empresario o funcionario del gobierno.

Nueve días después, la Cancillería emitió una carta a todo el cuerpo diplomático acreditado en el país para exhortar a los representantes a mesurar sus declaraciones públicas.

“En relación a los retos que enfrenta el Gobierno de Guatemala, a los cuales no es ajena la comunidad internacional, porque se refieren a la vigencia de un auténtico Estado de Derecho (…) es importante destacar que la transparencia y el combate frontal a la corrupción constituyen la piedra angular de ese esfuerzo de Gobierno. Sin embargo, ello de ninguna manera autoriza que los agentes diplomáticos de algunos países y organismos internacionales indebidamente se arroguen el derecho de intervenir en los asuntos internos del país, lo que incluye abstenerse de discutir y emitir opiniones de censura al Gobierno y otros actores de la vida nacional, en los medios de comunicación”, refería la misiva.

Esos días, cuando Morales respondía algunos cuestionamientos de la prensa, expresó que existía injerencia extranjera, aunque no quiso individualizar a nadie. Su ambigüedad fue tomada como un enfrentamiento con Robinson ya que el exembajador era el único diplomático que se había manifestado en esa coyuntura.

 

Segundo paso:

Tomar el Congreso

El primer semestre del año pasado, el pleno del Congreso, presidido por el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Mario Taracena, logró importantes reformas legislativas, pero una en particular fue la de prohibir el transfuguismo, lo que aceleró algunos traslados de diputados entre bloques antes de que cerrara el plazo para hacerlo.

Fue entonces cuando la bancada oficial del FCN se convirtió en la mayoritaria, al pasar de 11 congresistas electos por esa agrupación a 33 integrantes. Los traslados vinieron del PP, de Libertad Democrática Renovada (Lider), Todos, entre otros. El fortalecimiento del bloque oficial ha permitido al presidente blindarse de la solicitud de antejuicio planteada por el MP, así como beneficiar una agenda sin reformas constitucionales propuestas por sectores que buscan mejorar las instituciones de justicia.

Con el incremento de miembros dentro de la bancada oficial también se tejía una alianza legislativa que se oponía a las reformas impulsadas por Taracena y que veía en sus financistas o sectores allegados, afrentas judiciales por distintos casos que se desprendían desde la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el MP. Las investigaciones sobre financiamiento electoral ilícito, negocios estatales corruptos, evasión de impuestos, violación de derechos humanos y corrupción alcanzaban proporciones inmensas que han derivado en cientos de capturas y decenas de solicitudes de antejuicio.

El recibimiento de los diputados en la bancada oficial no fue un problema para el presidente Morales, pues indicó que él no se inmiscuiría en asuntos del Legislativo, a pesar de que en declaraciones durante la campaña afirmó que rechazaba el transfuguismo y que no permitiría que sucediera en el bloque legislativo que lo representa.

Pero, la estrategia legislativa apenas empezaba. Meses después, luego de que elPeriódico revelara el testimonio de un guardia de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) sobre el espionaje que se gestionaba desde esa instancia, el asesor ad honorem del mandatario, Helmer Armando Melgar Padilla, se trasladaba al Congreso para formar parte del bloque oficialista en sustitución de otro diputado que presentó casualmente su renuncia.

Según la denuncia del agente, era Melgar el encargado de la creación de esa estructura ilegal de vigilancia, por lo que asumir como diputado lo blindó de investigaciones por su posible vinculación.

Melgar se constituyó en uno de los más fuertes operadores del presidente dentro del Legislativo, al punto de que ordenó la bancada tras fricciones internas que desestabilizaban las intenciones del oficialismo.

Mientras más arreciaba la dinámica confrontativa dentro del Congreso, la agenda reformista de Taracena se diluía y las bancadas del Movimiento Reformador (ex PP), Alianza Ciudadana (ex Lider), Todos, Unionista, Unión del Cambio Nacional, Partido de Avanzada Nacional y la del FCN conjugaban sus fuerzas para proclamar como presidente del Legislativo a un diputado afín a sus intereses.

El principal operador de esa estrategia fue el mismo presidente Morales que reunió, a principios de noviembre, a los líderes de esos partidos y los convenció de que la mejor opción para presidir el Congreso era Óscar Chinchilla, del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo). Las sesiones fueron confirmadas por la SAAS y se llevaron a cabo en la Finca Santo Tomás, residencia de descanso de la presidencia y en Casa Presidencial.

A finales de ese mes, al mandatario ya no le interesaba ser cuestionado por la prensa y vedó el acceso a Casa Presidencial. Los periodistas que cubren la fuente del Ejecutivo le otorgaron “el Membrillo”, siguiendo la tradición para castigar al funcionario más esquivo y hermético del gobierno. El presidente se acercaba de a pocos a la oscuridad y el ostracismo en el que ahora se encuentra.

 

Tercer paso:

La diplomacia ofensiva

El segundo año de gobierno del presidente Morales sería el escenario de una crisis política que lo ha desgastado hasta dejarlo solo y arrinconado. Fueron sus dolores personales los causantes de la inestabilidad del mandatario y de su enemistad férrea contra la fiscal general del MP, Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez.

En septiembre del año pasado, estos personajes que lideran los entes de investigación revelaron que Samuel y Josué Manuel Morales, hermano e hijo del presidente, participaron en un negocio ilícito en el Registro General de la Propiedad (RGP) en donde falsearon un concurso para adjudicar un desayuno que nunca existió. Al hermano de Morales se le acusa de lavado de dinero y al hijo de fraude.

Fue una fría estocada al mandatario, quien ya había sido cuestionado por mantener a su hermano con una alta influencia en la administración de gobierno. Era otro asesor ad honorem que gestionaba, junto a su esposa, algunos negocios dentro del Estado. La cuñada del presidente, Lilian de Morales, conversaba con líderes migrantes en Estados Unidos en nombre del gobierno y se aseguró tres plazas dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) para su padre y dos sobrinos.

En una de esas conversaciones, De Morales solicitó que no se denunciara penalmente a otro de los asesores ad honorem del presidente, Márvin Mérida. Un personaje protagonista en la crisis diplomática del mandatario, pues como líder migrante ha ejecutado una estrategia fuerte contra el exembajador Robinson y contra la CICIG.

Todo comenzó cuando el expresidente Alejandro Maldonado lo nombró como embajador ad honorem en noviembre de 2015 como un favor para Morales, quien ya había ganado las elecciones. Mérida fue uno de los principales recaudadores de financiamiento en el extranjero que no fue registrado en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), motivo de la denuncia que quería impedir Lilian de Morales y que fue el inicio de la solicitud de antejuicio contra el gobernante.

Pero, ya en marzo de 2017, Mérida arreció sus quejas contra Robinson cuando envió una misiva al senador estadounidense Mike Lee para informarle que el exembajador en Guatemala se extralimitaba en sus funciones al fomentar una injerencia en asuntos internos del país.

Esa carta fue hecha pública en los medios y le costó la destitución a Mérida. Aunque, meses después se descubrió que durante esos días, el exasesor de Morales en Estados Unidos fraguó un contrato de Q7.2 millones con la empresa de cabildeo Barnes & Thornburg para supuestamente mejorar las relaciones entre funcionarios de ambos países.

Pero, al ser destituido, la estrategia para cabildear en Washington pasó a cuatro diputados del Congreso guatemalteco: Jaime Regalado del MR, Fernando Linares del PAN, Julio Lainfiesta de UCN y Óscar Quintanilla de AC. Los congresistas firmaron el contrato con la misma consultora, por el mismo monto y con los mismos objetivos. Aunque, aseguran que lo hicieron sin alianza con el gobierno de Morales, esos datos lo contradicen.

La tensión desde el descubrimiento de ese contrato solo aumentó entre Estados Unidos y Guatemala, y para sumar, la Organización de Naciones Unidas, entidad garante de la CICIG; pues, se vieron sorprendidos cuando el pasado 27 de agosto, el presidente Morales desde las sombras y con una videograbación improvisada en la madrugada, informó que declaraba persona non grata a Iván Velásquez.

Una medida que la Corte de Constitucionalidad (CC) frenó de inmediato por carecer de sustento legal. Fue el inicio del derrumbe del gobierno de Morales, uno que apenas alcanza la legitimidad de la población que ha pedido en masa que renuncie por haber transgredido su única promesa de campaña, no ser corrupto ni ladrón.

Porque, al descubrirse que el presidente ocultó más de Q6.7 millones en financiamiento del FCN cuando era secretario general del partido y al haberse revelado que recibía un bono extra de Q50 mil que se sumaba a su salario de Q149 mil, otorgado por el Ministerio de la Defensa Nacional; las masas que despertaron en 2015 vuelve a rabiar contra la inacción de un mandatario que ahora se protege detrás del escudo de la inmunidad que los diputados han esculpido en dos ocasiones y que lo mantiene atrincherado en su residencia en Casa Presidencial.

Ahora, el presidente ya no habla. Su comunicación con la sociedad es por correspondencia a través de comunicados de prensa que irritan cada día más a la ciudadanía.

Ahora, el mandatario se esconde. Su guarida se convirtió en su única fuerza. La fuerza que le dan sindicatos cuestionados, diputados señalados y alcaldes inescrupulosos. Su guarida es la oscuridad, esa desde la cual ya no gobierna, solo se defiende.

Publicidad


Esto te puede interesar

noticia AFP
Al menos ocho muertos en ataque con camioneta en Nueva York 

Ocho personas, incluidos cinco argentinos, murieron el martes en Nueva York cuando el conductor de una camioneta atropelló a ciclistas y peatones y luego se estrelló contra un bus escolar en el primer «acto terrorista» mortal en esta ciudad desde el 11 de septiembre de 2001.

 

noticia Francisco Rodríguez frodriguez@elperiodico.com.gt
Agremiados rechazan elecciones en Colegio de Contadores

La tercera ronda de votaciones del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CPA) fue señalada de falta de legitimidad, esto debido a un empate en la elección de Junta Directiva en la segunda vuelta, además de la falta de convocatoria para que los profesionales de esa disciplina asistieran ayer a las urnas.

noticia Rony Ríos
«La elección de magistrados o su ratificación es un acto político sin fundamento»

Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y quien votó en contra de la reelección para la Presidencia de la República y el Tratado de Libre Comercio, habló con elPeriódico sobre la elección de Cortes.



Más en esta sección

«Tiburón» se instala en el Museo de los Oscar

otras-noticias

Ibrahimovic estará de baja diez días

otras-noticias

Klopp se queja por gran cantidad de partidos

otras-noticias

Publicidad