Viernes 18 DE Octubre DE 2019
Domingo

Hipócrates en tiempos del crimen organizado

Al levantar la mano derecha y recitar la versión del ‘Juramento Hipocrático’ (actualizada en 1948, durante la Convención de Ginebra), los médicos recién graduados sellan un pacto con la vida. Velar por el bienestar de los pacientes, tal y como lo proclamaba el más famoso médico de la antigüedad, será el marco de trabajo de quienes en Guatemala se dedican al campo de la salud. Hasta el 16 de agosto, era un hecho que el trabajo lo ejercían sin discriminación alguna aun a costa de la propia integridad física. Después de ese día, la mística fue quebrantada por un violento ataque criminal. Hoy, los médicos de los hospitales nacionales están dispuestos a defender y luchar por la vida de los pacientes, pero también por la suya.

Fecha de publicación: 10-09-17
Foto: José Luis Pos > El periódico
Por: Claudia Méndez Villaseñor cmendezv@elperiodico.com.gt

Lucrecia Hernández Mack, exministra de Salud, médica y cirujana con especialidad en Epidemiología, reconoció que este trabajo es de “vida o muerte”. “Esa responsabilidad es inherente a la profesión, pero lo que nos caracteriza es que mantenemos la calma cuando todo está fuera de control. Tenemos control sin perder la humanidad. La cabeza fría y los pies en la tierra”.

Sin embargo, lo ocurrido en el Hospital Roosevelt la mañana del 16 de agosto ha hecho reflexionar al personal médico y administrativo de ese centro asistencial y del resto de hospitales nacionales, sobre lo inseguro y riesgoso de atender a privados de libertad, algunos de alta peligrosidad como Anderson Daniel Cabrera Cifuentes quien originó la jornada violenta ese día.

Con cabeza fría han aceptado que el crimen organizado es superior en fuerza y recursos, contrario a la precariedad y burocracia que caracteriza al Sistema Nacional de Salud. Por esta causa, desde entoces, contrarios a las proclamas de Hipócrates dieron la espalda a cualquier caso vinculado con las prisiones, aun si se trata de una emergencia.

La mañana del 16 de agosto, Cabrera Cifuentes tenía una cita en la Emergencia del Roosevelt con el propósito de que le fuera practicado un examen de laboratorio sencillo, previo a la solicitud de que le retiraran fragmentos de bala incrustados en su cuerpo desde hace cinco años y que presuntamente le causaban fuerte dolor.

El recluso necesitaba una hematología, prueba que mide la cantidad de globulos blancos y rojos, plaquetas y hemoglobina, entre otros indicadores, para detectar infecciones o anemia, uno de los requisitos que debe cumplir cualquier paciente antes de un procedimiento quirúgico, entre otros análisis.

Pasadas las 08:00 horas el recluso abandonó la Emergencia y caminó a la Farmacia del hospital, localizada a unos 50 metros de distancia, acompañado de los guardias penitenciarios. A las 08:19 mientras hacía la fila correspondiente una ráfaga alcanzó a los escoltas y a particulares que estaban en el lugar. El tiroteo le permitió escapar junto a un grupo de delincuentes armados. El terror hizo presa de las personas cuando comenzaron a observar los cuerpos sin vida. Los criminales y Cabrera Cifuentes huyeron y dejaron a su paso un camino de caos y confusión. Algunos ingresaron armados al hospital y por eso hay balas en el cuarto nivel.

La violencia generada ese día para liberar al recluso arrebató la vida a siete personas: dos guardias del Sistema Penitenciario, un trabajador hospitalario, “don Margarito”, dos pacientes y dos particulares. Las autoridades aseguraron haber adoptado medidas de seguridad urgentes y quedaron cerrados varios servicios como señal de protesta de los médicos y residentes.

Los ministerios de Salud y Gobernación afirmaron que habían comenzado a impulsar, a partir de ese suceso, algunas medidas como actualizar protocolos de seguridad, mejorar los sistemas de cámaras de vigilancia en los centros en lo que existe, habilitar áreas específicas a los reclusos y por el momento suspender cualquier traslado, pese a contar con el aval del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Organismo Judicial (OJ). En estos casos dijeron que utilizarían videoconferencia con la finalidad de hacer las consultas necesarias. Sin embargo, a la fecha, ninguna de las acciones se ha materializado.

También señalaron que habilitarán dos unidades móviles equipadas y con personal frente al Preventivo de la zona 18 y en Fraijanes. Con esta iniciativa Presidios prevé atender reos de cinco centros penitenciarios. Por el momento, estás clínicas temporales cuentan con servicios de agua entubada y energía eléctrica, pero no personal médico.

“Llegan con nosotros sin que lo amerite, cuando pueden ser tratados en los penales”, menciona uno de los médicos. “Algunos llegan con tos, mareos, dolor abdominal o de cabeza. Las mujeres para que se les practique un papanicolau”, agrega.

En mayo, por ejemplo, el Roosevelt atendió a 152 privados de libertad en los distintos servicios hospitalarios. Llegaron a la Emergencia y a la Maternidad, entre otros. Solo seis resultaron con cuadros clínicos de gravedad: dos reclusas fueron atendidas por complicaciones en el embarazo que terminaron en abortos espontáneos; los cuatro hombres sufrían fractura de cadera, apendicitis y problemas en la vesícula. Este grupo quedó internado en el centro asistencial.

“Tener a los reos en los servicios es tan complicado, tenemos miedo, médicos y pacientes. Una vez, uno que estaba ingresado consiguió que le llevaran mariguana y la fumaba debajo de las sábanas. Nadie quería decir nada, pero nos afectó a todos”, recuerda el profesional.

En otra ocasión, uno que había quedado hospitalizado agredió a una trabajadora. “Las mujeres temen estar en el mismo lugar que un recluso porque pueden sufrir cualquier abuso”, añade el entrevistado.

Otro médico del lugar aclara que el hospital carece de un sitio específico para tratar a los privados de libertad. “Usted los mira en la mañana entrar a los servicios con los guardias. Mientras esperan sacan sus celulares, toman un café o una dona en la cafetería (en la entrada principal hay un pequeño kiosco) o se juntan con sus familiares. Porque siempre saben qué día van a venir”, indica.

“A veces las doctoras están sentadas en la cafetería y los reos a la par. Creen que existe un sitio especial blindado y que no se relacionan con los otros pacientes, cuando no es así”, asegura el profesional.

Después del 16 de agosto, la Junta Directiva del Cuerpo Médico Activo del Hospital Roosevelt tomó la decisión de cerrar la Consulta Externa como medida de presión. “Lo que pasó develó el iceberg. Las doctoras se atrevieron a decir lo que sufren cuando están solas con los reos. Son abusivos, las amenazan, les chiflan y los guardias no hacen nada. Eso es abuso psicológico”, señala un médico.

Derecho a la salud

De acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin), la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), dependencia del Ministerio del Interior, tiene asignado un presupuesto de Q657 millones 750 mil 380, con el cual debe atender las necesidades de 22 mil 721 privados de libertad internados en las 21 cárceles del país, según el conteo del pasado 1 de septiembre.

Dispone de Q1 millón 568 mil 299 para la compra de productos medicinales y farmacúticos; Q623 mil 125 destinados a útiles menores médico-quirúrgicos y laboratorios, Q2 millones 228 mil en el renglón otros estudios y/o servicios y Q3 millones en el de materiales y equipos diversos. Con estos recursos, el Sistema Penitenciario tiene posibilidad de contratar personal destinado a proveer cuidados sanitarios a los reos.

En la actualidad 14 médicos y 47 enfermeros, divididos en dos turnos, son los responsables de atender las clínicas básicas de los centros preventivos nacionales.

Rudy Esquivel, vocero de la DGSP, explica que a julio de 2017, las clínicas internas de los penales habían atendido 55 mil 854 consultas. En 42 mil 479 de los casos se trató de hombres y en 13 mil 375, mujeres.

“Fueron patologías como infecciones respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas, ginecológicas, infecto-contagiosas y renales”, menciona el funcionario.

Los reclusos que requieren traslado a los hospitales nacionales, 2 mil 765 de enero a la fecha, sufren en su mayoría de enfermedades crónicas-terminales, VIH/sida, cáncer, enfermedades endocrinológicas, del corazón y psiquiátricas.

Esquivel explica que cuando son emergencias, la mayoría de las veces se producen por dolores abdominales provocados por una posible apendicitis o intoxicaciones alimentarias, neumonía, hiperactividad bronquial, luxaciones, trauma craneo-encefálico, fractura pélvica o traumas por objetos contundentes.

Sin embargo, existen otro tipo de casos que también requieren el traslado a los centros hospitalarios, como crisis hipertensiva, diabetes descompensada, síndrome convulsivo, insuficiencia renal, complicaciones inmunocomprimidas, accidentes cardiovasculares y tuberculosis pulmonar, estos últimos se han incrementado en los últimos años.

Cuando reos con tuberculosis llegan al Roosevelt reciben cuidados médicos y se mantienen aislados, algo que resulta complicado por el alto nivel de demanda. Los estabilizan en los siguientes cinco días y luego son referidos al Hospital Antituberculoso San Vicente.

“El Sistema Penitenciario tiene la facultad de hacer los traslados en casos de urgencias cuando el médico del penal así lo considera”, indica el portavoz de Presidios.

Inversión elevada

Según Corinne Dedik, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), experta en temas relacionados al Sistema Penitenciario, el traslado de privados de libertad a hospitales públicos es una dinámica que se lleva a cabo en países europeos y en Estados Unidos, dado el elevado costo que representaría a un Estado sostener un centro asistencial con las distintas especialidades y personal, tal como lo requieren los reos.

Además, resulta poco viable contar con un hospital de esta naturaleza porque los traslados serían más complicados por los sitios en donde están ubicados los penales. “Lo que funciona mejor es mantener una atención médica básica. Aquí es muy reducido el abastecimiento y, por ejemplo, se termina en una semana y hay que esperar un tiempo largo para otra vez tener producto. La gama es muy reducida y a veces hay por donaciones”, indica la experta.

En junio pasado, menciona Dedik, quedaron integrados siete equipos multidisciplinarios del programa “Personal para Rehabilitación”. “En el primer semestre del año no se contrató a nadie y por eso había poco personal”, agrega.

Para la investigadora del CIEN los problemas de seguridad en los hospitales nacionales ocurren porque, en los últimos diez años ha evolucionado el tipo de población del país y con ello la delincuencia y el crimen organizado.

Sin embargo, la experta reconoce que la población reclusa a causa del hacinamiento en el que vive, la pobre alimentación y el estrés padece constantes quebrantos de salud. “Con las clínicas bien equipadas se reducirían los traslados en más de la mitad”, afirma.

Carlos Soto, nuevo ministro de Salud, considera que es necesario habilitar un hospital exclusivo para reos. Antes del 15 de octubre, espera tener afinada una propuesta. “Tiene que tener infraestructura, de la red nacional y que esté aislado. No se puede arriesgar a la población”, asegura. Lo más complicado según el funcionario es la de integrar el personal, ya que, por las necesidades de los reclusos, es probable que se requieran especialistas. Soto solo menciona que a nadie se le va a obligar ir a trabajar a ese centro asistencial, en caso quede habilitado.

Ofrecimiento
> Leonel Lira, congresista de Encuentro por Guatemala (EG) y presidente de la Comisión Legislativa de Reformas al Sector Justicia, se reunió la semana pasada con los integrantes de la Junta Directiva del Cuerpo Médico Activo del Hospital Roosevelt y escuchó la demanda de los profesionales y los problemas de seguridad que enfrentan con los reclusos.
Los profesionales explicaron al diputado, por ejemplo, que el dictamen que avala el Inacif, solo menciona que el reo necesita ser evaluado, nada más. No logran explicar por qué tiene que ser allí, en el Roosevelt.

Lira consideró oportuno integrar una mesa con magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), jueces y del Inacif para abordar el tema y encontrar una solución legal al problema.

Homenaje póstumo
Margarito Sucuc, “don Margarito”, el guardia de seguridad que murió en el ataque del 16 de agosto, fue honrado por personal del Hospital Roosevelt el pasado 5 de septiembre. Don Margarito trabajó para el hospital durante 14 años. Tenía 50 años.

¿Vigilancia?
> Si algo preocupa a la Junta Directiva del Cuerpo Médico Activo del Hospital Roosevelt es la vulnerabilidad de las instalaciones donde funciona el centro asistencial. Hoy, existe una reja que impide el paso de particulares a la entrada principal del hospital, a la Emergencia, Pediatría y Maternidad. Quienes caminan a pie tienen que justificar cualquier atención médica con heridas visibles o complicados cuadros clínicos. El camino peatonal localizado en medio de una arboleda frente al hospital había sido cerrado y ahora fue habilitado para el ingreso de visitas y pacientes. Dos personas sin capacitación en temas de seguridad son los encargados de dar el visto bueno a la persona que caminará por el sendero.

No cuentan con detectores de metal, gafetes para identificar a las personas o acompañantes que ayuden a revisar bolsas y paquetes que traen consigo las visitas. “Los capturados eran pacientes con carnet por eso llegaron tan lejos”, recuerda un médico entrevistado. Los responsables de las puertas del hospital son personal de la Cocina y la Costurería. “¿Cómo pueden ellos poner a funcionar un Protocolo de Seguridad? Ellos mismos se dicen que son un equipo de Resguardo y Vigilancia”, añade el profesional.

Los médicos solicitaron un mínimo de 15 agentes de la Policía y 30 del Ejército para proteger de manera permanente el perímetro del hospital. Hoy hay dos de cada uno.
La semana pasada, Marco Antonio Barrientos, director del centro asistencial, anunció la compra de equipo para los agentes del hospital, con valor de entre Q75 mil y el fortalecimiento de anillos de seguridad.

22,721
reos estaban internos en los 21 penales que funcionan en el país, al 1 de septiembre de 2017.

6,809
espacios tienen las cárceles guatemaltecas para atender reclusos.