Jueves 25 DE Abril DE 2019
Domingo

Innovación constitucional

Fecha de publicación: 11-06-17
Ilustración Jorge Antonio de León > El periódico Por: Laura Castañeda Sociedad de Plumas

La responsabilidad de las sentencias como “fuente” de Derecho.

Con beneplácito recibió el país la correcta decisión de la Corte de Constitucionalidad de levantar la prohibición de operar de la hidroeléctrica Oxec. En medio de la euforia por este hecho se colaron en la resolución varios temas que deben ser objeto de estudio por parte de abogados y reflexión para todos los guatemaltecos.

La máxima Corte del país, en uso de su investidura y bajo la justificación de la plenitud hermética del derecho, que es la obligación que tienen todos los tribunales de resolver los conflictos que ante ellos son planteados, “innova” y resuelve por medio de lo que denomina una “sentencia atípica con matices nomogenéticos” o “macrosentencia”.

¿Qué implica esto? Dicen los magistrados que, debido a que existe deficiencia de la ley procesal constitucional, violación estructural del sistema y en beneficio de la evolución y protección de los Derechos Humanos, al resolver vinculan y ordenan a diferentes actores que no figuran como autoridades reprochadas en el amparo  y producen directrices normativas  que “infieren” o derivan del propio texto constitucional.

Esta acción de ordenar a varias instancias del Estado y legislar desde una sentencia la fundamentan con doctrina chilena, colombiana y mexicana entre otras, y mencionan que fue objeto de una ponencia presentada en el “XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Trayectoria y porvenir del constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a la Constitución de Querétaro”, apenas celebrado el pasado febrero de este año.

Los magistrados advierten que esta sentencia es una norma dictada con mesura, lógica, habilidad e intrínsecamente justa. Llámenle como le quieran llamar, lo cierto es que al leerla se advierte que vulneraron varias leyes y principios jurídicos que vale la pena revisar.

1.

“Ultra petita”. La Corte resuelve más allá de lo solicitado.  La naturaleza del amparo era denunciar la omisión de llevar a cabo consulta previa a los q’eqchi’s,  a lo que la Corte le adiciona lo que a su parecer también se violenta que es el derecho al medioambiente sano.

2.

Vulnera y modifica el proceso del amparo. En cuanto al criterio de temporalidad que son los 30 días después del acto reclamado para interponerlo, la Corte dice que este caso es una excepción a este principio debido a que hay una omisión por parte del Estado de cumplir con la consulta previa, lo que causa un agravio continuado. Este acomodamiento que la Corte hace para aceptar el amparo extemporáneo confirma el error cuando dictamina sobre la definitividad. Sobre esta última en cuanto a la violación al derecho de consulta y participación de quien presenta el amparo –que por cierto está prófugo de la justicia– dice que este personaje no pudo tener participación en los procedimientos administrativos en los que se emitieron los acuerdos ministeriales aludidos.

Hay contraposición al resolver estos dos criterios, pues el acto reclamado en este caso son las autorizaciones de uso de bienes de dominio público que fueron expedidas por medio de Acuerdos Ministeriales en los años 2013 y 2015, no la omisión normativa.

Por  último, el proceso de amparo que se resuelve según el Artículo 42 de la Ley de Amparo con una sentencia final, en este caso queda abierto 12 meses. Se establece, sin fundamento en ley, una obligación para el tribunal que conoció en primera instancia el amparo la cual es, que después de este tiempo establecido debe celebrar una audiencia con las partes, y con base en el informe final presentado por la autoridad impugnada debe resolver si se cumplió lo ordenado o no en esta sentencia. La Corte entonces modifica la ley de Amparo y crea funciones de ejecución a este tribunal inferior. Qué decir de la falta de certeza jurídica para las partes al quedar sujetos a esta situación.

3.

Emite normativa: Hasta antes de esta sentencia la potestad legislativa era un atributo reservado solo al Congreso, y la reglamentaria reservado al Organismo Ejecutivo. Sin embargo, esta Corte estableció un procedimiento para llevar a cabo la consulta previa, el cual ordena que se implemente por el Estado para todo asunto futuro que surja relacionado con el derecho de consulta, mientras no haya ley.

4.

Anula el sistema de frenos y contrapesos. En la tumba se deben estar revolviendo John Locke y el barón Montesquieu, pues de un plumazo esta sentencia violentó la teoría de los tres poderes del Estado cuyo objetivo es la independencia de poderes que asegure al ciudadano la contención y extralimitación del poder. La Corte “compele” –ordena– al Legislativo a que desarrolle una ley que sea prácticamente igual a lo que establece esta sentencia. Cruzaron los magistrados una frontera que la Constitución no permite cruzar.

Por todo lo anteriormente citado, esta sentencia merece especial atención del gremio de abogados para su estudio y crítica.  Merece de la academia un análisis riguroso y pronunciamientos responsables de todos para contener la producción de “macrosentencias” de este calibre. Es nuestra obligación regresar la magistratura a la ley y la cordura por el bien de los derechos de los ciudadanos y del país.

Ante la responsabilidad de los magistrados derivado de esta sentencia,  más allá del legado por el cual van a ser recordados históricamente, está lo que la propia Constitución establece en cuanto al ejercicio del poder público.

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