Lunes 23 DE Octubre DE 2017
Domingo

El ánimo patrimonial alimenta la corrupción nacional

Edelberto Torres-Rivas

Fecha de publicación: 13-08-17
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En distintos momentos de los últimos años el Estado ha sido señalado de ser estructuralmente corrupto y criminal. Como nuestro interés es el Estado democrático, no es suficiente una estructura bien ajustada, apta para funcionar; son necesarios ciertos atributos monopólicos que lo convierten en un centro de autoridad y que pueda ejercer los controles sobre la violencia física, de la fiscal y de la violencia simbólica. En la historia de su desarrollo, el marco normativo tiene un espacio de lucha con tendencias que lo exacerban. El Estado se convierte en un Estado patronal dirigido por un hombre patrimonial.

Lo patrimonial es un calificativo cargado de sentido peyorativo que la ciencia política utiliza de variadas maneras y que generalmente se aplicó a los Estados tradicionales, de fuerte base agraria y que apenas se encuentran en fases iniciales de la modernización. Los gobiernos en Guatemala mantienen aún fuertes rasgos patrimoniales. Esa simbiosis del poder del Estado y de su ámbito autoritario con lo familiar-privado le da en el inicio de su formación una poderosa fuerza arbitraria, sin control. Este es el llamado Estado Liberal que niega con sus actos su calificación. Lo patrimonial lo califica todo; la penetración de los intereses y los atributos públicos en el seno de la sociedad guatemalteca, confunde funciones de uno y otro sistema, entre la esfera pública que define al Estado y el mundo de lo privado, que es la sociedad.

Se reconoce por una economía de baja productividad junto con sectores modernos marginales, y una administración público legal patriarcal. Un ejemplo de circo es esa sociedad finquera frecuentemente citada, Cabrera o Ubico, presidentes del país haciendo de jueces, masas esperando justicia popular. Encontramos en lo patrimonial una simbiosis que en su momento terminal es una mezcla del personalismo, clientelismo, patronazgo y corrupción. La sociedad guatemalteca se viene modernizando, pero los militares, el miedo y la posesión de armas ofensivas todavía se mantienen. Pertenecen a las estructuras íntimas del Estado, son violentos desde adentro hacia afuera.

El patrimonialismo es casi sinónimo de corrupción. Las largas tenazas de la fuerza que se reclama con la corrupción, es el derecho al dinero que produce lo patrimonial. Es como los rieles del ferrocarril que marchan paralelos con un ritmo histórico; la concentración de mecanismos de regulación e instituciones en manos privadas y en paralelo los recursos públicos, los bienes materiales que son del Estado. Lo patrimonial debió desaparecer después de 1944, para darle paso a la modernidad y con ello debilitar las fuentes del poder privado y las fuerzas de la riqueza pública. El cambio esperado es al revés. Los difíciles pasos del progreso y la modernidad no han podido apoyarse en instituciones y recursos humanos recientes, nuevos. Y continúan el personalismo, el clientelismo, el patronazgo y la corrupción.

Es necesario hablar de las dificultades del Estado democrático, que no puede ser ni patrimonial ni violento. ¿Puede coexistir el Estado democrático con una sociedad corrupta? En principio, no. Llamamos sociedad corrupta aquella comunidad pública cruzada por el crimen, que es estructuralmente así porque los intereses privados corruptos han penetrado al Estado en sus instituciones más débiles. O como lo afirma el comisionado Velásquez de la CICIG: lo que hemos visto es que el país ha sido capturado por redes ilícitas desde hace décadas.

Se han producido varias circunstancias favorables al crimen y sobre todo a la impunidad. 1) Han aumentado las oportunidades para que crezca el pequeño delincuente con la distribución, producción y venta de las drogas a bajo precio. La red en su sentido de configuración jerárquica, clandestina y cota multiagencial, encontró en la expansión del narconegocio una extraordinaria oportunidad para la corrupción. 2) Ha aumentado el número de empresarios corrompidos que sacan recursos del Estado y del mercado en la compraventa de bienes móviles, médicos, alimenticios, servicios de infraestructura, contrabando, etcétera. 3) El negocio supone en todos los casos engañar al Estado: son tantos los delincuentes, ubicados en todos los niveles de las redes, que el control es casi imposible y la corrupción sigue apoyada en la impunidad. 4) La implantación de la democracia ha creado un ambiente permisivo, que busca ser legal, que combate la corrupción.

Nada nuevo se ha dicho, solo recordar las estructuras del mal: el espíritu patrimonial que todavía prima en la cultura personalista, corrupta, clientelista.