Jueves 21 DE Noviembre DE 2019
Domingo

Racismo, un enemigo difícil de combatir

Fecha de publicación: 30-07-17
fotografías de Félix Acajabón > El periódico
Por: Pavel Gerardo Vega pvega@elperiodico.com.gt

La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo cumplirá 15 años el próximo octubre, pero su historia ha dejado más insatisfacciones que logros. Es una entidad precaria con fondos insuficientes para atender a su grupo objetivo que representa el 41 por ciento de la población guatemalteca.

Es poco común que en algunos sitios como centros comerciales, clubs, restaurantes de lujo, discotecas, bares o supermercados; se encuentren personas de ascendencia indígena. Es una estampa recurrente de Guatemala, un cuadro que invisibiliza al 41 por ciento de la población y que aún ilustra la supremacía de un grupo minoritario de tez blanca que domina las estructuras ideológicas del país, y que impregna su pensamiento en una clase media mestiza que sin pertenecer al grupo de la elite menoscaba la moral de quien se identifica como descendiente de la cultura maya, garífuna o xinca.

Es así como esta supremacía de clase y etnia ha provocado fuertes debates sobre el tema que han escalado en redes sociales y en las tertulias cotidianas. El primer caso de los últimos meses se derivó de una imagen caricaturesca del dibujante mexicano Juan Alarcón que publicó en el diario El Heraldo una sátira de la visita del presidente de aquel país, Enrique Peña Nieto, y su cercanía con el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien fue capturado en Guatemala.

En la caricatura, la primera dama mexicana, Angélica Rivera, recibe a su esposo que lleva a Duarte a la residencia presidencial vestido con un traje indígena guatemalteco con sentido de disfraz para asemejar a Rigoberta Menchú, la guatemalteca premio Nobel de la Paz. En los textos, Rivera exclama: “Aun no entiendo por qué tuvimos que ir tan lejos por una señora que nos va a hacer la limpieza”, en alusión a que las mujeres indígenas de Guatemala se reducen al sinónimo de trabajadoras domésticas. Un mensaje calificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores como racista, por lo que solicitó disculpas del diario.

El segundo caso mediático sucedió hace algunas semanas cuando una revista de moda publicó en su portada de julio la fotografía de una empresaria de tez blanca y pelo rubio rodeada de mujeres mayas que trabajan los textiles de su marca. La reacción de usuarios en las redes sociales en rechazo a la publicación concluyó en la modificación de la imagen, en la nueva portada se muestra a la empresaria sola.

Pero, el hecho que desató la polémica con más fuerza fue la disculpa pública solicitada por la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra) a la empresaria Andrea Flores por haber nombrado “María Chula” a su tienda de ropa hecha con textiles tradicionales. La Comisión consideró que el título contenía un sentido racista por relacionar el nombre “María” y el término “chula” con un producto de origen indígena. Esto porque en un contexto determinado ese nombre y ese término es utilizado para tratar a las mujeres indígenas mayas con un sentido de inferioridad, desprecio y generalización.

La pequeña combatiente

Miriam Domínguez, dirige la Codisra desde hace ocho meses. Una entidad que desde octubre de 2002 tiene como mandato combatir el racismo con presupuestos ínfimos y con un personal mínimo. El año pasado, la pequeña Comisión que lucha sola contra la discriminación de los pueblos indígenas manejó Q8.5 millones que en su mayoría está destinado a salarios y funcionamiento. Este año, el Ejecutivo le otorgó Q10.5 millones, monto que a consideración de Domínguez es insuficiente para atender las quejas de la población vulnerada en sus derechos como pertenecientes a las 24 comunidades indígenas del país.

Este año, la entidad solicitó Q14 millones, pero le ofrecieron Q12.5 millones. Aunque, para la Comisionada tampoco lo solicitado es suficiente, pues no se puede ampliar la cobertura. Entre Q20 millones y Q25 millones sería la cifra para elevar un tanto la calidad de la gestión, según explicó Domínguez.

Codisra es una pequeña entidad que solo tiene representación en seis departamentos: Guatemala, Izabal, Quetzaltenango, Santa Rosa, Alta Verapaz y Huehuetenango, aunque estas no sean las regiones con más población indígena es un intento por abarcar los tres pueblos discriminados.

De acuerdo con los datos de la entidad, este año se han planteado 24 denuncias en el Ministerio Público (MP) de un total de 26 casos. Los restantes dos se encuentran en el proceso para determinar los pasos legales a seguir, podría solicitarse una conciliación o continuar con el procedimiento judicial, explica Domínguez. De estos 26 casos, 18 fueron denunciados en la Comisión por discriminación por motivo de etnia, mientras que tres fueron por género y dos por discapacidad.

Sin embargo, este tipo de denuncias multiplica su dificultad cuando el sistema judicial no comprende a la víctima. “Nadie va a entender el trato humillante y denigrante que sufre la víctima. Tampoco las repercusiones que podría haber. Estamos hablando de que a la víctima se le menosprecia por lo que es. Hasta que alguien sufra ese rechazo entenderá la problemática”, expresó la Comisionada.

Guatemala racista

“El racismo es una relación social que se fundamenta en la diferenciación social del otro a partir de rasgos fenotípicos y culturales para despojarlo de sus bienes. Se inferioriza al otro para justificar una relación de dominación, que posteriormente se convierte en un mecanismo para que esa dominación se mantenga y establezca de forma permanente”, explica la antropóloga Lucía Pellecer.

Una diferenciación que existe en Guatemala y que se profundiza sin políticas públicas que fomenten lo contrario. Tanto Pellecer como otros dos investigadores sociales determinan que el Estado de Guatemala es una estructura política, económica y culturalmente racista.

La politóloga Gabriela Carrera apunta que no se ha reconocido históricamente la diversidad desde la misma dignidad de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes. “Hubo un momento en el que el proyecto nacional tenía que ver con la formación de una identidad guatemalteca que marginaba a los pueblos indígenas, porque se describía como subdesarrollo. Otra etapa en donde se considera que los indígenas debían imitar las características del ladino, y luego vienen los genocidios y las políticas de tierra arrasada, en donde ese sentimiento de superioridad generó una violencia extrema a niveles en los que se justificaba la erradicación de pueblos completos. Y luego, a partir de la Firma de la Paz, nos hemos dado cuenta de que el racismo ha sido más sutil”, detalla.

“El Estado se organiza para dividir controlar y enfrentar la diversidad étnica. Solo el hecho de tener un solo idioma oficial en un país multilingüe es un signo claro de racismo y discriminación”, considera el sociólogo Luis Mack.

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), el 59.3 por ciento de la población vive en pobreza, pero se incrementa si el estudio se especifica para los pueblos indígenas con un 79.2 por ciento. De acuerdo con el Atlas de la Inversión Pública en Pueblos Indígenas del Instituto Centroamericanos de Estudios Fiscales (Icefi), “en términos per cápita, los pueblos indígenas tienen una considerable desventaja: por cada ladino o mestizo, el Estado guatemalteco invierte Q6.87 diarios, mientras que por cada indígena, el monto es de Q3.09”.

El mismo estudio resalta la brecha en temas educativos también, pues es mucho más difícil para los pueblos indígenas acceder a las escuelas y superar grados de escolaridad que para los mestizos o ladinos. Así, mientras los ladinos o mestizos obtienen 6.6 años de escolaridad en promedio, los indígenas obtienen cuatro.

En relación con el acceso a los servicios de salud, el Icefi muestra que el Estado invierte Q0.64 diarios per cápita para garantizar la salud de los pueblos indígenas, aunque para los pueblos no indígenas invierte Q2.50 diarios per cápita.

Política incluyente

Para los expertos, es necesaria la intervención del Estado como agente de modificación de cultura. La educación, como recurso toral, explica Carrera. “Es importante una política de Estado sensible, responsable y consciente de la diversidad. Hay una deuda de reconocimiento a la historia del país, el respeto a otras formas de entender la vida y sobre todo lo que eso significa frente a sectores que no lo hacen. La sanción es esencial en la mira de construir una sociedad distinta, una sanción que busque un consenso de comprensión y el reconocimiento mutuo”, destaca.

Desde el punto de vista individual, Pellecer destaca que es fundamental “que como guatemaltecos aprendamos a reconocernos como mayas, los ladinos también compartimos una mayanidad que ha sido negada y de la que habitualmente se siente vergüenza. Reconocemos lo maya solo para hablar de sus hermosos textiles, pero no logramos ver lo maya en nosotros mismos. Esto es elemental no solo para eliminar el racismo, sino para mejorar nuestra convivencia social”.


“Se necesita un Estado fuerte, consciente y respetuoso, ya no solo tolerante a las diferencias”.
Gabriela Carrera, politóloga y docente de la Universidad Rafael Landívar.