Lunes 24 DE Septiembre DE 2018
Domingo

El colapso de Venezuela

Fecha de publicación: 07-05-17
Ilustración Jorge Antonio de León > El periódico Por: Francisco Villagrán de León*
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Mientras la situación de Venezuela se deteriora cada día más, el presidente Nicolás Maduro cierra la puerta a cualquier posibilidad de encontrar una solución a la peor crisis política, social y económica que ha vivido ese país en muchas décadas, si no en su historia. Ahora ha anunciado la convocatoria a una Constituyente bajo condiciones que serían inadmisibles en cualquier país civilizado, restringiendo de manera arbitraria y selectiva el derecho al voto de millones de venezolanos.

Es claro que en las actuales circunstancias la única salida a esta crisis es a través de elecciones libres, limpias y transparentes. No hay otra. La mediación de tres expresidentes y de la Santa Sede han fracasado por la intransigencia del gobierno. Elegir una Constituyente en las condiciones que propone Maduro no es más que un artificio para dar la impresión que se estaría buscando el restablecimiento del orden constitucional, que él mismo ha resquebrajado. La alteración del sistema democrático se ha dado paulatinamente, a través de diferentes acciones del Ejecutivo o de instituciones controladas por el mismo, y es más que evidente: se han restringido las libertades civiles y políticas y se ha desatado la represión del gobierno dejando hasta ahora docenas de muertos y cientos de heridos; se ha invalidado la separación de poderes, no hay un poder Judicial independiente y el Congreso electo libremente y con una amplia mayoría de diputados de oposición ha sido despojado de sus facultades fundamentales. Esa elección legislativa fue por cierto una derrota política para el régimen de Maduro, y lejos de aceptarla como ocurriría en cualquier país democrático, lo que él ha hecho es concentrar los poderes del Estado en uno, el que él dirige.

Un régimen así solo se puede calificar como una dictadura. Además de la represión violenta en la que se están dando violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, Venezuela vive hoy la peor crisis humanitaria de su historia, con una población que no tiene acceso a servicios básicos. A todo eso se agrega el hecho de que la producción de petróleo ha bajado en un millón de barriles diarios desde 2006 como resultado de la incompetencia y de la corrupción. Un equipo de ingenieros petroleros con experiencia de muchos años y de economistas especializados en todo el proceso de comercialización de petróleo y sus derivados, fue cambiado por personas afines al régimen sin ningún conocimiento sobre la materia. No es solo la caída de los precios del petróleo lo que ha afectado a Venezuela, también es la incapacidad y la corrupción en ese y en otros sectores de la economía. No hay sanciones ni otras formas de presión económica desde afuera, es simplemente una gestión que ha fracasado y está llevando el país a la ruina.

Frente a ese colapso de Venezuela, los países del continente acordaron hace una semana en la OEA, por votación nominal, convocar a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, la instancia superior de acuerdo con la Carta de esa organización que se reúne para considerar las crisis más graves en el continente. Ahí debería darse una decisión colectiva de llamar a elecciones generales como la única salida, y no aceptar las elecciones de una Asamblea Constituyente que propone Maduro, que no son más que un distractor. La única mediación o gestión de buenos oficios aceptable a estas alturas sería la de un grupo de países imparciales, que ayude a alcanzar un acuerdo para fijar los términos de unas elecciones con garantías y observación internacional. El intento de mediación de los expresidentes de Panamá, República Dominicana y España fracasó y nunca pudo reunir al gobierno y la oposición porque no se consideraba como una gestión neutral y daba la impresión que le interesaba más generar un espacio de legitimidad internacional para el régimen de Maduro. Después de eso la mediación de la Santa Sede tampoco ha dado resultados porque el gobierno no ha participado de buena fe y se ha negado a discutir la opción de unas elecciones generales libres, en un clima que garantice el sufragio sin restricciones, sin intimidaciones y sin represión gubernamental.
El gobierno de Venezuela ha tratado de descalificar a la OEA y ha propuesto que su caso sea evaluado en la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe) un foro al que no pertenecen Canadá y Estados Unidos. El problema es que la CELAC, como otras iniciativas coyunturales que se han visto en América Latina en el pasado, se está desintegrando y ya no tiene poder de convocatoria. En todo caso es improbable que a ese foro asistan muchos países a nivel ministerial para discutir la situación de Venezuela (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Costa Rica se han alejado de ese grupo, lo mismo deben hacer Guatemala, El Salvador y Honduras).

La OEA, por otra parte, continúa siendo el organismo regional con un mandato legítimo para tomar medidas en los casos de alteración del orden constitucional en un país miembro, y lo ha hecho a partir de 1990 en apoyo a las transiciones democráticas en la región. Si bien es cierto que en el pasado, sobre todo durante la Guerra Fría, la OEA jugó un papel diferente y cuestionable, en la actualidad tiene una responsabilidad para tomar acciones en la defensa y preservación de la democracia. Hay que recordar su rol clave en Perú durante el autogolpe de Fujimori y pocos años después en las elecciones que se negó a convalidar el entonces excanciller Eduardo Stein cuando estuvo a cargo de la observación electoral de la OEA (elecciones que tuvieron que repetirse). En Guatemala durante el autogolpe de Serrano el secretario general Baena Soares acompañó a la Instancia Nacional de Consenso y advirtió que nuestro país sería suspendido como país miembro de la OEA si no se restablecía el orden constitucional. En años más recientes Honduras y Paraguay han sido sometidos a los procedimientos de Carta Democrática Interamericana. Esa Carta fue firmada en el 2001 por todos los países del hemisferio, incluyendo Venezuela. Las acciones del secretario general Almagro tienen ese fundamento legal.

Maduro dice que Estados Unidos está preparando una intervención militar, una acusación que no tiene sustento ni credibilidad. No hay ningún indicio, ninguna señal que eso pueda ocurrir. Maduro busca un enemigo externo, pero nadie que vea con seriedad el entorno internacional en este momento piensa que ese sea un escenario real. No hay que dejarse engañar con esas acusaciones falsas. La verdad es que a Trump no le importa Venezuela y solo está poniéndole atención a otros problemas, entre ellos Corea del Norte, Siria, Irán y el movimiento islamista radical ISIS. Por eso es que ahora corresponde a los países latinoamericanos tomar las acciones que contribuyan a resolver una crisis de tal magnitud en un país de la región. Eso es además lo que piden los venezolanos.

*Exembajador en Estados Unidos, Alemania, Canadá, Noruega, la ONU (Nueva York y Ginebra) y la OEA. Es profesor e investigador visitante en la Universidad George Washington.

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