Domingo 20 DE Enero DE 2019
Domingo

Otra dimensión de la legítima defensa ciudadana

Fecha de publicación: 27-08-17
Ilustración Jorge Antonio de León > El periódico Por: Edgar Stuardo Ralón Orellana* Sociedad de Plumas
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Más de 30 años han pasado desde aquel 31 de mayo de 1985 cuando, invocando el nombre de Dios, los representantes del pueblo guatemalteco –electos libre y democráticamente y reunidos en Asamblea Nacional Constituyente– promulgaron nuestra Constitución Política de la República, decididos a impulsar la plena vigencia de los Derechos Humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al Derecho.

Hoy la mayoría de guatemaltecos, trabajadores, honrados, honestos, nos encontramos en un estado de indefensión y de supervivencia. El fracaso puede medirse en muertes, hambre, pobreza, extorsiones, invasiones, bloqueos, saqueos privados y del erario público por mencionar algunos de tantos problemas.

Es momento de reclamar lo que nos corresponde, de exigir que se respete nuestra Constitución y de denunciar a todo aquel que retuerza su interpretación, contradiciendo su texto con buenas o malas intenciones. Llegó el momento de alzar la voz; no para hacer un llamado a la ruptura del orden constitucional, ni para debilitar aún más las casi inexistente institucionalidad, sino para que todos –gobernantes, gobernados y cualquier persona extranjera que está dentro de nuestra República– la respeten.

La legítima defensa que como ciudadanos nos corresponde debe empezar a proyectarse en otra dimensión. No de odio ni violencia, sino una dimensión poderosa, como una potente luz, que empiece por expresar y denunciar, con absoluta libertad, todos aquellos abusos de autoridad y omisiones. Que abarque a todos aquellos funcionarios que intenten extralimitarse en el ejercicio del poder, y que selectivamente exijan a unos el cumplimiento de la ley, pero que sean ciegos para con otros que actúan aún con impunidad. Esa luz debe atravesar el lodo de la corrupción y el intento de tomar el poder haciéndole trampa a nuestra Constitución, sea por razones delictivas, ideológicas o mercantilistas.

Ninguna cooptación del poder político es buena. Ciertamente no la que se ha dado a través de actividades ilícitas, negocios oscuros y mercantilistas. Pero tampoco aquella que, aún con buenas intenciones, se pretendiera para imponer una ideología, o un modelo en donde alguno de los tres poderes del Estado anule o capture a los otros. Su independencia es condición necesaria para el buen funcionamiento de un sistema Republicano, Democrático y Representativo. La República está protegida con uno de los artículos pétreos de nuestra Constitución: el que garantiza que los tres poderes del Estado deben funcionar sin que uno de ellos esté subordinado al otro y así dar el balance necesario para que gobernantes y gobernados actúen siempre bajo el imperio de la ley.

Llegó el momento también de exigir con dignidad y argumentos sólidos que Guatemala deje de ser un experimento, en el que renunciamos a que nuestra institucionalidad funcione. Digamos un rotundo No –fundamentado con pruebas, datos, cifras e investigación de experiencias fallidas en otros lugares del mundo– a todos aquellos remiendos y creaciones de supuestas nuevas direcciones, secretarías, fideicomisos o cualquier otro atajo, simplemente porque la institucionalidad que la ley señala no se está cumpliendo. Guatemala debe de volar más alto que el cóndor y el águila real, pero eso solo será posible cuando los ciudadanos guatemaltecos seamos, efectivamente, ese paladión que protege sin tregua nuestro suelo.

 

*Abogado Constitucionalista

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